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Por Prensa Rural
Organizaciones de indígenas, campesinos y afrodescendientes colombianos que integran la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular denunciaron este martes ser víctimas de una persecución "sistemática" por defender sus derechos humanos, una actividad por la que han recibido hasta 110 "acciones bélicas" desde enero.
Así lo aseguró este colectivo en la presentación en Bogotá de un informe que recopila amenazas, ataques, hostigamientos e incluso asesinatos contra varios de sus miembros.
"En estos 70 primeros días del año hemos registrado 110 acciones bélicas, 16 amenazas colectivas más cuatro que hemos recibido hoy, todas están documentadas y denunciadas ante la Fiscalía", afirmó el Consejero Mayor de la Organización Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, que denunció inacción por parte de las autoridades judiciales.
Arias abrió así una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por al menos cinco portavoces de diferentes colectivos de afrodescendientes, campesinos e incluso víctimas de Estado que formaron la Cumbre Agraria en diciembre de 2013, cuando decidieron unirse para reclamar con mayor fuerza sus derechos.
Otros datos que resalta el informe son 671 personas desplazadas, 1.500 confinadas, 15 asesinatos selectivos, 35 amenazas individuales, dos atentados individuales, dos ataques de carácter colectivo, 20 detenciones arbitrarias, una ejecución extrajudicial y un allanamiento ilegal.
Se trata de ataques que atribuyen a paramilitares pero también a agentes del Estado, causantes de unos atropellos que "día a día se vienen profundizando mucho más", afirmó Arias.
"Hay toda una estrategia de terrorismo que se viene produciendo contra quienes nos oponemos a ciertas acciones del Gobierno y el Estado colombiano", sostuvo el Consejero Mayor, el primero en exigir una respuesta contundente del presidente Juan Manuel Santos.
"Exigimos del Gobierno un pronunciamiento claro frente a toda esta estrategia de reparamilitarización", afirmó.
A su voz se unió la de Aída Avella, portavoz del partido político de izquierdas Unión Patriótica, casi extinguido en los años 80 y 90 por los miles de asesinatos que sufrieron sus miembros a manos de los paramilitares.
"Nos parece que hay un plan, completamente sistematizado, y muy grande, que viene de parte de la institución. Nos sentimos como en los años 80 y 90. Todos los días amenazas, pero también crímenes, y esto nos preocupa muchísimo", declaró.
El pasado 3 de octubre, en la instalación de la Mesa de la Cumbre, el Gobierno se comprometió con este conglomerado de organizaciones a mantener reuniones periódicas para avanzar en las reclamaciones de los derechos universales de estas comunidades: el acceso a la tierra y el respeto a sus derechos humanos.
Sin embargo, según expuso el portavoz de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), César Jerez, el Ejecutivo "viene incumpliendo de manera sistemática" e incluso "planificada" con estas promesas.
En este sentido, el colectivo acusó que el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, abandonó una reunión de la mesa de derechos humanos de la Cumbre, algo que impidió avanzar con los trabajos.
"Que el Gobierno le cumpla a la Cumbre Agraria, porque de lo contrario nos vamos a tener que ver de nuevo en las carreteras del país", advirtió Jerez, en alusión a la huelga agraria con la que los campesinos colombianos pusieron en aprietos al Ejecutivo de Santos en agosto y septiembre de 2013.
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