Fuerza Pública intimida a campesinos de la región del río Blanco (Santander)

Comunicado

Tomado de ANNCOL

Por Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica Santander

Desde hace ya algún tiempo, se adjudicaron unas concesiones mineras para la explotación de carbón en la región de Río Blanco, sin tener en cuenta los impactos ambientales, sociales y económicos sobre las casi 800 familias allí asentadas que viven de la agricultura y la pequeña ganadería.

La Comisión de Derechos Humanos de Santander del movimiento político y social Marcha Patriótica comunica y denuncia ante a la comunidad nacional e internacional la grave situación de violación de los derechos humanos que se viene presentando en la región del río Blanco entre los municipios de Cimitarra, Vélez y Landázuri (Santander).

Antecedentes

Desde hace ya algún tiempo, se adjudicaron unas concesiones mineras para la explotación de carbón en la región de Río Blanco, sin tener en cuenta los impactos ambientales, sociales y económicos sobre las casi 800 familias allí asentadas que viven de la agricultura y la pequeña ganadería.

Las comunidades de la región han convivido en comunión con la naturaleza desde muchas generaciones atrás, siendo su vocación agropecuaria y conservando y protegiendo los recursos naturales, principalmente el agua.

El 21 de julio de 2014, cerca de 20 personas de la región de Río Blanco, que está siendo afectada por la explotación minera, llegaron al puente sobre el río Blanco para dar inicio con la jornada de protesta contra la explotación minera, convocada por la comunidad.

Hacia las 00.00 del día 22 de julio, se da inicio a la jornada de protesta contra la explotación minera, jornada que se denominó Paro Popular indefinido y en donde participaron cerca de 150 personas de las veredas Río Blanco Alto, Río Blanco Bajo, El Mirador, Loma Seca, Cano Bonito, Quebrada Larga, Sector Tienda Nueva, Puerto Rico, comunidades de la rivera del río Opón, del bajo Simacota, y sectores y veredas de influencia de los municipios de Vélez, Landázuri, Simacota y Puerto Parra.

Hechos

1. El día 23 de julio se fue el agua en todo el sector, por lo cual la comunidad hizo presencia en la zona donde se encuentra la bocatoma del acueducto, percatándose que personas ajenas a la región cortaron con machete las mangueras que transportaban el preciado líquido al caserío, tratando de perjudicar a los pobladores y de sabotear la legitima jornada de protesta.

2. El 25 de julio, muy temprano en la mañana, un miembro del Ejército se acercó a los manifestantes a ordenarles que todos los presidentes de juntas de acción comunal allí representadas debían presentarse para una reunión con la compañía minera y que era de obligatorio cumplimiento. Frente a este acto de abuso de autoridad, los pobladores manifestaron que los presidentes de JAC muchos de ellos no se encontraban, a lo cual respondió el militar “eso a mí no me importa”. Así mismo, el miembro del Ejercito les volvió a manifestar a las comunidades que lo que hacían era ilegal.

3. El día 22 de diciembre de 2014, cerca de 200 uniformados de la Policía al mando del comandante operativo Néstor Martínez y apoyados por 18 patrullas llegaron a desalojar a la comunidad que desde hace cerca de seis meses oponía resistencia a la explotación minera en la región de Río Blanco, golpeando y sacando a la comunidad a golpes y con gases lacrimógenos. Además de prender fuego a todas las pertenencias de los manifestantes, hirieron a los señores Alfonso Villamil y Secundino Mendoza.

4. Esta acción ilegítima e ilegal de desalojo fue avalada por el señor José Luis Ortiz, funcionario de la Defensoría del Pueblo, quien no evitó estos atropellos a la comunidad.

5. El día 3 de enero de 2015, miembros del Ejército Nacional, al mando del cabo García y adscritos al batallón Rafael Reyes con sede en Cimitarra (Santander), llegaron hasta el sector conocido como Quebrada Larga, en la región de Río Blanco, para presionar e intimidar a los habitantes de la región con un listado de trece miembros de la comunidad a los que supuestamente les iban a dictar orden de captura.

Dicho listado fue entregado al Ejército por un habitante de la región, de nombre Luis Cañas. Las personas que están siendo perseguidas, intimidadas y amenazadas son: Hilder Guisa, Freider Camelo, José Pasión Ariza, Joaquín Ávila, Elías Amado, José Zambrano, Carlos Gómez, Emilio Almanzar, Constantino Ariza, Edinson Marín, Eder Hernández, Querubín Jiménez y Luis Alberto González.

6. Después de los hechos acaecidos en la región de Río Blanco, los pobladores de la región han sido intimidados por la Policía cuando se han dirigido al casco urbano de Cimitarra. Este es el caso de los señores Joselín Plazas, William Cárdenas y Camilo Vargas, quienes en sus viajes al casco urbano de Cimitarra han sido abordados por miembros de la Policía que los han retenido, requisado y solicitado antecedentes, causando intimidación, amedrentamiento y abuso de autoridad en diversas ocasiones señalándolos de bandidos y delincuentes.

Exigimos

Exigimos que el Estado garantice el derecho de los colombianos a agruparse en partidos y movimientos políticos y al respeto y garantías a la oposición política en Colombia y no reproduzca el esquema de eliminación política y física de los procesos del pueblo colombiano que trabajan decididamente en la búsqueda de la paz.

1. Al Gobierno local y nacional llevar a cabo las medidas pertinentes que brinden garantías y efectividad de los derechos humanos, el derecho a la vida, la integridad personal y psicológica, al trabajo, la organización, la libre movilidad, la honra, reputación de los procesos que hacen presencia en la región y que se encuentran articulados a este proceso nacional.

2. A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y a las autoridades pertinentes se investiguen los hechos aquí denunciados y se proceda al desarrollo de las acciones disciplinarias correspondientes a quienes se vieron implicados en las irregularidades aquí mencionadas.

3. A la Fiscalía General de la Nación, sean investigados los actores responsables de los hechos aquí denunciados.

4. Exigimos una vez más al Gobierno Nacional se brinden las garantías para que todas las organizaciones y miembros del proceso de la Marcha Patriótica puedan seguir realizando su trabajo, en el marco del cumplimiento del Artículo 107 de la Constitución Política Nacional de Colombia de 1991, en el que “Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. (…)Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. (…) También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos”.

Solicitamos

1. A los organismos internacionales encargados de velar por los derechos humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones inmediatas al Estado colombiano.

2. A la comunidad nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos el acompañamiento y atención a las situaciones de riesgo en las que se encuentran los líderes sociales, políticos, organizaciones populares y las comunidades que trabajan en la construcción del proceso de Marcha Patriótica.

3. A la comunidad nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos se pronuncien frente al hecho a que hace referencia esta denuncia.

Responsabilizamos:

Al Estado colombiano como único responsable de la garantía y protección de los derechos humanos y del desarrollo de las actividades de los movimientos políticos y a la oposición en Colombia.

Al Estado colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón, a las alcaldías de los municipios de Cimitarra, Landázuri y Vélez, los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) por acción u omisión de las fuerzas armadas o entidades del Estado colombiano.

A las autoridades nacionales, departamentales y locales de cualquier ataque producto del fuerte proceso de estigmatización, criminalización y persecución a las actividades de los procesos, organizaciones y la sociedad colombiana en general.

A la Fuerza Pública por cualquier abuso de autoridad, sabotaje a las actividades y agresión en contra de las organizaciones de la región y el movimiento social y político Marcha Patriótica a nivel nacional.