Comunicado
Recientemente escuchamos al Jefe de la Delegación del Gobierno, doctor Humberto De la Calle y al Presidente Juan Manuel Santos, referirse a la necesidad de reconocer la naturaleza del delito político y sus conexidades, afirmando lo más básico acerca de la rebelión, en cuanto a que es un derecho fundamental, un derecho humano, un derecho de los pueblos.
Esta misma semana, en la Cumbre Iberoamericana, en México, nuevamente, el primer mandatario aludió al delito político, pero asociándolo al narcotráfico. Al hacerlo de esa manera, confunde en la mente de los colombianos y de muchos en el mundo la imagen del guerrillero con la del narcotraficante, incurriendo en una distorsión conceptual de fondo, que en vez de concitar apoyo a la causa de la paz, genera confusión.
Esta revoltura que desfigura la lucha altruista, que entraña el legítimo derecho a la rebelión, de alguna manera apunta a señalar a las FARC-EP como un grupo de narcotraficantes.
En este contexto, los razonamientos de los altos funcionarios del Estado, que en apariencia estarían orientados a ampliar los conexos al delito político, como parte de las salidas jurídicas que viabilicen la paz, en el fondo lo que buscan es el desprestigio de una fuerza rebelde que por principio considera nociva la existencia del negocio capitalista del narcotráfico.
Las FARC-EP hemos planteado y asumido siempre, con responsabilidad e interés, el debate público sobre el fenómeno del narcotráfico, como un problema social y global, que requiere del concurso de las naciones del mundo para su solución. De hecho, el acuerdo parcial del cuarto punto de la Agenda de Diálogos así lo consigna, y evidente es que está construido a partir de nuestras propuestas mínimas que el país conoce y que señalan al sector financiero, a través del lavado de activos, como su motor fundamental.
El delito político es otro asunto. La rebelión es delito político, y todo acto, toda conducta que se realice para hacerla efectiva, tiene carácter conexo.
La lucha de medio siglo de las FARC-EP, se ciñe a las conductas de tipo político y militar que configuran la rebelión; ellas han tenido como objetivo supremo avanzar en la construcción de otra Colombia, en libertad y democracia. Y en esto se incluyen los actos de financiación que han tocado distintos sectores, incluidos traficantes de todo tipo de mercancías legales e ilegales, sin involucrarnos en procedimientos de cultivo de marihuana, coca o amapola, ni en actividades de producción o comercialización de drogas de uso ilícito.
Las actividades realizadas por las FARC-EP, todas, se han ejecutado en función de la rebelión, y así ha quedado consignado y superado en lo pactado sobre el punto 4º del Acuerdo General, “Solución al problema de las drogas ilícitas”. De tal manera que las acusaciones que nos liguen al narcotráfico son pérfidas e inútiles en el proceso de la reconciliación.
Nunca hemos admitido ni admitiremos ser narcotraficantes o que los hechos que configuran el complejo fenómeno del narcotráfico se asimilen, en su conjunto, al carácter que tienen el delito político y la rebelión; entre otras consideraciones, porque nunca podríamos aceptar que un negocio, cualquiera sea, destinado al enriquecimiento personal, pueda admitirse como altruista y revolucionario, menos cuando en ellos están articuladas verdaderas organizaciones y redes criminales transnacionales, cuyo nido es el poder financiero mundial. Para el caso de Colombia este poder se ha cristalizado en grupos de la banca, en cúpulas económicas y políticas ligadas al lavado de activos, a la especulación, a la construcción, a la industria, al latifundio, al paramilitarismo, desde los tiempos del Director de la Aeronáutica Civil, de enero de 1980 a agosto de 1982, que concedió cientos de licencias para circulación de aeronaves y pistas de aterrizaje de capos del narcotráfico.
Así como las FARC-EP desarrollan propuestas en la Mesa de Diálogos para recuperar el campo transversal y transparente del delito político y su conexidad, diferenciando por razones éticas, políticas y jurídicas un rebelde de un paramilitar, o de un narcotraficante, también vamos a seguir insistiendo en el cumplimiento de obligaciones como la que se consagró en el Acuerdo sobre drogas ilícitas, referida al tratamiento penal diferencial, para que no se ensañe el Estado contra pequeños agricultores que estén o hayan estado vinculados con cultivos de uso ilícito, cuando grandes narcotraficantes y auspiciadores están libres y acomodados en las mieles del poder. Insistimos por lo tanto en el combate a los verdaderos narcotraficantes, que son los comercializadores y blanqueadores de dinero.
Con el propósito de establecer criterios diáfanos en esta materia, será muy benéfico que el gobierno cumpla con el compromiso del punto 4.3.6 del acuerdo parcial referido a esta temática que expresa que “En el marco de la discusión del punto 5.2 de la Agenda del Acuerdo General se establecerá el mecanismo que deberá, entre otros, abordar el tema del esclarecimiento de la relación entre producción y comercialización de drogas ilícitas y conflicto, incluyendo la relación entre el paramilitarismo y el narcotráfico…”.
No estamos en contra de construir una salida política, jurídica, de diálogo, de consenso social, nacional e internacional frente al tema de las drogas y los circuitos que se alimentan de ese flagelo y que al tiempo lo refuerzan. Pero la vía no es relacionando el derecho universal a la rebelión y la categoría del delito político y su conexidad amplia, con un negocio de beneficio personal lucrativo, que es opuesto a las razones altruistas, a la esencia y al ideario humanista que defienden las FARC-EP.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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