Sigue salpicado

Análisis

Tomado de Pacocol

Por Simón Palacio - Voz

Muy pocas veces en está última década un debate de control político en el Congreso de la República sembró tanta expectativa para el país como el realizado por el senador del Polo Democrático Iván Cepeda al surgimiento del paramilitarismo en Colombia y los nexos de éste con la vida política del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Y no era para menos. Las maniobras jurídicas y políticas de la bancada del Centro Democrático y de algunos miembros de la Unidad Nacional para no permitir la realización del debate auguraban que la cita en la comisión segunda constitucional iba a generar polémica, acusaciones y reflexiones profundas sobre la envilecida clase política tradicional.

La parapolítica resultó un proyecto con revestimientos de Estado comunitario como resultado de la construcción de una sociedad totalitaria y caudillista fundada en crímenes de lesa humanidad, despojo y corruptela de los recursos públicos. Fue la primera definición de la mezcla entre política, narcotráfico, paramilitarismo y odio, dada por el citante senador Cepeda ante la ausencia de Álvaro Uribe, a quien todos los temas de paramilitarismo lo vinculan. Un modelo exitoso para una clase social y política del país que se apropió por décadas de gobiernos locales y se lanzó a la conquista del poder nacional.

Los primeros pasos

Para Cepeda, el prontuario de culpas empieza cuando el exmandatario otorgaba licencias de vuelo para los aviones del cartel siendo director de la Aeronáutica Civil, máxima autoridad colombiana en la materia. Y desde allí se cuestionan situaciones que resultaron relevantes en el país. “De acuerdo con información de la Dijín del 4 de abril de 1984, una de las aeronaves que se encontró en Tranquinlandia, el complejo cocalero de Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, fue el helicóptero Hughes 500, de matrícula colombiana HK 2704 X que era de Aerofotos Amórtegui Ltda., un negocio de toma de fotos aéreas, del cual había sido socio Alberto Uribe Sierra”, denunció Cepeda.

Dicha licencia había sido otorgada por Álvaro Uribe Vélez a su padre el 28 de octubre de 1981. Ese episodio del helicóptero confiscado coincide con lo relatado por Cecilia Lara Bonilla, después de una conversación con su hermano el asesinado dirigente liberal y ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla: “Dijo que lo de Tranquilandia era muy grave y comprometía a gente muy importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido en Tranquilandia era del papá de Álvaro Uribe Vélez”.

La figura pública

Pero ese no fue el único vínculo de Uribe y la mafia. Sus relaciones sociales con los hermanos Ochoa, dice Cepeda, son más que poesía y aguardiente, así como su apoyo incondicional como alcalde de la capital de Antioquia a la Corporación Medellín sin Tugurios, la conocida obra social del capo Escobar. Al punto que “Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Guerra Serna y otros políticos eran las fichas del cartel de Medellín frente a la institucionalidad”, declaró alias Don Berna, jefe paramilitar.

Ya como gobernador de Antioquia en 1995, Álvaro Uribe gestó la conformación de ejércitos civiles denominados Convivir para, según él, acompañar la Fuerza Pública y denunciar los hechos criminales en las comunidades y municipios del departamento. Ese fue el inicio formal del paramilitarismo en la legalidad. Como lo declaró Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, en Justicia y Paz: “Era imposible que Álvaro Uribe, en su época de gobernador, desconociera los nexos de importantes sectores políticos y económicos de Antioquia con el paramilitarismo”.

Siete años después de ser elegido como gobernador, Álvaro Uribe alistaba su carrera por la presidencia, sin contestar las acusaciones que le formulaban. Es en ese momento, año 2002, cuando surge como la figura política del discurso duro contra la insurgencia y, con una alianza de todas las fuerzas políticas que propiciaron el fracaso del proceso de paz del Caguán, alcanzó la Presidencia. No obstante, para ello, de nuevo apelaron al apoyo paramilitar como lo admitió la cúpula de esa organización criminal.

El candidato

Salvatore Mancuso, jefe paramilitar de Córdoba, viene advirtiendo que luego de contribuir económicamente con la elección presidencial de Uribe se vivieron varias cumbres paramilitares con el objetivo de acordar con el nuevo gobierno estrategias de gana–gana. Ellos, los paramilitares, reducirían la violencia para entregarle al gobierno logros a cambio de allanar caminos de diálogo para un proceso de paz. Como evidentemente fue. Esa alianza reposa en los testimonios de los jefes paramilitares extraditados a los Estados Unidos.

Incluso una de esas cumbres entre paramilitares y Gobierno Nacional, la relatada por Néstor Abad Giraldo Arias, alias El Indio, ante fiscales de Justicia y Paz en el año 2003, daría cuenta de que él fue encargado de la seguridad del presidente Uribe en una escolta entre Barbosa y Amalfi (Antioquia) para encontrarse con varios jefes paramilitares, entre ellos Carlos Castaño. “Como ese, hay muchos otros testimonios de paramilitares que vinculan a Uribe con el narcotráfico”, dice Cepeda.

Lanza perdigones

El uribismo en pleno no soportó las acusaciones y eligió una estrategia de perdigones para atender el debate. Se vino lanza en ristre contra figuras representativas de la Unidad Nacional y el gobierno de Juan Manuel Santos, además de acusar al citante senador de ser aliado de las FARC, con pruebas inexistentes como la de los computadores del jefe guerrillero Raúl Reyes.

En el uso de la palabra, la cabeza del Centro Democrático no respondió los cuestionamientos de fondo, pero con las acusaciones hechas contra el presidente de la Comisión Segunda, Jimmy Chamorro, de dineros calientes para su campaña a Senado, contra el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por nexos con paramilitares, advirtió a los demás miembros del Congreso y al país que si a él lo conducen a la Justicia puede llevarse por delante a un considerable número de políticos del parlamento.

“El debate, a pesar de que tuvo sus altibajos, yo celebro que empecemos a hablar de estos temas que estaban vedados en Colombia”, fue la primera reacción de la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López, quien acompañó a su bancada toda la jornada. Para el senador Alberto Castilla, de esa colectividad, es lamentable la manera como el senador Uribe enfrenta el debate. “La forma como se comportó en el debate refleja su vida. Uribe tiene una incapacidad de escuchar, de debatir con argumentos, y efectivamente su arma más segura es atacar como lo hizo en su gobierno. Para el país es una oportunidad de avanzar en la justicia y la verdad; y esperamos que la Justicia actúe”.

Otro de los parlamentarios que ha sido firme en las denuncias de violaciones de derechos humanos a lo largo del gobierno Uribe es el defensor de derechos humanos y ahora representante a la Cámara Alirio Uribe, quien explicó que el fondo del debate era mostrarle al país que aún sigue viva la toma del estado por el narcoparamilitarismo.

“Eso está lejos de ser un fenómeno del pasado. Lo que llaman ahora como bacrim son herederos del viejo paramilitarismo que simplemente se reubicó y se renombró. Siguen los vínculos de estos con políticos. Por ejemplo, en este nuevo Congreso hay 70 parlamentarios cuestionados por ser sus herederos. Estos fenómenos tienen unos máximos responsables y Uribe es uno de ellos”, dijo Alirio Uribe, quien además agregó que el comportamiento del exmandatario responde a su estilo autoritario para hacer política. “Cuando era presidente, ese autoritarismo se traducía en muertos. O utilizaba al DAS como persecutor de sus opositores”, subrayó.

La clase política tradicional padece de ilegitimidad, que se acelera con las actuaciones del exmandatario. Ya no solo es Álvaro Uribe el que persigue la oposición democrática o la Justicia colombiana, sino también el verdugo de sus ex aliados, políticos de los partidos tradicionales con rabo de paja, a quienes amenaza con denunciarles fechorías que solo él y la inteligencia militar conocen. El sainete político recubre a todos por igual: a quienes son escuderos de Uribe y cómplices del narcoparamilitarismo y a la oficialidad representada en el gobierno Santos.