Análisis
Por Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Exigimos a los candidatos a Contralor, Edgardo Maya, Carlos Ardila y Gilberto Rondón que depongan sus aspiraciones, den muestren desprendimiento y generosidad dando campo a la renovación y depuración que el país pide a gritos. Es hora de pronunciarnos activamente sobre las propuestas de revocatoria a los magistrados de todas las altas cortes, lo mismo que participar en las decisiones que se vayan a tomar en relación con la reforma a la justicia. Entre tanto, esperamos que las sentencias que anularon los nombramientos se hagan públicas lo más pronto posible y que su cumplimiento se dé sin dilación alguna. La sociedad no entiende cómo decisiones tan trascendentales se demoran tanto para ser dadas a conocer en su integridad y menos por qué se dilatan las notificaciones a los afectados cuando ellos laboran en las mismas oficinas judiciales que las han dictado.
Recientemente se presentaron situaciones y decisiones que estremecieron la justicia colombiana y los órganos de control al más alto nivel. Primero fueron las revelaciones del saliente magistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, cuestionando conductas de sus colegas Jorge Pretelt y Alberto Rojas, a quienes acusa de proceder motivados por intereses ajenos a las rectas interpretaciones jurídicas.
Luego vinieron las sorpresivas sentencias del Consejo de Estado, una declarando la nulidad de la elección de Francisco Ricaurte, actual presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por vulneración al artículo 126 de la Carta Política y la otra, anulando también la designación del ya mencionado Alberto Rojas como integrante de la Corte Constitucional.
En buena hora el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo se apartó de consideraciones exegéticas o formales y fue al fondo, al argumentar que si la Constitución impide nombrar a los parientes de quien puede elegir a una persona, con mucha mayor razón debe entenderse que tal prohibición cobija a quien esa persona eligió en el pasado.
No tienen la menor presentación ética las maniobras en que incurren con frecuencia altos dignatarios de la justicia y de los órganos de control, como sucedió al escogerse al abogado Ricaurte como miembro del Consejo Superior de la Judicatura, por una Corte Suprema integrada en gran parte por togados que a su vez fueron nombrados por esta corporación cuando dicho jurista formaba parte de ella.
Por otra parte, en la nulidad de la elección de Alberto Rojas pesaron otras consideraciones, como la violación al precepto de que el voto debe ser secreto pero es una realidad que su designación se hizo en medio de serios cuestionamientos a la ética profesional cuando se desempeñaba como abogado, que lo llevaron a procesos disciplinarios y penales resueltos en forma no muy clara.
El vértigo de estas decisiones en la cumbre de la rama judicial se completó con la determinación de la Corte Constitucional de escoger como integrante de la terna para Contralor General al jurista Edgardo Maya Villazón, quien ya ocupó la altísima posición de Procurador en época reciente, con violación del reglamento que exige la consideración de nuevos candidatos si en determinado número de votaciones ninguno de los propuestos logra la mayoría exigida. Casi inmediatamente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó vía tutela los derechos fundamentales de otro de los aspirantes y ordenó a la Corte Constitucional suspender esa designación.
Paralelamente los otros órganos encargados de integrar la terna para Contralor, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado escogieron sus candidatos designando a Carlos Ardila Ballesteros y Gilberto Rondón respectivamente, ambos con reconocidas vinculaciones políticas y exmagistrados del Consejo Nacional Electoral, sin que siquiera, en el caso de Rondón, haya transcurrido el año de inhabilidad que exige la Constitución para aspirar al cargo de contralor.
Las dos primeras decisiones hacen renacer la esperanza en una recuperación de la legitimidad de la justicia colombiana, en la que han hecho metástasis el nepotismo y el clientelismo. Son un paso importante en la dirección correcta pero aún la persisten estos y otros vicios como lo evidencian la designación del exprocurador (por otra parte también muy cuestionado por las condenas de parientes cercanos por paramilitarismo en el departamento del Cesar) y así como la elección de los otros integrantes de la terna con criterios nada técnicos sino totalmente politiqueros.
Desde luego estos males se han agravado con el otorgamiento a las cortes y tribunales por parte de la Constitución de la función de escoger candidatos a ciertos cargos en la propia justicia y en órganos de control. Lo que se pensó sería una manera de escoger mejores candidatos para determinadas dignidades terminó politizando a la justicia y sembrando un manto de duda sobre su legitimidad y transparencia. También la propia independencia de los jueces, pilar básico del estado de derecho y del esquema de separación de poderes, ha sido afectada por las perversiones en las que degeneró tal sistema que evidentemente tocó fondo.
Sin embargo, no todos los problemas se deben a esa circunstancia y es claro que además de despojar a la justicia de esa función, son necesarias otras medidas de fondo para que recupere su credibilidad.
El sistema mismo de elección de los magistrados de la Corte Suprema, la Constitucional, del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de Estado debe ser reformado íntegramente para que a esas altas posiciones se llegue por méritos y como culminación de la carrera en la rama, la docencia o el ejercicio profesional y no por componendas o tráfico de influencias.
Estos aspectos deben ser materia del más amplio debate público y de las necesarias reformas a la justicia, para hacer más reales los controles jurídicos a los altos poderes dentro de la estructura estatal, para que el control ciudadano y de las organizaciones sociales, sin desmedro de la autonomía y la independencia judicial - que al fin y al cabo no son solamente garantías para los administradores de justicia sino para la sociedad misma – sea un dique de contención contra estos abusos y opere como legitimador de una justicia honesta y eficaz.
Igualmente exigimos a los candidatos a Contralor, Edgardo Maya, Carlos Ardila y Gilberto Rondón que depongan sus aspiraciones, den muestren desprendimiento y generosidad dando campo a la renovación y depuración que el país pide a gritos.
Es hora de pronunciarnos activamente sobre las propuestas de revocatoria a los magistrados de todas las altas cortes, lo mismo que participar en las decisiones que se vayan a tomar en relación con la reforma a la justicia. Entre tanto, esperamos que las sentencias que anularon los nombramientos se hagan públicas lo más pronto posible y que su cumplimiento se dé sin dilación alguna. La sociedad no entiende cómo decisiones tan trascendentales se demoran tanto para ser dadas a conocer en su integridad y menos por qué se dilatan las notificaciones a los afectados cuando ellos laboran en las mismas oficinas judiciales que las han dictado.
Estamos ante una verdadera encrucijada de uno de los órganos más importantes del poder público.
Es hora de que los magistrados cuya elección fue anulada, lo mismo que el cuestionado Pedro Munar, también del Consejo Superior de la Judicatura, elegido con el mismo pecado original que el doctor Ricaurte, renuncien de una vez, sin esperar la formalidad de la notificación, por dignidad de ellos mismos y de la justicia que con tantos honores les ha dispensado.
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