FARC-EP relanzan propuesta sobre Comisión de revisión y esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto interno colombiano
Comunicado
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, marzo 20 de 2014
En varias oportunidades hemos expuesto la necesidad de crear una comisión que tenga como propósito el esclarecimiento del origen y la verdad de la historia del conflicto interno colombiano. Los plenipotenciarios del gobierno han demorado una respuesta a esta petición. Dicha actitud deja de lado algo que es absolutamente necesario para garantizar el éxito del proceso de paz. Preguntamos: ¿Cómo pueden establecerse responsabilidades, o cómo puede abordar la mesa el tema de víctimas, de su reparación, del perdón y el compromiso de “nunca más”, si no se establece cómo se dieron los hechos de violencia que derivaron en seis décadas o más de conflicto armado?
Presumir que las FARC-EP son los victimarios en un proceso de conflicto social interno que se inicia antes de su misma creación, y afirmar que sobre ellas recae toda la responsabilidad tras la ocurrencia de conductas y episodios violentos e inhumanos provocados por el mismo Estado y sus agentes oficiales y paraoficiales, es una apreciación irreal, que mina la intención de lograr una reconciliación nacional definitiva. Han sido múltiples los agentes del terror y de muerte en el conflicto que se pretende dejar atrás. Individuos e instituciones y organizaciones públicas y privadas, fueron y siguen siendo actores, ya por acción, ya por omisión, ya como auspiciadores, ya como ejecutantes de primera línea, de conductas atroces; actores responsables de la lucha sangrienta fratricida que aspiramos se supere definitivamente.
Concluidos los conflictos internos o internacionales se han integrado comisiones relacionadas con la necesidad de esclarecer hechos y circunstancias propias de las contiendas superadas. No obstante, aunque aún prosiga el conflicto interno de Colombia, en vista de las conversaciones que se adelantan en la ciudad de La Habana para lograr su terminación definitiva, es imperante ir estableciendo las múltiples responsabilidades de los diversos actores sin el prejuzgamiento de que uno solo de ellos ha de ser el imputado y los demás implicados, su juez. Mucho más, cuando no hay, o si se quiere, no existe o no se ha dado un vencedor ni un vencido.
Quede claro entonces que las FARC-EP rechazan esta absurda pretensión.
La comisión que se propone y que exigimos comedidamente se proceda a conformarse de inmediato, es un instrumento sine qua non si se pretende, si se anhela llegar exitosamente al final del proceso que nos ocupa. No integrarla y no darle instrumentos para su alta misión es minar el esfuerzo en que estamos empeñados; es decirle no a la paz.
Se han integrado comisiones de la verdad o de similar fin en Argentina, Uganda, Chile, Chad, El Salvador, Haití, Sudáfrica, Guatemala, Nigeria, Sierra Leona, Ghana, Timor-Leste, Perú, Marruecos, Liberia, Alemania, Bolivia, Grenada, Indonesia, Nepal, Panamá, Paraguay, República Democrática del Congo, República Federativa de Yugoslavia, Sri Lanka, para sólo mencionar algunas. Se pone de presente que en los casos citados los modelos de justicia transicional y las jurisdicciones conocedoras de los crímenes cometidos durante los conflictos superados, las autoridades imputadas o responsables por acción o por omisión no tuvieron a su cargo el juzgamiento de su contraparte.
Así, a nadie sensato y conocedor de estos temas –es de esperarse que los plenipotenciarios del gobierno acompañen lo que en efecto es un axioma reconocido como tal universalmente-, se le puede ocurrir que un Estado plenamente imputable pueda recurrir al principio de legalidad, de por si viciado por su proceder para alegar suficiente autoridad y capacidad para aplicar un iuspuniendi en tanto que jamás puede ser juez y parte.
Para establecer la realidad de lo sucedido en Colombia durante tantas décadas de conflicto social armado hemos sugerido en la mesa, de manera reiterada, la integración de la comisión para el esclarecimiento del origen y la verdad de la historia de la confrontación violenta. Sin que ello tenga lugar, el proceso en que estamos termina siendo inocuo. Esta aseveración no requiere mayor argumentación por su lógica y el sentido común que le abunda.
Sin que se establezca el origen del conflicto y su verdad histórica, no puede haber paz, ni reconocimiento de sus víctimas, ni justicia ni reparación. Ninguna de las partes puede ser juez, máxime cuando puede haber sido victimaria. Respecto al Estado colombiano y sus distintos órganos y miembros, son incontables las acusaciones y sentencias judiciales que establecen la implicación de sus funcionarios en la comisión de graves crímenes contra el derecho internacional, así como la responsabilidad del Estado en ellos, al haber sido sus órganos oficiales, brazos ejecutores de esos crímenes en innumerables ocasiones.
Existen otros sectores de la sociedad como los partidos y círculos políticos hegemónicos, las asociaciones de terratenientes, los gremios, la gran industria, los bananeros, ganaderos, banqueros y otros actores poderosos, que aun cuando pretendan desempeñar el papel de meros espectadores, también han sido victimarios; al igual que las empresas que poseen los medios de comunicación social, convertidas de la misma manera en instrumentos de la guerra oficial, no solo desinformando o interpretando la noticia al acomodo del régimen, sino transmitiendo el pensamiento e inclinación de sus propietarios, siempre cajas de resonancia de la versión del gobernante de turno y de los intereses del gran capital nacional y transnacional.
Las anteriores son sólidas razones por las que la paz requiere un relato de la historia verdadera del conflicto a fin de que se conozcan los sucesos tal como ocurrieron y se vienen sucediendo. Sin verdad no hay historia; sin historia no hay consciencia nacional. Si no se conoce la verdad del pasado no se puede construir una paz duradera. Un Estado que soslaya su historia carece de capacidad para solucionar un conflicto como el colombiano y para garantizar la no repetición del mismo.
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