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Por El País
El pasado 17 de noviembre, fue asesinado el campesino Gildardo Padilla. Once miembros de su familia, entre los que se encuentran sus padres, han sido asesinados en los últimos años. Todo ello por reclamar la finca La Gardenia y cinco hectáreas más en el corregimiento de Macondo, ambas fincas ubicadas en Urabá, región fronteriza con Panamá.
En esta misma región y el mismo periodo, han sido asesinados por reclamar sus tierras, Juan Jimenez Vertel, Benigno Gil, Jaime Gaviria, Albeiro Valdés, Hernando Pérez, David Goez, Ana Isabel Gómez, Alejandro Pino, Manuel Ruiz y Samir Ruiz. Solo un comandante paramilitar ha sido condenado por estos crímenes los responsables del patrocinio y financiación de grupos paramilitares siguen en la impunidad.
Esta familia junto con otras, fueron sometidas a abandonar sus fincas. El clima de violencia generalizado, con el asesinato de 15.000 personas en Urabá, propició el desplazamiento de 216.346 mas. Entre 1995 y 2007 fue popular la frase: “o vende usted o vende la viuda” con la que muchos fueron despojados. Los despojadores también se valieron de la falsificación de documentos públicos. El despojo se podría resumir en que mientras los paramilitares amenazaban y asesinaban, testaferros y empresarios compraban y los funcionarios públicos legalizaban el despojo.
El despojo y abandono permitió la acumulación de tierras en manos de unos pocos testaferros vestidos de empresarios, algunos de ellos bananeros, palmicultores y ganaderos. La fiscalía colombiana tiene un listado de más de 400 empresarios que financiaron a grupos paramilitares de extrema derecha sin que hasta la fecha se hayan producido decisiones judiciales. Un ejemplo es el de la multinacional bananera Chiquita Brands que financió con 20 millones de dólares a los grupos paramilitares. Por estos hechos está sancionada por las autoridades estadounidenses a pagar 25 millones de dólares a su gobierno. No obstante la multinacional no ha asumido la obligación de indemnizar a las víctimas, mucho menos responsabilidades de orden penal.
Desde el año 2008 han sido asesinadas en todo el país 64 personas que reclamaban la devolución de sus fincas. El despojo y el abandono forzado de tierras alcanza la cifra de 8,3 millones de hectáreas, lo que es equiparable al doble de la superficie total de Suiza. En número de personas sometidas a este fenómeno supondría el desplazamiento de la población de los núcleos urbanos de Madrid y Barcelona juntos. Sin embargo a la fecha, los jueces y el gobierno solo han restituido menos de 20.000 hectáreas.
La ley de víctimas y restitución de tierras de 2011, que regula el proceso de restitución actual, representa un avance histórico y podría ser la mejor ley expedida en décadas dado su reconocimiento a las víctimas y su derecho a la reparación. Sin embargo, si no se logra su aplicación podría ser la peor ley por convertirse en frustración y desesperanza más para un país que ha sufrido 50 años de conflicto. El primer paso y el más importante es que el gobierno colombiano y las autoridades judiciales garanticen la protección y las condiciones seguridad a los reclamantes de tierra para que no sigan siendo asesinados, desplazados ni amenazados. Indiscutiblemente, se requiere mayor voluntad por parte del gobierno y de las autoridades judiciales para desmantelar las estructuras criminales que hoy siguen atentando contra las víctimas. Lograr la restitución de tierras es un avance para alcanzar la paz y la reconciliación en Colombia.
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