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Reflexión de las FARC-EP sobre La “Solución al problema de las Drogas Ilícitas”


Luis Ernesto Mejía prestó millones de pesos para cultivar tomates en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare. Pero fue víctima del Plan Colombia que regó glifosato desde los aviones, destruyendo su proyecto de vida.
Análisis
Por Delegación de Paz de las FARC-EP
Para ANNCOL





Decíamos en nuestra nota anterior que en la práctica los planes antidrogas se siguían desenvolviendo bajo un planteamiento que se ubica dentro de los parámetros de las políticas antidrogas diseñadas por Estados Unidos, cuyos fundamentos causan las dinámicas prohibicionistas, punitivas y militaristas equivocadas que hoy se cuestionan desde los sectores más experimentados que abogan por la solución del asunto en condiciones de soberanía y justicia social. Pero, en el caso colombiano, ¿de qué cuestionamientos hablamos más en específico? En síntesis, y con algunos ejemplos concretos lo siguiente:

Existe un error en orientar el problema colocando énfasis en la represión y no en la prevención y la educación.

Se trata de una política cuyos presupuestos no son suficientes para afrontar el problema en toda su dimención, considerando que entre lo fundamental debe estar el propósito de resolver los problemas sociales que empujan a la gente pobre a vincularse a este tipo de economía ilegal.

Si analizamos cómo se hacen los gastos observaremos que entre 1995 y 2010 Colombia, según Planeación Nacional, gastó en la lucha antidrogas cerca de 20 billones de pesos, de los cuales en 2010 se ejecutaron 1,9 billones, cifra que es marginal respecto a los 15 mil cien millones de dólares solicitados por Estados Unidos para su lucha antidrogas en este año. Por otro lado todo esto es fútil frente a los 500 a 800 mil millones de dólares que anualmente mueve el mercado de drogas en el mundo.

Colombia, según datos de Planeación Nacional, en 2010 gastó el presupuesto así: el 64% (1.2 billones de pesos) se invirtió en lo que llamaron “reducción de la oferta de drogas ilícitas”. De esto, 748431 millones de pesos fueron destinados al rubro “otros”, sin que se especifique de ninguna manera un monto de 418900 millones de pesos. De lo especificado, en su mayoría se van en apoyo aéreo, gastos de nómina, armamento y munición.

Por otro lado, mil millones se destinaron para los llamados “gastos reservados” y 4716 millones en gastos de dotación. De esos mismo 1.2 billones, 184811 millones se van en control del tráfico y distribución de drogas ilícitas, 123311 en identificación y erradiciación de cultivos ilícitos, de los cuales 88361 son también gastos sin especificar. En misiones de verificaicón para los programas de asperción y erradicación se van 14267 millones. En identificación y aspersión de cultivos ilícitos se van 19214 millones. En destrucción de infraestructura de producción de drogas ilícitas se van 49975. Para operaciones de seguridad en erradicación manual, 34950 millones. Hay otros rubros menores.

En 2010, solamente se destinaron 0.1 billones de pesos (106182 millones de pesos) para el desarrollo alternativo, lo cual corresponde al 5.5 % de un total de 1.9 billones que se habían destinado a la lucha antidrogas. De estos, 80000 millones de pesos se destinan a familias guardabosques y 23000 trecientos millones a proyectos productivos. Se gastaron 2796 millones en otros, sin especificar su destino.

Existe otro rubrorubro destinado a “fortalecimiento jurídico e institucional” (25.7 %), con un monto de 492727 millones de pesos: sistemas de información 3540 millones, adecuación institucional 8295 millones y capacitación de operadores institucionales en la lucha contra las drogas 1832 millones. El resto, 479059, en “otros”.

En el rubro reducción del consumo se invirtieron 78377 millones (4.1%) y 5021 millones de pesos (0.3 %), correspondieron a gestión ambiental. En política internacional del problema de las drogas, se invirtieron 3.525 millones (0.2 %).

Esta manera de abordar el problema, tratando marginalmente la inversión social y la prevención, reiteramos, tiene todas las características de una derivación de esas políticas estadounidences inadecuadas, inconvenientes e inútiles, cuya secuencia presenta solamente algunos planos admisibles en lo que concierne directamente a recomendaciones de la UNODC en el campo de la superación del prohibicionismo. Desafortunadamente, el trasfondo camuflado es la contrainsurgencia.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC-, apoya al gobierno de Colombia en la gestión de la política pública encaminada a la reducción y eliminación de los cultivos ilícitos retomando los fundamentos de las convenciones internacionales suscritas y de los planes nacionales relevantes para enfrentar el problema de las drogas ilícitas, lo cual podemos decir que está dentro de lo admisible en el camino de la superación del prohibicionismo. Con tal propósito suscribió un convenio con la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial - UACT -, adscrita al Departamento para la Prosperidad Social -DPS-, y es aquí donde se le abre camino a una política que poco o ningún interés cierto tiene en coadyuvar a resolver los problemas sociales de las comunidades rurales vinculadas a la economía de los cultivos de uso ilícito.

El convenio con con UNODC, tiene la misión de dar apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia, para la “consolidación territorial”, pero con el inconveniente de que el gobierno colombiano bajo esta última categoría, la de “consolidación territorial”, lo ha ligado plenamente a sus políticas constrainsurgentes.

En la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial se encuentra la Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos (DPCI), que produjo el Nuevo Enfoque de lo Programas Contra Cultivos Ilícitos (PCI), versión 1 de 2012. Se plantea dentro de este enfoque, con soterrado lenguaje punitivo y guerrerista, que su gran desafío en las políticas públicas, es la consolidación de presencia efectiva de las instituciones del Estado (léase presencia militarista), en los territorios de mayor incidencia histórica de las organizaciones armadas ilegales, los cultivos ilícitos y las bandas criminales al servicio del narcotráfico, que son las principales amenazas –dicen-, a la seguridad nacional y ciudadana, y han impedido que Colombia alcance su potencial de crecimiento y prosperidad.

Intencionalmente se mezcla a la insurgencia con bandas criminales y se le sugiere como sujeto de un negocio del que se oculta a sus fundamentales protagonistas que se encuentran en el sector financiero de la economía, lucrándose al máximo a costa de sectores humildes que sobreviven en la miseria agoviados por la persecusión y la represión.

Como nos ha recomendado el profesor Sergio de Zubiría, “es necesario que la discusión sobre la política antidrogas pueda desarrollarse en una lógica de diálogo libre de ideologías sesgadas y de visiones moralistas o dogmáticas. En medio del respeto por la diversidad de perspectivas y de experiencias, el diálogo requiere romper ciertos tabúes arraigados en las posturas ante el tema de las drogas y prestar mayor atención a la evidencia científica y a las cifras que han arrojado los estudios sobre la materia”. (Sergio de Zubiría Samper, La política sobre drogas: laberinto y desafíos. Revista Izquierda Número 40, pág. 13. Diciembre de 2013).

Debemos concluir, entonces, que lo primero que se requiere para avanzar en un acuerdo sobre Solución al problema de las drogas ilícitas, en la Mesa de la Habana, en consonancia con un rotundo cambio de las políticas ordenadas por Washington, es desvincular los planes que se deriven de las conversaciones de paz, de los propósitos de guerra imperiales y locales de la llamada consolidación territorial que a sangre y fuego impulsa el Estado colombiano bajo las órdenes e intervencionismo de los Estados Unidos. Y se deberá tener en cuenta que ninguna solución estructural puede limitarse a la sola “sustitución de cultivos”, mucho menos a la erradicación forzada. El marco debe estar definido por concepciones profundas de desarrollo rural alternativo, lo cual nos remite a retomar discusiones pendientes sobre la eliminación del latifundio, la definición de un fondo de tierras, los límites a la extranjerización, la formalización, los créditos, la seguridad social para los campesinos y pobladores rurales en general, que les brinde una vida digna, como una de las necesarias bases que hagan posible la paz con justicia social.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

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