Más problemas se vienen para Drummond

Análisis

Por Revista Semana.

MINERÍA. La investigación de la Contraloría destapó una caja de Pandora que le puede salir muy costosa a la carbonera.

Drummond ha estado en el centro de la polémica por el impacto de la explotación de carbón en el Cesar y el impacto del transporte del mineral en trenes y barcazas.

Las últimas semanas han sido negras para la Drummond, la segunda productora de carbón del país. Además de haber sido multada por el derrame de carbón al mar, la compañía es objeto de varias investigaciones de la Contraloría, que pueden conducir a multas multimillonarias, por un posible detrimento patrimonial sufrido por el Estado por su operación en el país.

La seguidilla de sanciones comenzó a finales de 2013 cuando la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) anunció una multa por 6.965 millones de pesos por el vertimiento de cerca de 500 toneladas de carbón al mar, por un incidente de una de sus barcazas, a comienzos de ese año.

Hace dos semanas, la ministra de Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento, le suspendió las operaciones de cargue de carbón a través de barcazas en el puerto de Ciénaga (Magdalena) por no tener listo el sistema de cargue directo. La decisión paralizará las operaciones de la compañía durante el tiempo que tarde en aplicar el nuevo esquema. Además, la Superintendencia de Puertos le impuso otra multa por 1.540 millones de pesos durante los cinco días que cargó el mineral en barcazas de manera irregular.

Y como si fuera poco, la semana pasada la Contraloría General de la República anunció que están en marcha dos procesos de responsabilidad fiscal por más de 134.000 millones de pesos y tiene abierta una investigación por otros 100.000 millones por la inadecuada liquidación de regalías. 

A eso se suman las investigaciones de la Fiscalía por la contaminación de la carbonera en Santa Marta y la vigilancia especial que anunció la Procuraduría por los mismos hechos. Es decir, todos los organismos de control le cayeron a la Drummond en unos pocos días.

Estas acciones han generado un gran debate en el país. De una parte están quienes piensan que el gobierno la cogió de chivo expiatorio y que para demostrar que sí protege el medioambiente la ha castigado de manera excesiva. Pero otros analistas y ambientalistas dicen que el gobierno actuó demasiado tarde, pues estos hechos no son nuevos y los abusos de la multinacional vienen de mucho tiempo atrás. 

Un hecho es claro. Con las sanciones de los últimos días, el gobierno lanza por fin un mensaje contundente al sector minero en el sentido de que el país no está dispuesto a seguir tolerando que se afecte el medio ambiente a cambio de recibir más regalías o para no ahuyentar la inversión extranjera. 

La ministra de Medio Ambiente, en entrevista con El Tiempo, fue categórica en advertir que las mineras estaban acostumbradas a que aquí no se cumplía la ley en el tema ambiental y no pasaba nada. “Sabemos que esta es una decisión muy costosa para el país, pero lo que está en riesgo, además del tema ambiental y social, es la credibilidad institucional de las autoridades colombianas. La ley es para todos”, dijo.

Otro hecho cierto es que el Estado había sido muy laxo en los controles, pues no tenía entidades fuertes que hicieran cumplir las normas y la prioridad era fomentar la inversión extranjera. “El auge minero de la última década sorprendió al país con una institucionalidad débil, pero afortunadamente en los últimos años se crearon entidades como la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que pueden hacer mayor control sobre el tema”, dice el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta. 

La empresa carbonera, por su parte, no ha estado exenta de pecados. Los ambientalistas han venido denunciando los graves daños que ocasiona su operación en Cesar, tanto en los recursos hídricos como en la calidad del aire. En Magdalena los trenes que transportan el mineral dejan una estela de polvillo de carbón a su paso. Drummond, propiedad del estadounidense Garry Drummond, un productor de carbón de Alabama, se instaló en el país a comienzos de los noventa para operar la mina Pribbenow, en el corregimiento La Loma (Cesar). Actualmente la compañía produce alrededor de 26 millones de toneladas de carbón al año, cerca del 30 por ciento del total que exporta Colombia, tiene 5.300 contratistas y emplea a más de 4.000 trabajadores.

Los líos económicos

La semana pasada a la compañía le salieron otros pecados que le pueden salir más costosos que el mismo episodio de la barcaza.

La contralora Sandra Morelli anunció que abrió dos procesos de responsabilidad fiscal que ascienden a 134.946 millones de pesos. El primero de ellos es por haber ampliado la extensión del muelle de carga de barcazas en la Ciénaga, de 150 a 589 metros. Es decir, triplicó la extensión sin que al Estado le haya reconocido una suma mayor. 

El contrato se firmó en 1992 y, aunque cinco años después se cambiaron las condiciones, según la Contraloría habría un presunto daño que el organismo calcula en 113.988 millones de pesos por no haber ajustado la tarifa a la nueva extensión del muelle. 

Otro proceso de responsabilidad fiscal es por utilizar buques de mayor capacidad que los establecidos en el contrato. La Contraloría comprobó que la Drummond estaba cargando en buques de mayor calado, de hasta 160.000 toneladas, por los cuales pagaba una tarifa reducida como si utilizara buques con capacidad de 70.000 toneladas. El detrimento calculado en este caso es de 20.957 millones. 

Por estos dos hechos la Contraloría determinó que la responsabilidad recae en American Port Company, una sociedad portuaria de propiedad de la Drummond, y sobre exfuncionarios de la Superintendencia de Puertos y supervisores del contrato de la época, entre los que se encuentran Mayron Adalberto Vergel Armenia, Fernando Alberto Hoyos Escobar, Jesús María Caballero Marín y Rafael Emiro Sanguino Abril.

Sin embargo,la compañía asegura que no es cierto que haya ampliado el muelle de barcazas y que lo que hay es una banda transportadora de cerca de 600 metros que se ciñe a lo que señalaba el contrato inicial. Además. dice que esto no tiene ninguna incidencia en la contraprestación económica al Estado. Y frente a la mayor capacidad de los buques afirma que desde un comienzo se permitió que en el puerto atracaran barcos Panamax y Cape Size, que tienen una capacidad mínima de 150.000 toneladas.

A la lista se suma una investigación abierta el año pasado por errores en la liquidación de regalías. Según el organismo de control, el Estado habría dejado de recibir 50 millones de dólares, cerca de 100.000 millones de pesos, en los últimos diez años por ese concepto. El problema radica en que se utilizó mal la fórmula de amortización para las inversiones en infraestructura de transporte.

La Contraloría ha seguido de cerca el proceso de sanción a la BP por el derrame de petróleo en el golfo de México, pues considera que el mensaje que envía es ejemplarizante en el sentido de que el que causa un daño lo debe reparar y pagar, independientemente del costo que tenga que asumir. 

Por eso asegura que la reciente multa impuesta a la Drummond es infinitamente pequeña frente al daño causado en Colombia, lo que fue confirmado en una sentencia de la Corte Constitucional que amparó la tutela de un habitante de Cesar por los problemas de salud que le generó la operación de la compañía. 

En efecto, la sentencia T-154 de 2013 de la Corte le ordena a la Drummond instalar maquinaria de última generación y poner en marcha un plan de manejo ambiental en las zonas de influencia. La compañía dijo en su momento que el fallo no estuvo precedido por pruebas de campo, toma de muestras o realización de estudios técnicos que comprobaran si efectivamente hubo contaminación.

A pesar de que está en el ojo del huracán, la Drummond no es la única en líos. La Contraloría tiene investigaciones abiertas a empresas mineras y sociedades portuarias por cerca de 500.000 millones de pesos por contaminación de la bahía de Santa Marta.

De lo ocurrido en las últimas semanas quedan varias lecciones. Una de ellas es que es mejor prevenir a tiempo y no tener que tomar medidas drásticas cuando los problemas han avanzado. La otra es que el país está en mora de definir políticas claras tanto para el manejo del medioambiente como para la operación de las compañías, nacionales o extranjeras, que también están en un limbo por el vaivén de las decisiones. Pero nunca es tarde para emprender los debates y corregir el rumbo.