Comunicado
Por Secretariado del Estado Mayor Central
Por simple cuestión de principios nuestra consciencia está obligada a condenar el fallo de la Procuraduría General de la Nación que ordena la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. También por ellos nuestra consciencia se siente comprometida con la inconformidad, la protesta y la respuesta popular a semejante arbitrariedad. Basta el simple sentido de la decencia para ponerse de lado del destituido funcionario.
Por encima de los desencuentros ideológicos y políticos que podamos tener con el señor Petro, no podemos permanecer impasibles ante tan desmedida muestra de soberbia oligárquica. Siempre hemos expuesto que son precisamente la intolerancia, la ausencia de garantías para el ejercicio de la oposición política y la violencia recurrente del Estado, las causas de la larga confrontación armada que se libra en nuestro país. El fallo del señor Procurador simplemente lo confirma.
Al tiempo que el inquisidor Ordóñez anuncia su condena a la muerte política contra el señor Petro, la Fiscalía General de la Nación revela que las investigaciones penales por los mismos hechos avanzan y que se les dará máxima prelación. De donde se deduce que fácilmente el alcalde de Bogotá puede terminar absurdamente entre rejas, por haber adoptado una decisión de política pública que no resultó del agrado de los grupos económicos que dominan el país.
La arremetida contra el alcalde de Bogotá es la misma que los poderes hegemónicos mundiales dirigen desde hace catorce años contra la Revolución Bolivariana de Venezuela. Y se funda en la misma causa, la prohibición a los pueblos de adoptar sus propias decisiones. Las mal llamadas democracias que pregonan los poderes internacionales del capital, consisten en que los ciudadanos voten por las personas y las políticas correctas, las dispuestas por ellos. En caso contrario, sufrirán graves consecuencias y se les señalará además como los únicos culpables.
Por encima de la ingenuidad y la inconsecuencia demostrada en su carrera política por el señor Gustavo Petro, con cuyo voto en el Senado decidió la elección del cavernario señor Ordoñez al cargo de Procurador, en una de esas vergonzantes alianzas que finalmente conducen a perder los ojos, creemos que hay que apoyarlo, que hay que salir a la calle a reclamar por el respeto a la democracia, porque se ponga fin al reinado de la exclusión política en Colombia.
Es esto último lo que las FARC-EP exigimos dignamente en la Mesa de Conversaciones de La Habana, en el proceso de paz que de manera enfática nos invita a mantener el señor Gustavo Petro. Captamos con claridad diáfana el significado de la señal que nos envía el fallo del Procurador, enemigo declarado de la solución política al conflicto. Del mismo modo que observamos la complacencia del Presidente Santos, quien prefirió abordar disimuladamente el tema bajo el sesgo de la corrupción.
No es a las FARC-EP a quien el señor Petro debe conminar a perseverar en el proceso de paz. Es al gobierno nacional, que todos los días declara la guerra de mil modos distintos al pueblo colombiano. Al tiempo que al señor Petro se lo condena a la muerte política, se encierra en prisión a innumerables compatriotas que luchan contra el régimen por vías legales, como a los tres dirigentes sindicales de Pacific Rubiales, a David Ravelo Crespo o a Huber Ballesteros, para citar sólo unos. A otro altísimo número se los asesina y desaparece en la impunidad total.
Decidimos expresar nuestras solidaridad con el señor Petro y la ciudadanía bogotana que tiene todo el derecho a exigir el respeto a su voluntad, por encima de los probables señalamientos que se apresurarán a hacer el general Palomino y el ministro Pinzón, quienes tras tildarlos de vándalos e infiltrados, no vacilarán en lanzar sobre ellos las temibles hordas del ESMAD y el Ejército, encargadas de aplicar y diseminar el terror con sus garrotes, gases, bombas y disparos.
La calificada como violencia legítima del Estado, siempre de la mano con las formas más salvajes de la misma, al igual que las normas y jurisprudencias que violentan la voluntad popular, tan abrumadoramente visibles en nuestro país, deben desaparecer definitivamente si se quiere alcanzar la verdadera paz. La paz con justicia social implica sentar a la vez unas bases mínimas para desterrar la inequidad. Y eso significa reformas estructurales en la economía, la política, la institucionalidad y la sociedad colombianas.
Lograrlo sólo será posible si la inmensa mayoría de colombianos afectados por las políticas del régimen se levantan unidos a luchar por ello. Son ellos los llamados a apropiarse de la bandera de la paz, a mantenerla en alto por encima de la demagogia, las amenazas y el terror oficiales. Alzarse contra la dictatorial destitución del alcalde de Bogotá es una causa justa, pero inútil si a la vez no apunta contra el régimen antidemocrático, neoliberal y violento que domina en Colombia.
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
Montañas de Colombia, 10 de diciembre de 2013
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