'Intuiciones erradas'

Entrevista

Tomada de El Espectado

Por Natalia Herrera Durán

El profesor Albert Berry da elementos para creer que la apuesta del Gobierno por una economía agrícola en escala, de grandes extensiones, como la que proponen para la altillanura, es prematura y equivocada.

Una intuición errada sobre el campo colombiano. Eso cree Albert Berry que tiene el Gobierno cuando habla de implementar a lo largo y ancho del país esquemas empresariales de grandes extensiones para un solo cultivo como la palma. Berry conoce el país desde los setenta cuando llegó a estudiar las plantaciones de café. Desde entonces entiende y opina sobre las transformaciones que ha tenido el agro colombiano.

“Doctor en Economía de la Universidad de Princeton, profesor de las universidades de Yale, Western y Toronto.  También ha trabajado para la Fundación Ford, la comisión del Plan Colombia, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Además, de haber sido  candidato al Premio Nobel de Economía por su teoría de crecimiento económico basado en un campo sostenible, diverso y cuyo soporte sean las pequeñas unidades familiares  que generan mayor empleo”. Así suelen ser las introducciones que se hacen  de este canadiense menudo que habla despacio pero con mucha fluidez el español. Esta semana fue invitado al seminario Conflicto, desigualdad y desarrollo: transformaciones agrarias y paz, que  organizó la Universidad del Rosario y se realizó en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en Bogotá.

Antes de entrar a su conferencia, en un aula de clase donde dijo sentirse como en casa, habló con El Espectador sobre lo que está viviendo el país y él   llamó “una coyuntura especial”. Se refiere a los ecos del paro agrario, sus pactos y salidas, el proceso de paz con las guerrillas, el debate sobre la acumulación de baldíos a manos de empresarios en la altillanura, y otras reformas  y modelos que estaría contemplando el Gobierno para este sector. Su enfoque es económico. Hace esta aclaración como quien no quiere caer en epítetos políticos al referirse a un problema que como el de la tierra siempre ha estado tan estrecho a la guerra y la desigualdad.    

¿Cree que Colombia está a tiempo de una reforma agraria?

No. Hoy en  Colombia no se puede resolver la desigualdad total haciendo una reforma agraria. Ya pasó el momento histórico de que eso hubiera sido posible. Esas dos puertas medio abiertas que hubo en los treinta  con Alfonso López Pumarejo y en los setenta con Carlos Lleras Restrepo  es un tema del pasado. Ahora se tendría que hacer una reforma agraria de algún tipo más otras cosas, porque la población ahora es más que todo urbana. Aún así sí creo que la guerra aquí   tiene sus orígenes en los conflictos sobre la tierra. Sin duda si se hubiera mejorado la distribución de la propiedad de la tierra o esclarecido los derechos a ella  la historia de Colombia hoy sería otra. 

¿Este cambio responde al  desplazamiento económico y social producto del conflicto armado interno?

Sí. Eso es lo complicado. En Colombia  la desigualdad de la tierra está estrechamente ligada con la injusticia. Tiene efectos políticos y sociales que van más allá de la distribución de  los ingresos. Por eso la restitución de la tierra es una responsabilidad moral que tiene Colombia. Pero deben pasar más cambios que resuelvan problemas estructurales, como  restaurar la pequeña agricultura. Para mí lo que ha pasado durante estos años de conflicto es una migración agrícola prematura. La llegada a las ciudades de estas personas no fue preparada ni voluntaria.  En términos económicos no fue eficiente y en términos sicológicos menos.

¿Qué se necesita principalmente para que se den esos cambios?

 Para que la agricultura pequeña llegue a su potencial necesita apoyo estatal, no  necesariamente subsidios  pero sí infraestructura. Sobre todo  inversiones en  cambios tecnológicos. Esa es la verdadera revolución verde, el secreto de los países asiáticos, como Taiwan, Indonesia y Tailandia. Todos los expertos están de acuerdo en que el desarrollo agropecuario está en la agricultura familiar, que cuente con un buen grado de apoyo estatal.

¿Cómo analiza   el apoyo estatal que ha tenido  esa agricultura en Colombia?

En Colombia el Estado casi salió del camino en cuanto a su apoyo al pequeño campesino y especialmente en la investigación agrícola, que es la base de ese  cambio tecnológico. Desde los años setenta ha habido  un decline en este apoyo, medido en términos de recursos para el sector agrícola y en beneficios para el sector familiar. De la mano del  conflicto éste ha sido el  daño más obvio para la pequeña agricultura que ha deteriorado prematuramente el campo.

En los últimos dos meses se ha venido dando un debate fuerte en Colombia sobre la acumulación de baldíos y la reforma de la ley 160 de 1994, que protege y restringe la Unidad Agrícola Familiar (UAF) ¿Qué peligros traería la reforma de esta figura?

 Uno de los peligros de que se modifique la UAF  en Colombia es que las fuerzas políticas dominantes siempre han estado  presionando para controlar más tierra, ya sea cambiando la ley, o utilizando todo tipos de caminos. Yo tengo un gran problema con eso, porque considero que la agricultura grande, en términos de lo que llamo eficiencia económica amplia, que no solo tiene en cuenta la productividad de la tierra, sino también los ingresos de los trabajadores y el número de empleos, no es tan  efectiva. Lo que pasa   en Colombia hace años es que la productividad de la tierra es mayor mientras más pequeña es la unidad. En las últimas décadas eso ha disminuido, porque los grandes  agrícolas  han montado su productividad y los pequeños también pero menos por falta de apoyo del Gobierno.

¿Está diciendo que no hay muchos argumentos económicos  a favor de las grandes extensiones agrícolas?

Sí, entendido esto de manera integral. Claro, si uno es dueño de mil hectáreas y emplea a dos personas puede tener una vida muy buena. Es buena entonces para los pocos dueños pero en cuanto a su impacto general termina siendo dañino. Para mí es sumamente peligroso abrir la puerta para que este esquema   aumente su capacidad.

¿Por qué cree que ese modelo se quiere implementar con más fuerza  en Colombia?

La razón más obvia es porque hay intereses personales muy fuertes, y también  una falta de conocimiento sobre la economía agrícola. Hay economistas, inclusive, que honestamente piensan que la grande es más eficiente, pero porque en general son  economistas de mercado que nunca han estudiado los datos del agro. Hay una intuición errada sobre que las economías de escalas son muy importantes, de que la modernidad de la tecnología es muy positiva, pero esto siempre  depende. La tecnología moderna es muy buena cuando  nadie quiere trabajar. Pero la maquinización del agro en Colombia, teniendo  excelente mano de obra, es prematura.

Esa intuición parece ser la que tiene el Gobierno al sostener que el modelo de Indupalma es el que debería aplicarse en todo el país...

 Sin duda hay muchos empresarios colombianos muy eficientes y manejan la industria de forma rentable, pero no es eficiente en el sentido socioeconómico porque genera muy poco empleo. La palma es famosa en eso. Solo hay que ver las hectáreas y el número de trabajadores. Cuando estudié ese proceso encontramos que generaba menos de la décima parte de empleo por unidad de tierra, en comparación con el producto campesino, como la papa. Ese es el problema de la ganadería extensiva también. Si ese terreno hubiera estado en manos de pequeños agricultores el empleo hubiera sido diez veces más, sin importar que el cultivo fuera palma, porque  los cultivos combinados son característicos de la agricultura familiar y por eso cuando uno suma la producción de la palma, con otros productos que también se cultivan, como  legumbres,  el balance es más positivo. Los monocultivos no desarrollan todo el potencial de la tierra.

Y entiendo que secan  la tierra...

Sí, la grande no tiene un horizonte a largo plazo. Los agricultores se preocupan por la fertilidad de la tierra, porque sus hijos, sus nietos van a trabajarla algún día,  como pasa en los países europeos. Mientras que la persona que compra, explota y se va no es una persona fiable para sostener la calidad  de esa tierra. Claro que hay excepciones, pero en promedio esa es la diferencia. A veces, si los pequeños están muy pobres no tienen la capacidad de mantener estas mejoras. Y por eso el Estado no puede dejarlos solos.

¿Cómo ve usted las alianzas productivas entre empresarios y campesinos en el agro?

En los países más exitosos en temas agrarios estas alianzas se han hecho es entre el Estado y el campesinado, como en los países nórdicos, o en mi país (Cánada). En los años setenta, en Colombia algunas entidades tuvieron una voluntad muy positiva sobre esto. Pero hoy el panorama es otro. Acá la agricultura de escala está reemplazando al Estado, al convertirse en  fuente de  tecnología, de crédito, de todo. Aun así,  yo buscaría un modelo distinto, uno en que especialistas, pagados por los pequeños a través de  asociaciones o por el Gobierno, jueguen ese papel de técnicos durante el tiempo en que se implementen nuevas  tecnologías para mejorar la producción agrícola.  No quiero con esto condenar el experimento en Colombia, quizás sean solo algunas preguntas.

Hablando de  preguntas, otra  que se viene haciendo en el Gobierno  es si un modelo como el cerrado brasilero podría servir en la altillanura colombiana, ¿qué opina?

Ese modelo lo estudiaron muy bien unos brasileros y un norteamericano  y publicaron sus conclusiones hace poco. En ellas  contradicen sus bondades. Señalan que en Brasil los grupos más eficientes económicamente  son los más pequeños, luego de restar los subsidios dados por el Estado al cerrado brasilero. Después de hacer este cálculo no era un modelo sobresaliente. En términos de eficiencia está entre mediocre y buena, pero en términos socioeconómicos es un desastre, porque está muy mecanizado y generó otros conflictos sociales. Ese es un modelo para el medio oriente de Estados Unidos pero no para Colombia, y que tanta gente lo vea como modelo es un claro ejemplo de lo que yo llamo la intuición equivocada que no reconoce que cualquier economía es un sistema integral.

Una de  las quejas que han hecho los campesinos que se fueron a paro agrario es ese abandono a la pequeña agricultura del que usted se refiere...

 Sí, esta es una coyuntura especial en el país.  Me alegro que hayan  podido llegar acuerdos en algunos detalles como el control de precios a fertilizantes e insumos. Pero haría la distinción entre estas medidas que son muy parciales  porque  podrían disfrazar el gran desafío: que es la falta de apoyo estructural a este sector en las últimas décadas. Por eso el indicativo de la seriedad de estos acuerdos se verá  cuando se desarrolle tecnología para el campo y se difunda para los pequeños agricultores del país. En todo caso, un mal síntoma  sí fue que en la mesa del pacto agrario nacional hubieran muy pocos de estos productores.

 ¿Qué piensa sobre la Ley de Víctimas y restitución de Tierras?

 Preocupa su lentitud  frente al desafío tan  grande que representa y ante el proceso continúo de violencia y desplazamiento que viven sus reclamantes. El balance está por hacerse.  Por ahora, creo que hay que esperar y tratar de entender  las dificultades que tiene para su ejecución.

El debate de la Ley de Víctimas y Restitución

El lunes pasado Human Rights Watch reveló un estudio sobre la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En el documento la ONG norteamericana afirma que a pesar de los avances que en materia jurídica ha significado dicha norma, aún existen grandes dificultades.

El principal problema que enfrentan las víctimas del despojo es de seguridad. Human Rigths documentó 17 atentados contra reclamantes, en los que fueron asesinados 21 personas. También se recogieron 80 denuncias de reclamantes que afirman haber recibido graves amenazas y más de 30 nuevos desplazamientos. Al mismo tiempo se denunció que en lo que lleva la ley tan sólo una familia ha podido regresar a sus predios. La directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, desmintió el informe y aclaró que el 66% de quienes han accedido a la ley han retornado y que tan sólo el 10% no han podido.

Baldíos, un tema por resolver

En junio de este año los senadores Jorge Robledo y Wilson Arias denunciaron la presunta adquisición irregular de baldíos en Vichada por parte de poderosas empresas agroindustriales, entre las que figuran Riopaila Castilla y la multinacional Cargill. Las denuncias desataron un fuerte debate nacional sobre la naturaleza de la Ley 160 de 1994, mediante la cual se advierte que los baldíos sólo pueden ser entregados a campesinos y en ningún caso deben ser acumulados.

De inmediato los apoderados de las empresas argumentaron que existían zonas grises en la norma y que era necesario que

 el Gobierno aclarara el tema para darles seguridad jurídica a los inversionistas. Desde entonces el gobierno Santos anunció que pronto daría a conocer un proyecto de ley, en el que se regulaba la materia y que en ésta quedaría planteada la política agraria del Ejecutivo, que resumió en la frase “queremos un campo en el que quepan los campesinos y los grandes inversores”.