¿Cuál es la “paz” de Santos?

Análisis

Tomado de Cambio Total 

Por Luis Jairo Ramirez H./ Tomado de Agencia de Prensa Rural.

 

Las recientes y gigantescas movilizaciones campesinas, que vincularon además a sectores de la pequeña y mediana minería, la salud, la educación pública, hidrocarburos (acaban de entrar en huelga 12 mil trabajadores de Reficar en Cartagena), transportadores, usuarios de los servicios públicos y otros, mostraron que, más allá del conflicto armado, existe en el país un hondo conflicto social que durante años distintos gobiernos miraron por encima del hombro.

Esta semana campesinos de tres departamentos se levantaron de las mesas de negociación con el Gobierno porque los ministros del Interior y Agricultura no volvieron a aparecer; es la historia de siempre, al gobierno solo le preocupa que se levante el paro pero se desentiende de las soluciones sociales, solo que esta vez parece que los campesinos están dispuestos a no dejarse tomar del pelo. Octubre y noviembre serán meses de intensa movilización.

El presidente Santos no solo hace groseras imposiciones por fuera de la mesa de diálogos en La Habana, como las del marco jurídico para la paz; el referendo; la negativa de interlocución entre insurgencia, parlamento y partidos políticos; la limitación de espacios para la participación de la sociedad; sino que hace oídos sordos ante los reclamos y propuestas de los distintos sectores sociales que se levantan en lucha, se burla una y otra vez de las exigencias populares.

Paz sin cambios

El régimen se empecina en imponer una “paz” sin cambios políticos y sociales. Las elites dominantes acrecientan sus privilegios mientras las mayorías nacionales se hunden en el hambre y la pobreza. El país reclama reformas de fondo.

El modelo neoliberal ha significado empobrecimiento, desempleo, crisis de la salud y la educación pública, quiebra de la agricultura, saqueo de los recursos naturales. Los TLC son la ruina de los sectores productivos del país. Las dos leyes de víctimas, de Uribe y Santos, son un rotundo fracaso.

Las tierras despojadas, finalmente, están siendo tituladas a las transnacionales; el modelo Carimagua, Montes de María y Vichada de los Urrutia, Riopaila, Sarmiento Angulo, Cementos Argos y el empresariado antioqueño tiene luz verde. Mientras tanto, cinco millones de campesinos siguen desplazados, esperando la prometida restitución de tierras. Santos reclama “seguridad jurídica” para los latifundistas pero la niega a los campesinos. El régimen se resiste a reformarse, aspira a punta de fusil y judicialización de la protesta social a mantener el statu quo.

La historia se repite

En estos días el profesor Medófilo Medina recuerda que después del paro cívico de 1977, 33 altos mandos militares, asustados por la dimensión de la protesta, le llevaron a López Michelsen un documento para proveer de facultades extraordinarias a las Fuerzas Militares en el manejo de la protesta social. López le endosó a Turbay Ayala el documento que fue convertido entonces en el nefasto Estatuto de Seguridad de las detenciones, torturas y desapariciones forzadas.

Ahora ocurre algo parecido, el ministro de la guerra Juan Carlos Pinzón anunció que duplicará el aparato represivo y criminal del Esmad y la presentación de un proyecto de ley que busca aumentar penas como mecanismo para “judicializar el terrorismo y el bloqueo de vías”, entre otros. La obsesión del régimen es limitar las libertades e impedir los anhelos democratizadores de la sociedad. Hace poco habían impuesto ya la “ley de seguridad ciudadana” que no provee seguridad, sino que judicializa la inconformidad de los ciudadanos. No satisfechos, impusieron el fuero militar para disponer de impunidad en sus operativos para aplastar la inconformidad social.

Maquinan un remedo de paz, mantienen un multimillonario presupuesto de guerra mientras la población se ahoga en necesidades de toda índole; millones de dólares en pauta publicitaria para maquillar la imagen militar, pacto de “seguridad” con la OTAN, compra de drones maniobrados a control remoto, aumento del control social, convivencia de batallones militares con el paramilitarismo, plan para convertir al país en una gran cárcel.

Pareciera que el Establecimiento no se da cuenta que el país es hoy una gran olla a presión. La mesa de La Habana tendrá futuro si cede la mezquindad de una oligarquía cicatera. Señor Santos, no se equivoque, somos 44 millones de colombianos los que reclamamos cambios. La paradoja puede ser que una insurrección de masas desarmadas imponga la democracia tantas veces negada.