Análisis
Tomado de Semana
Se viene el primer gran pulso del proceso de paz. Si el tema agrario se mostró tan largo y complejo que luego de seis meses de negociaciones terminó en un acuerdo parcial, el de participación política puede ser aún más espinoso. A diferencia del agro, las partes arrancan de posiciones que no va
a ser fácil conciliar, sobre todo en un punto crucial.
Mientras las Farc insisten en la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente, el gobierno la rechaza rotundamente, como plantea el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, en un artículo especial para SEMANA en esta edición.
Estaba previsto que las conversaciones sobre el segundo punto de la agenda comenzaran el pasado martes 11. Las partes decidieron pasar la semana anterior trabajando por separado y reunirse nuevamente desde el 18 hasta el 25. Así, el debate sobre participación política solo arranca este martes 18. Y todo anuncia que va a ser el escenario del primer gran enfrentamiento en el proceso de negociaciones para poner fin al conflicto armado.
El punto de participación política consta de tres subpuntos: garantías para la oposición y los nuevos movimientos que surjan del acuerdo, incluyendo el acceso a los medios de comunicación; participación ciudadana y participación en la política a todos los niveles. Pese a lo escueto de la formulación, ya las partes han dejado ver que tienen interpretaciones muy distintas. Para el gobierno se trata de definir las modalidades y garantías para que las Farc pasen de las armas a la política legal. Para estas, por lo que han dicho, es mucho más.
El líder del equipo de las Farc, Iván Márquez, habló al comenzar el ciclo. Propuso aplazar las elecciones por un año para evitar que la negociación se vea “interferida por los tiempos electorales y los plazos legislativos”. Rechazó lo que llamó el “autoritario y rotundo no” del gobierno a la Constituyente, ratificó que esta es clave para las Farc y, por primera vez, detalló varios de los tópicos que aspiran a discutir allí (y que con toda probabilidad llevarán en la Mesa esta semana).
Además de lo que se acuerde en La Habana, el temario de la Constituyente debe incluir, según la guerrilla, seguridad jurídica para los excombatientes; segunda instancia para los congresistas y que estos puedan aspirar, por una vez, a otros cargos de elección popular; reforma a la Justicia; reordenamiento territorial, administrativo y fiscal; derechos y garantías para la oposición; elevar a normas constitucionales transitorias las políticas para el posconflicto y crear una comisión de la verdad, entre otros.
De la Calle, en una intervención minutos después fue claro y vehemente. Descalificó la idea de aplazar las elecciones. “Eso no va, una Constituyente no va”, dijo. Explicó que para el gobierno el debate de participación política será sobre la conversión de la guerrilla en movimiento político legal. En consecuencia, según él, debe hablarse de garantías para la oposición, que impidan que se repita el exterminio de la Unión Patriótica; de participación de las comunidades locales en las decisiones que les atañen y de participación democrática en general.
Desde el comienzo mismo de la ronda quedó, pues, claro que mientras el gobierno se limita a una interpretación estricta de los tres subpuntos, las Farc aspiran a poner sobre la mesa temas de fondo de participación política. Su propósito es ‘refundar’ un sistema que consideran corrupto y antidemocrático, como dijo Iván Márquez, al hacer sus propuestas sobre la Constituyente: “Se trata de fundar un verdadero Estado de Derecho”.
En el fondo, hay una tensión sin resolver, que afloró al inicio de las conversaciones sobre el tema agrario y luego pasó a un segundo plano, pero que ahora vuelve a primera fila. Mientras el gobierno aspira a discutir estrictamente lo que dicen los puntos de la agenda, las Farc promueven que se hable de cambios de fondo, de modelo.
Así lo ratificó el Secretariado, su máxima dirección, en un comunicado el pasado 7 de junio, explicando lo que esta guerrilla quiere del proceso: “No se trata de una incorporación de la insurgencia al sistema político vigente, así como está, sin que se opere ningún cambio a favor de las mayorías excluidas. ¿Entonces para qué fue la lucha? El mejor epílogo de esta guerra debe ser rubricado por cambios estructurales en lo político, económico y social”. SEMANA le preguntó a Andrés Paris, negociador de las Farc, si consideran la Constituyente un ‘inamovible’. “La Constituyente es la llave de la paz”, fue la respuesta (ver entrevista).
Por todas estas razones, el pulso en la discusión sobre la participación política se centra en la Constituyente. Todo muestra que las Farc lo consideran la vía idónea por dos razones.
En primer lugar, lo ven como el mecanismo que les permitiría blindarse jurídicamente frente a eventuales cambios de gobierno o de política en el futuro (el fantasma de la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos después de negociar con el gobierno de Álvaro Uribe planea sobre estas conversaciones). Por otra parte, es evidente en lo que ha dicho Iván Márquez y en declaraciones anteriores de los negociadores de esta guerrilla, que una constituyente es la vía para incluir en la agenda elementos de fondo de reforma política que el gobierno no planea discutir. Los reparos de la delegación oficial (ver artículo de De la Calle) muestran que la discusión es de fondo y que no será fácil llegar a un acuerdo en este punto crucial.
Y estas no son las únicas diferencias. Este ciclo comenzó en un ambiente enrarecido por la tensión entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, a raíz de la reunión del presidente Juan Manuel Santos con Henrique Capriles, el candidato perdedor de las recientes elecciones en el vecino país.
Las Farc hicieron fuertes declaraciones declarando el proceso “en el limbo” por este motivo y criticando el papel de Colombia en la Alianza del Pacífico, la búsqueda de acuerdos con la Ocde y la Otan y la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden a Bogotá como parte de una supuesta conspiración del imperialismo contra los gobiernos de izquierda en la región.
La tensión con Venezuela ha bajado y el enviado venezolano para los diálogos, Roy Chaderton, se reunió por separado con las delegaciones de las Farc y el gobierno para ratificarles la continuidad del apoyo de su país al proceso, pero este elemento perturbador subsiste.
Además, con su propuesta de aplazar las elecciones por un año, las Farc volvieron a insistir en algo que se está volviendo un mantra: “Nos preocupa ese molesto chasquido del látigo del tiempo y de los ritmos en manos del gobierno”, dijo Márquez.
Pese a que aplazar las elecciones fue rechazado por casi todos los sectores, puso de presente otra de las grandes diferencias entre el gobierno y las Farc: el ritmo del proceso. Mientras el primero aspira a llegar a un acuerdo final antes de que acabe 2013, la guerrilla ha sido insistentemente crítica con lo que llaman “una paz exprés”, y no descartan que los diálogos continúen hasta bien entrado 2014.
Todos estos elementos apuntan a que, en este ciclo de conversaciones, el segundo de los seis puntos en la agenda, el de participación política, va a convertirse en un gran pulso entre el gobierno y las Farc, centrado en el difícil tema de la Asamblea Constituyente. Del resultado de este enfrentamiento dependerán los pronósticos sobre la marcha y la velocidad del proceso de paz en Cuba.
Tomado de Semana
Se viene el primer gran pulso del proceso de paz. Si el tema agrario se mostró tan largo y complejo que luego de seis meses de negociaciones terminó en un acuerdo parcial, el de participación política puede ser aún más espinoso. A diferencia del agro, las partes arrancan de posiciones que no va
a ser fácil conciliar, sobre todo en un punto crucial.
Mientras las Farc insisten en la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente, el gobierno la rechaza rotundamente, como plantea el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, en un artículo especial para SEMANA en esta edición.
Estaba previsto que las conversaciones sobre el segundo punto de la agenda comenzaran el pasado martes 11. Las partes decidieron pasar la semana anterior trabajando por separado y reunirse nuevamente desde el 18 hasta el 25. Así, el debate sobre participación política solo arranca este martes 18. Y todo anuncia que va a ser el escenario del primer gran enfrentamiento en el proceso de negociaciones para poner fin al conflicto armado.
El punto de participación política consta de tres subpuntos: garantías para la oposición y los nuevos movimientos que surjan del acuerdo, incluyendo el acceso a los medios de comunicación; participación ciudadana y participación en la política a todos los niveles. Pese a lo escueto de la formulación, ya las partes han dejado ver que tienen interpretaciones muy distintas. Para el gobierno se trata de definir las modalidades y garantías para que las Farc pasen de las armas a la política legal. Para estas, por lo que han dicho, es mucho más.
El líder del equipo de las Farc, Iván Márquez, habló al comenzar el ciclo. Propuso aplazar las elecciones por un año para evitar que la negociación se vea “interferida por los tiempos electorales y los plazos legislativos”. Rechazó lo que llamó el “autoritario y rotundo no” del gobierno a la Constituyente, ratificó que esta es clave para las Farc y, por primera vez, detalló varios de los tópicos que aspiran a discutir allí (y que con toda probabilidad llevarán en la Mesa esta semana).
Además de lo que se acuerde en La Habana, el temario de la Constituyente debe incluir, según la guerrilla, seguridad jurídica para los excombatientes; segunda instancia para los congresistas y que estos puedan aspirar, por una vez, a otros cargos de elección popular; reforma a la Justicia; reordenamiento territorial, administrativo y fiscal; derechos y garantías para la oposición; elevar a normas constitucionales transitorias las políticas para el posconflicto y crear una comisión de la verdad, entre otros.
De la Calle, en una intervención minutos después fue claro y vehemente. Descalificó la idea de aplazar las elecciones. “Eso no va, una Constituyente no va”, dijo. Explicó que para el gobierno el debate de participación política será sobre la conversión de la guerrilla en movimiento político legal. En consecuencia, según él, debe hablarse de garantías para la oposición, que impidan que se repita el exterminio de la Unión Patriótica; de participación de las comunidades locales en las decisiones que les atañen y de participación democrática en general.
Desde el comienzo mismo de la ronda quedó, pues, claro que mientras el gobierno se limita a una interpretación estricta de los tres subpuntos, las Farc aspiran a poner sobre la mesa temas de fondo de participación política. Su propósito es ‘refundar’ un sistema que consideran corrupto y antidemocrático, como dijo Iván Márquez, al hacer sus propuestas sobre la Constituyente: “Se trata de fundar un verdadero Estado de Derecho”.
En el fondo, hay una tensión sin resolver, que afloró al inicio de las conversaciones sobre el tema agrario y luego pasó a un segundo plano, pero que ahora vuelve a primera fila. Mientras el gobierno aspira a discutir estrictamente lo que dicen los puntos de la agenda, las Farc promueven que se hable de cambios de fondo, de modelo.
Así lo ratificó el Secretariado, su máxima dirección, en un comunicado el pasado 7 de junio, explicando lo que esta guerrilla quiere del proceso: “No se trata de una incorporación de la insurgencia al sistema político vigente, así como está, sin que se opere ningún cambio a favor de las mayorías excluidas. ¿Entonces para qué fue la lucha? El mejor epílogo de esta guerra debe ser rubricado por cambios estructurales en lo político, económico y social”. SEMANA le preguntó a Andrés Paris, negociador de las Farc, si consideran la Constituyente un ‘inamovible’. “La Constituyente es la llave de la paz”, fue la respuesta (ver entrevista).
Por todas estas razones, el pulso en la discusión sobre la participación política se centra en la Constituyente. Todo muestra que las Farc lo consideran la vía idónea por dos razones.
En primer lugar, lo ven como el mecanismo que les permitiría blindarse jurídicamente frente a eventuales cambios de gobierno o de política en el futuro (el fantasma de la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos después de negociar con el gobierno de Álvaro Uribe planea sobre estas conversaciones). Por otra parte, es evidente en lo que ha dicho Iván Márquez y en declaraciones anteriores de los negociadores de esta guerrilla, que una constituyente es la vía para incluir en la agenda elementos de fondo de reforma política que el gobierno no planea discutir. Los reparos de la delegación oficial (ver artículo de De la Calle) muestran que la discusión es de fondo y que no será fácil llegar a un acuerdo en este punto crucial.
Y estas no son las únicas diferencias. Este ciclo comenzó en un ambiente enrarecido por la tensión entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, a raíz de la reunión del presidente Juan Manuel Santos con Henrique Capriles, el candidato perdedor de las recientes elecciones en el vecino país.
Las Farc hicieron fuertes declaraciones declarando el proceso “en el limbo” por este motivo y criticando el papel de Colombia en la Alianza del Pacífico, la búsqueda de acuerdos con la Ocde y la Otan y la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden a Bogotá como parte de una supuesta conspiración del imperialismo contra los gobiernos de izquierda en la región.
La tensión con Venezuela ha bajado y el enviado venezolano para los diálogos, Roy Chaderton, se reunió por separado con las delegaciones de las Farc y el gobierno para ratificarles la continuidad del apoyo de su país al proceso, pero este elemento perturbador subsiste.
Además, con su propuesta de aplazar las elecciones por un año, las Farc volvieron a insistir en algo que se está volviendo un mantra: “Nos preocupa ese molesto chasquido del látigo del tiempo y de los ritmos en manos del gobierno”, dijo Márquez.
Pese a que aplazar las elecciones fue rechazado por casi todos los sectores, puso de presente otra de las grandes diferencias entre el gobierno y las Farc: el ritmo del proceso. Mientras el primero aspira a llegar a un acuerdo final antes de que acabe 2013, la guerrilla ha sido insistentemente crítica con lo que llaman “una paz exprés”, y no descartan que los diálogos continúen hasta bien entrado 2014.
Todos estos elementos apuntan a que, en este ciclo de conversaciones, el segundo de los seis puntos en la agenda, el de participación política, va a convertirse en un gran pulso entre el gobierno y las Farc, centrado en el difícil tema de la Asamblea Constituyente. Del resultado de este enfrentamiento dependerán los pronósticos sobre la marcha y la velocidad del proceso de paz en Cuba.
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