Ecopetrol y los baldíos

Análisis

Tomado de Semana

Foto: Álvaro Cardona

Empresas desarrollan macroproyectos en terrenos que exceden la Unidad Agrícola Familiar. ¿Cómo hicieron?

El tema de los baldíos y la acumulación de los mismos está en la actualidad sobre el tapete por el debate Riopaila. Sin embargo, muchas empresas colombianas están explotando tierras que originalmente eran baldías en extensiones superiores a la denominada UAF (Unidad Agrícola Familiar) la cantidad máxima permitida en cada región del país, definida en términos de su fertilidad. 

Cada uno de estos inversionistas tiene una explicación diferente para justificar su macroproyecto, y lo que llama la atención es que en esta lista esté incluida Ecopetrol. 

Que ahora aparezca una operación de la principal empresa del Estado en una situación similar a la de los particulares confirmaría las complejidades del tema. Y precisamente en las diferencias entre el caso Ecopetrol y Riopaila pueden encontrarse algunas alternativas de solución al “chicharrón de los baldíos”, como lo llamó el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán.

Ecopetrol tiene a través de su subsidiaria Bioenergy un cultivo de caña de 11.400 hectáreas de extensión para producir etanol en el Meta, que ocupa una decena de fincas que anteriormente eran baldías. La UAF en esa zona es de 500 a 1.000 hectáreas. La mitad de las tierras incorporadas al proyecto no tiene ningún reparo pues son alquiladas y lo que se compró estaba dentro de los límites permitidos por la ley. Las discutibles son las 5.800 hectáreas que corresponden a 15 predios que hoy están a nombre de otros tantos patrimonios autónomos.

Un patrimonio autónomo, en términos simples, es un conjunto de bienes a los que la ley les da la capacidad de actuar y les reconoce derechos como si fueran personas. Según Aleck Santamaría de la Cruz, gerente de Bioenergy, cada patrimonio se constituyó bajo la figura denominada ‘fiducia de parqueo’ y no se hizo para evitar un tema de acumulación, pues, según él, en el periodo de la compra entre 2008 y 2011 “existía un vacío jurídico en la norma y esas operaciones en su momento tuvieron presunción de legalidad”. 

Como la compra de los terrenos de Riopaila se llevó a cabo durante esas mismas fechas, queda claro que cada una de las empresas inversionistas y sus abogados encontraron una fórmula diferente basada en ese vacío jurídico, y que ha llegado el momento de definir ese asunto.

Los patrimonios autónomos, según Santamaría, se constituyeron para beneficiar en términos tributarios al campesino que vendió las tierras, pues usualmente los precios con los que aparecen registradas en las escrituras están muy por debajo de los valores comerciales. Según él, si no hubieran utilizado esa figura, el impuesto que habría tenido que pagar quien vende la tierra por ganancia ocasional sería tan alto, que hubiera imposibilitado el negocio. 

La fiducia en parqueo permite que el valor del predio se reajuste cada año, y los gastos de impuestos que genera esta transacción están contra un dinero que queda congelado en el patrimonio autónomo,  que figura como dueño de la propiedad, por cinco años.

Es decir que se trata de una venta dilatada en el tiempo que le permite a Bioenergy tener el uso y el usufructo de la tierra, sin ser técnicamente el propietario. Aunque Santamaría justifica este mecanismo como una forma de evitarle al campesino un pago exagerado de ganancia ocasional, la verdad es que también le ha permitido a Bioenergy explotar una extensión de tierra superior a la UAF, sin violar la ley. Todos los proyectos de la altillanura se basan en fórmulas jurídicas que de una u otra forma permiten desarrollar la agroindustria con interpretaciones de la ley comparables a la de Ecopetrol. En ese caso la prestigiosa firma de abogados Posse-Herrera-Ruiz hizo la asesoría.

El caso de Ecopetrol es particularmente interesante por tratarse de una empresa del Estado con tres ministros en la junta directiva. Como varios grupos inversionistas están en situaciones parecidas, la semana pasada se conoció que el gobierno evalúa plantear al Congreso una ley integral para solucionar este problema. 

La discusión no será fácil pues por un lado están los enormes beneficios que han recibido esas regiones por la inversión de esos capitales y por el otro las diferentes interpretaciones jurídicas o las posibles irregularidades en que se pudo haber incurrido.