Comunicado
Por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Los hechos ocurrieron en medio de un diálogo entre el teniente coronel Cortés Rojas, comandante de batallón selva 54 y lideres de las comunidades de Apartadocito y Llano Rico, territorio de Curvaradó.
De acuerdo con el reporte, el pasado 27 de diciembre, el alto mando militar manifestó que detrás de los opositores a la instalación de una base militar en los territorios colectivos está la influencia del frente 5 y 57 de las FARC.
Agregó la fuente que el militar expresó que: "las FARC son las que pretenden sacar a la fuerza pública y a los empresarios".
Ante las denuncias sobre la construcción inconsulta de dicha base en territorios colectivos ocupados de mala fe por un empresario, el militar replicó que realizaron consultas a algunas comunidades, que el único que accedió a vender fue el empresario Darío Montoya y que la adquisición de esa tierra fue certificada por Incoder.
Preciso, luego de alabar las acciones del empresario que "todas las tierras que tiene Darío Montoya son legales.".
Un reciente informe del Incoder deja sin piso la afirmación del alto mando militar. Basado en pruebas técnicas esta entidad oficial definió la habitación de Darío Montoya como ocupante de mala fe.
En el mismo informe se confirma la veracidad de las denuncias de las comunidades sobre otros empresarios.
El Incoder determinó además de Montoya, que los empresarios Jesús Lopera Lopera, William de Jesús Ramírez Cataño, Carlos José Ríos Grajales, Carlos Eugenio Puerta Vélez, Claudia Angela Argote Romero y Luis Felipe Molano Díaz son poseedores de mala fe.
Una Sentencia de diciembre de 2009 del Tribunal Administrativo del Chocó ordenó la restitución efectiva y material de los territorios despojados y ocupado por empresarios, sin que hasta la fecha esta decisión judicial se haya cumplido.
En la reunión el efectivo regular increpó a Guillermo Diaz, reclamante de tierras del consejo comunitario del Llano Rico, Curvaradó, hermano del lider asesinado Argenito Díaz, por no conocer la denuncia que hizo la Comisión de Justicia y Paz con alguien de Llano Rico por la que se detuvo la construcción de la base militar
En diversas comunicaciones, miembros de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó manifestaron su desacuerdo con la construcción de base militar en el territorio colectivo.
De acuerdo con la información recibida, los militares realizaron grabaciones en audio de la reunión. Cuando los líderes solicitaron copias solo recibieron lo dicho por ellos sin copia de lo afirmado por el teniente coronel.
Recientemente una Comisión Internacional integrada por reconocidas organizaciones de Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Holanda, España y de la Comisión Ética de la Verdad verificaron preocupantes irregularidades sobre las que se pronunciaron.
Los agentes humanitarios conocieron de primera mano la situación anomala en la construcción de la base militar, la presencia paramilitar en la comunidad de El Guamo, las amenazas de muertes colectivas por parte de paramilitares a integrantes de las comunidades de Nueva Unión y Bijao Onofre; la ausencia de acciones efectivas para el destaponamiento del río Jiguamiandó;los daños ambientales provocados por Maderas del Darién en Santa Rosa de El Limón, la persistencia de cultivos de hoja de coca por ocupantes de mala fe.
A pesar que el alto gobierno conoce de estas situaciones nada eficaz se ha realizado para garantizar los derechos de las comunidades negras.
Por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Los hechos ocurrieron en medio de un diálogo entre el teniente coronel Cortés Rojas, comandante de batallón selva 54 y lideres de las comunidades de Apartadocito y Llano Rico, territorio de Curvaradó.
De acuerdo con el reporte, el pasado 27 de diciembre, el alto mando militar manifestó que detrás de los opositores a la instalación de una base militar en los territorios colectivos está la influencia del frente 5 y 57 de las FARC.
Agregó la fuente que el militar expresó que: "las FARC son las que pretenden sacar a la fuerza pública y a los empresarios".
Ante las denuncias sobre la construcción inconsulta de dicha base en territorios colectivos ocupados de mala fe por un empresario, el militar replicó que realizaron consultas a algunas comunidades, que el único que accedió a vender fue el empresario Darío Montoya y que la adquisición de esa tierra fue certificada por Incoder.
Preciso, luego de alabar las acciones del empresario que "todas las tierras que tiene Darío Montoya son legales.".
Un reciente informe del Incoder deja sin piso la afirmación del alto mando militar. Basado en pruebas técnicas esta entidad oficial definió la habitación de Darío Montoya como ocupante de mala fe.
En el mismo informe se confirma la veracidad de las denuncias de las comunidades sobre otros empresarios.
El Incoder determinó además de Montoya, que los empresarios Jesús Lopera Lopera, William de Jesús Ramírez Cataño, Carlos José Ríos Grajales, Carlos Eugenio Puerta Vélez, Claudia Angela Argote Romero y Luis Felipe Molano Díaz son poseedores de mala fe.
Una Sentencia de diciembre de 2009 del Tribunal Administrativo del Chocó ordenó la restitución efectiva y material de los territorios despojados y ocupado por empresarios, sin que hasta la fecha esta decisión judicial se haya cumplido.
En la reunión el efectivo regular increpó a Guillermo Diaz, reclamante de tierras del consejo comunitario del Llano Rico, Curvaradó, hermano del lider asesinado Argenito Díaz, por no conocer la denuncia que hizo la Comisión de Justicia y Paz con alguien de Llano Rico por la que se detuvo la construcción de la base militar
En diversas comunicaciones, miembros de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó manifestaron su desacuerdo con la construcción de base militar en el territorio colectivo.
De acuerdo con la información recibida, los militares realizaron grabaciones en audio de la reunión. Cuando los líderes solicitaron copias solo recibieron lo dicho por ellos sin copia de lo afirmado por el teniente coronel.
Recientemente una Comisión Internacional integrada por reconocidas organizaciones de Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Holanda, España y de la Comisión Ética de la Verdad verificaron preocupantes irregularidades sobre las que se pronunciaron.
Los agentes humanitarios conocieron de primera mano la situación anomala en la construcción de la base militar, la presencia paramilitar en la comunidad de El Guamo, las amenazas de muertes colectivas por parte de paramilitares a integrantes de las comunidades de Nueva Unión y Bijao Onofre; la ausencia de acciones efectivas para el destaponamiento del río Jiguamiandó;los daños ambientales provocados por Maderas del Darién en Santa Rosa de El Limón, la persistencia de cultivos de hoja de coca por ocupantes de mala fe.
A pesar que el alto gobierno conoce de estas situaciones nada eficaz se ha realizado para garantizar los derechos de las comunidades negras.
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