Análisis
Tomado de semana
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| El paro es la primera prueba de fuego para la ministra Ruth Stella Correa. |
El reclamo de los jueces no solo tiene que ver con una promesa que se les hizo hace 20 años, y aún hoy no se les ha cumplido, sino que deja al descubierto uno de los problemas estructurales de la justicia.
Sábado 3 Noviembre 2012
El paro de los jueces en Colombia comenzó el 11 de octubre y solo tres semanas después el país comenzó a preocuparse por él. Ese dato en sí mismo, que muestra el escaso interés que despierta la justicia en la agenda pública, ya da una idea del problema.
El tema del paro puede ser coyuntural y de hecho hay altas probabilidades de que se resuelva antes de terminar esta semana. Sin embargo, los detalles de por qué se llegó a él dan pistas de los problemas estructurales de la justicia en el país.
El tema del paro puede ser coyuntural y de hecho hay altas probabilidades de que se resuelva antes de terminar esta semana. Sin embargo, los detalles de por qué se llegó a él dan pistas de los problemas estructurales de la justicia en el país.
Las cúpulas de los tres poderes -gobierno, Congreso y cortes-- llevan ya diez años de tiras y aflojes tratando de hacer una reforma a la justicia que básicamente se ha intentado para ver cómo se vuelve a barajar el poder: a veces se proponen reformas que le recortan independencia a la justicia, otras veces el texto intenta blindar al Congreso e incluso, como en el último intento, se trata de dejar contentos a los tres. Pero a pocos de ellos se les ha ocurrido meterle el diente a la nivelación de salarios que se les prometió a los jueces, por ley, hace 20 años.
En 1992 fue expedida la Ley 4, que le da facultades al gobierno para fijar los salarios de los empleados públicos. Esta ley dice que el gobierno "revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad". Pero esa ley nunca fue reglamentada.
Las aspiraciones de los jueces de entonces, hace dos décadas, son las mismas de ahora. La brecha entre los salarios de la cúpula de la rama, es decir los magistrados de las altas cortes y los de la base, los jueces, es casi abismal. Mientras un magistrado puede ganar 22,1 millones de pesos, un juez de circuito o un juez municipal pueden ganar entre 6 y 4 millones de pesos, respectivamente.
Esa inequidad se ve en toda su extensión en casos de la vida diaria de la justicia. Por ejemplo, mientras al juez de circuito que le toca seguir las audiencias de un delincuente como Salvatore Mancuso y preparar y dictar el fallo le pagan 6 millones de pesos, a cada uno de los tres magistrados que revisan esa misma sentencia, en caso de que llegue a la Corte, les pagan 25 millones.
Para 1993, los empleados de la rama tenían salarios bajos, pero contaban con las cesantías retroactivas. Un beneficio gracias al cual no les consignaban cada año sus cesantías, sino que al final, en su retiro, se las daban con base en el último salario devengado. Ese año, el gobierno les ofreció renunciar a esas cesantías retroactivas a cambio de un incremento en el salario. Algunos funcionarios, la mayoría, se acogieron. Otros no.
En los años sucesivos el gobierno siempre esgrimía esa carta para decir que ya se había cumplido con la nivelación. Y los empleados de la justicia consideraban lo contrario. Para ellos había sido solo el cambio de un beneficio por otro. Y desde entonces, se dio una seguidilla de paros que el gobierno atemperaba con bonificaciones, primas adicionales y otro tipo de gabelas, pero nunca con la prometida nivelación. Uno de los paros más prolongados fue el de 2008, que duró 43 días.
Sin duda, la situación hoy es muy distinta. Los argumentos más recurrentes para negarles a los jueces el aumento (que ya se había cumplido la nivelación y que no había plata) se fueron a tierra con la polémica reforma a la Justicia, más conocida como el 'orangután'. Los directivos de Asonal insistían en estos días de paro: "En la reforma reconocían las dos cosas: que no se había hecho la nivelación y que sí había plata para hacerla. Entonces, ¿por qué no hay ahora?". A eso se suma una sentencia del Consejo de Estado, de diciembre pasado, que exigió que les nivelaran el sueldo a los magistrados de los tribunales hasta el 80 por ciento del salario de las altas cortes.
¿Qué tan bien pagos están o no los jueces del país? Comparativos internacionales muestran que el salario es de los más bajos del continente. En Ecuador, por ejemplo, un juez gana 8 millones de pesos colombianos frente a los 4,4 millones de un juez de aquí.
Como si eso fuera poco, un estudio que contrató el Consejo Superior de la Judicatura con una consultora externa llegó a la conclusión de que desde 1994 a la fecha el salario de los jueces, antes que ganar, ha perdido en términos reales casi un 20 por ciento. "En los últimos 17 años se presenta una pérdida de poder adquisitivo de los servidores judiciales equivalente al 1 por ciento anual y al 18,43 por ciento acumulado frente al IPC", dice el estudio de la Aaic (Agricultural Assessments International Corporation).
Ese mismo estudio hizo una propuesta para nivelar los salarios tanto de jueces como de empleados de la Fiscalía por 1,5 billones de pesos. Hace un par de meses, la Comisión Insterinstitucional de la Rama Judicial, conformada por los presidentes de las altas cortes y el fiscal general, les presentó el estudio a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y al presidente Juan Manuel Santos. Los dos, en un primer momento, la acogieron. Pero los jueces se llevaron una sorpresa cuando el gobierno presentó su proyecto de presupuesto para 2013 y no incluyó la nivelación salarial.
Cuando los trabajadores de la justicia se dieron cuenta automáticamente se declararon en paro. Y ahí comenzó el tira y afloje. Ellos llegaron reclamando los 1,5 billones de pesos sugeridos en el estudio y rebajaron sus pretensiones hasta 1,3 billones. El gobierno, por su parte, después de varias ofertas, el jueves pasado dejó sobre la mesa una que se acerca a los deseos de la rama: adicionar 1 billón 220.000 millones de pesos, por cuotas durante los próximos cinco años, es decir entre enero de 2013 y enero de 2018. Y los restantes 80.000 millones, dice, solo los podría incluir en el presupuesto de 2019.
Esos 80.000 millones se han convertido en el florero de Llorente y fueron motivo del rompimiento de las negociaciones. Los de Asonal exigen que se hagan efectivos en 2013 porque si bien ya los jueces tienen garantizados los recursos para comenzar a recibir su aumento a partir del año entrante, los 80.000 millones se necesitan para que los fiscales vayan parejos con ellos.
Las partes entonces se radicalizaron. La Contraloría terció en el asunto y dijo que si no se declaraba el paro ilegal se estaría incurriendo en un detrimento patrimonial de 63.000 millones de pesos, que corresponde al monto total de los salarios pagados a funcionarios que están en paro. El gobierno, que hasta entonces se había mostrado conciliador, desató una lluvia de solicitudes para declarar el paro ilegal. El Ministerio de Trabajo radicó una ante un tribunal en Yopal y ante la Corte Suprema. Esa declaratoria no es fácil, porque los jueces tienden a declararse impedidos.
A pesar de que se estén mostrando los dientes, todo indica que están ya cerca de un acuerdo. Y de hecho, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Correa, quien ha estado haciendo de mediador, convocó a una nueva reunión este lunes festivo con la idea de llegar a un acuerdo definitivo.
El hecho de que hayan pasado 20 años sin resolver este reclamo de los jueces dice mucho de por qué la justicia en el país está en crisis. Todas las comparaciones internacionales recientes califican al sistema judicial del país como ineficiente: ocupa el puesto 88 entre 142 países en la clasificación del Foro Económico Mundial (2011-2012), y el sexto lugar como la justicia más lenta en el mundo, según Doing Bussines (2011).
El último paro, el de 2008, finalmente se resolvió a la brava. El entonces presidente Uribe declaró el estado de conmoción interior para declarar una emergencia judicial que podía llevar al despido masivo de funcionarios.
El gobierno del presidente Santos ha mostrado la mejor voluntad de resolver el paro por las buenas, reconociendo los reclamos legítimos de los jueces. Eso es un buen comienzo para comenzar a reparar esa deuda histórica y para darle un timonazo a la verdadera columna vertebral de la democracia.
En 1992 fue expedida la Ley 4, que le da facultades al gobierno para fijar los salarios de los empleados públicos. Esta ley dice que el gobierno "revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad". Pero esa ley nunca fue reglamentada.
Las aspiraciones de los jueces de entonces, hace dos décadas, son las mismas de ahora. La brecha entre los salarios de la cúpula de la rama, es decir los magistrados de las altas cortes y los de la base, los jueces, es casi abismal. Mientras un magistrado puede ganar 22,1 millones de pesos, un juez de circuito o un juez municipal pueden ganar entre 6 y 4 millones de pesos, respectivamente.
Esa inequidad se ve en toda su extensión en casos de la vida diaria de la justicia. Por ejemplo, mientras al juez de circuito que le toca seguir las audiencias de un delincuente como Salvatore Mancuso y preparar y dictar el fallo le pagan 6 millones de pesos, a cada uno de los tres magistrados que revisan esa misma sentencia, en caso de que llegue a la Corte, les pagan 25 millones.
Para 1993, los empleados de la rama tenían salarios bajos, pero contaban con las cesantías retroactivas. Un beneficio gracias al cual no les consignaban cada año sus cesantías, sino que al final, en su retiro, se las daban con base en el último salario devengado. Ese año, el gobierno les ofreció renunciar a esas cesantías retroactivas a cambio de un incremento en el salario. Algunos funcionarios, la mayoría, se acogieron. Otros no.
En los años sucesivos el gobierno siempre esgrimía esa carta para decir que ya se había cumplido con la nivelación. Y los empleados de la justicia consideraban lo contrario. Para ellos había sido solo el cambio de un beneficio por otro. Y desde entonces, se dio una seguidilla de paros que el gobierno atemperaba con bonificaciones, primas adicionales y otro tipo de gabelas, pero nunca con la prometida nivelación. Uno de los paros más prolongados fue el de 2008, que duró 43 días.
Sin duda, la situación hoy es muy distinta. Los argumentos más recurrentes para negarles a los jueces el aumento (que ya se había cumplido la nivelación y que no había plata) se fueron a tierra con la polémica reforma a la Justicia, más conocida como el 'orangután'. Los directivos de Asonal insistían en estos días de paro: "En la reforma reconocían las dos cosas: que no se había hecho la nivelación y que sí había plata para hacerla. Entonces, ¿por qué no hay ahora?". A eso se suma una sentencia del Consejo de Estado, de diciembre pasado, que exigió que les nivelaran el sueldo a los magistrados de los tribunales hasta el 80 por ciento del salario de las altas cortes.
¿Qué tan bien pagos están o no los jueces del país? Comparativos internacionales muestran que el salario es de los más bajos del continente. En Ecuador, por ejemplo, un juez gana 8 millones de pesos colombianos frente a los 4,4 millones de un juez de aquí.
Como si eso fuera poco, un estudio que contrató el Consejo Superior de la Judicatura con una consultora externa llegó a la conclusión de que desde 1994 a la fecha el salario de los jueces, antes que ganar, ha perdido en términos reales casi un 20 por ciento. "En los últimos 17 años se presenta una pérdida de poder adquisitivo de los servidores judiciales equivalente al 1 por ciento anual y al 18,43 por ciento acumulado frente al IPC", dice el estudio de la Aaic (Agricultural Assessments International Corporation).
Ese mismo estudio hizo una propuesta para nivelar los salarios tanto de jueces como de empleados de la Fiscalía por 1,5 billones de pesos. Hace un par de meses, la Comisión Insterinstitucional de la Rama Judicial, conformada por los presidentes de las altas cortes y el fiscal general, les presentó el estudio a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y al presidente Juan Manuel Santos. Los dos, en un primer momento, la acogieron. Pero los jueces se llevaron una sorpresa cuando el gobierno presentó su proyecto de presupuesto para 2013 y no incluyó la nivelación salarial.
Cuando los trabajadores de la justicia se dieron cuenta automáticamente se declararon en paro. Y ahí comenzó el tira y afloje. Ellos llegaron reclamando los 1,5 billones de pesos sugeridos en el estudio y rebajaron sus pretensiones hasta 1,3 billones. El gobierno, por su parte, después de varias ofertas, el jueves pasado dejó sobre la mesa una que se acerca a los deseos de la rama: adicionar 1 billón 220.000 millones de pesos, por cuotas durante los próximos cinco años, es decir entre enero de 2013 y enero de 2018. Y los restantes 80.000 millones, dice, solo los podría incluir en el presupuesto de 2019.
Esos 80.000 millones se han convertido en el florero de Llorente y fueron motivo del rompimiento de las negociaciones. Los de Asonal exigen que se hagan efectivos en 2013 porque si bien ya los jueces tienen garantizados los recursos para comenzar a recibir su aumento a partir del año entrante, los 80.000 millones se necesitan para que los fiscales vayan parejos con ellos.
Las partes entonces se radicalizaron. La Contraloría terció en el asunto y dijo que si no se declaraba el paro ilegal se estaría incurriendo en un detrimento patrimonial de 63.000 millones de pesos, que corresponde al monto total de los salarios pagados a funcionarios que están en paro. El gobierno, que hasta entonces se había mostrado conciliador, desató una lluvia de solicitudes para declarar el paro ilegal. El Ministerio de Trabajo radicó una ante un tribunal en Yopal y ante la Corte Suprema. Esa declaratoria no es fácil, porque los jueces tienden a declararse impedidos.
A pesar de que se estén mostrando los dientes, todo indica que están ya cerca de un acuerdo. Y de hecho, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Correa, quien ha estado haciendo de mediador, convocó a una nueva reunión este lunes festivo con la idea de llegar a un acuerdo definitivo.
El hecho de que hayan pasado 20 años sin resolver este reclamo de los jueces dice mucho de por qué la justicia en el país está en crisis. Todas las comparaciones internacionales recientes califican al sistema judicial del país como ineficiente: ocupa el puesto 88 entre 142 países en la clasificación del Foro Económico Mundial (2011-2012), y el sexto lugar como la justicia más lenta en el mundo, según Doing Bussines (2011).
El último paro, el de 2008, finalmente se resolvió a la brava. El entonces presidente Uribe declaró el estado de conmoción interior para declarar una emergencia judicial que podía llevar al despido masivo de funcionarios.
El gobierno del presidente Santos ha mostrado la mejor voluntad de resolver el paro por las buenas, reconociendo los reclamos legítimos de los jueces. Eso es un buen comienzo para comenzar a reparar esa deuda histórica y para darle un timonazo a la verdadera columna vertebral de la democracia.
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