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Por Colombia 2020
Hernando Ramos Menza fue asesinado el pasado 6 de noviembre en Caldono (Cauca). Ese mismo día capturaron a una implicada y 19 días después había seis condenas por el hecho, perpetrado por integrantes de las disidencias de las Farc.
Hernando Ramos Menza participó en la siembra de setenta hectáreas de aguacate hass en la vereda Santa Rosa de Caldono (Cauca). En ese proyecto trabajan 240 exguerrilleros que, como él, hicieron parte de la columna móvil Jacobo Arenas de las extintas Farc. “Él tenía la esperanza de que trabajando en esa cooperativa algún día podría mejorar su calidad de vida, tener una casa”, recuerda Nancy Medina, quien enviudó el 6 de noviembre de 2020, tras cuatro años de convivencia con el excombatiente, que pertenecía a la comunidad indígena nasa.
Ese día, hacia las 11:30 a.m., Ramos estaba, junto a otros mototaxistas, esperando que le saliera una carrera. Él trabajaba de “motorratón”, como les dicen en el pueblo, porque el proyecto de aguacate hasta aún no ha dado su primera cosecha. Una señora le pidió que lo llevara a la vereda Santa Rosa y diez minutos después, cuando ella le estaba pagando, tres hombres abrieron fuego, Ramos la empujó para que ninguna bala la alcanzara y él recibió los disparos de fusil y pistola.
Alfonso Díaz, en ese momento gobernador del resguardo San Lorenzo del pueblo nasa, se enteró de lo sucedido a los pocos minutos. Se comunicó con el CTI de Santander de Quilichao (Cauca) y con la Policía para hacer el levantamiento. Como Ramos era del resguardo Pioyá (Caldono) y su asesinato ocurrió en territorio colectivo, las autoridades indígenas asumieron la investigación.
Lo primero que hicieron fue indagar con los mototaxistas quién había llevado a Ramos hasta el lugar del asesinato. Supieron que había sido la señora, cuya identidad nos reservamos porque fue un testigo clave. Las autoridades indígenas la capturaron ese mismo día y obtuvieron una confesión: ella sabía que lo iban a matar y hacía parte del plan, porque esa mañana le dijeron que tenía que llevarlo o, de lo contrario, secuestrarían a sus hijos.
Hernando Ramos Menza participó en la siembra de setenta hectáreas de aguacate hass en la vereda Santa Rosa de Caldono (Cauca). En ese proyecto trabajan 240 exguerrilleros que, como él, hicieron parte de la columna móvil Jacobo Arenas de las extintas Farc. “Él tenía la esperanza de que trabajando en esa cooperativa algún día podría mejorar su calidad de vida, tener una casa”, recuerda Nancy Medina, quien enviudó el 6 de noviembre de 2020, tras cuatro años de convivencia con el excombatiente, que pertenecía a la comunidad indígena nasa.
Ese día, hacia las 11:30 a.m., Ramos estaba, junto a otros mototaxistas, esperando que le saliera una carrera. Él trabajaba de “motorratón”, como les dicen en el pueblo, porque el proyecto de aguacate hasta aún no ha dado su primera cosecha. Una señora le pidió que lo llevara a la vereda Santa Rosa y diez minutos después, cuando ella le estaba pagando, tres hombres abrieron fuego, Ramos la empujó para que ninguna bala la alcanzara y él recibió los disparos de fusil y pistola.
Alfonso Díaz, en ese momento gobernador del resguardo San Lorenzo del pueblo nasa, se enteró de lo sucedido a los pocos minutos. Se comunicó con el CTI de Santander de Quilichao (Cauca) y con la Policía para hacer el levantamiento. Como Ramos era del resguardo Pioyá (Caldono) y su asesinato ocurrió en territorio colectivo, las autoridades indígenas asumieron la investigación.
Lo primero que hicieron fue indagar con los mototaxistas quién había llevado a Ramos hasta el lugar del asesinato. Supieron que había sido la señora, cuya identidad nos reservamos porque fue un testigo clave. Las autoridades indígenas la capturaron ese mismo día y obtuvieron una confesión: ella sabía que lo iban a matar y hacía parte del plan, porque esa mañana le dijeron que tenía que llevarlo o, de lo contrario, secuestrarían a sus hijos.
Por su parte, la Fiscalía investiga 238 homicidios de excombatientes. Aunque el ente investigador le aseguró a este diario que “se han esclarecido 117 asesinatos”, solamente hay 23 condenas. Preguntamos qué entendía esa institución por “esclarecimiento”, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. De los 42 casos en Cauca solo hay una condena de la justicia ordinaria.
El rápido accionar de las autoridades indígenas en Caldono fue un buen mensaje para los excombatientes que se reincorporan en ese municipio. “La comunidad rechaza ese tipo de cosas, entonces reaccionan y buscan una armonía entre la vida, la tranquilidad, la felicidad y la integración social de manera muy respetuosa”, resaltó Jean Carlo Moreno, representante legal de la Cooperativa Multiactiva Ecomún Esperanza del Pueblo (Coomeep), integrada por 435 exguerrilleros. “Somos garantes del proceso de paz”, agregó Díaz, quien también subrayó que las comunidades nasas de la zona facilitaron la tierra para la instalación de dos zonas veredales donde los excombatientes dejaron sus armas.
Esta semana, Nancy Medina volverá a su trabajo, que dejó tras perder a su esposo. “Siento un poco de alivio porque muchos casos quedan impunes, este no porque pertenecía a una comunidad indígena”, dijo. Quiere entrar al proyecto de aguacate en el que su esposo participó, para poder cosechar las frutas que él sembró y sostener a su hijo, de dos años y medio.
Al preguntarle al exgobernador por qué actuaron con tanta diligencia frente al asesinato respondió: “La vida humana no se discute”, una frase que aún no ha sido acogida en Colombia.
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