JEP recibió informe sobre violencia contra colectivos LGBT

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Tomada de El Tiempo

Por: William Moreno Hernández

Se trata del primer informe sobre este tema presentado en el tribunal de justicia transicional.

“Varias veces nos sacaron de espacios con armas de fuego; muchas veces fue mientras hacíamos actividades de integración dentro de la comuna. Nos sacaban porque, según ellos, no éramos dignos de estar en esos espacios”.

Así comienza el testimonio de un miembro de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín, cuyo relato quedó consignado en ‘Lo que perdimos’, un informe que la organización Caribe Afirmativo le entregó este martes a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la violencia contra colectivos LGBT en Antioquia en el marco del conflicto armado.

El informe aborda específicamente los casos de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín y el Colectivo LGBT de San Rafael.

Por medio de su iniciativa ‘Promoviendo la Paz’, Caribe Afirmativo, en compañía de Casa Diversa de la Comuna 8 y el colectivo Crisálida del municipio de San Rafael, adelantó un proceso de documentación de las múltiples violencias para visibilizar los impactos diferenciados contra colectivos LGBT, a partir de los casos ya reconocidos por la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) como sujetos de reparación colectiva.

Así, este informe, el primero sobre violencias contra sujetos colectivos LGBT presentado ante un tribunal de justicia transicional, describe los crímenes de lesa humanidad de persecución por prejuicios relacionados con las orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas de personas que integraban organizaciones con impacto social y político en su territorio.

Una de las principales conclusiones del informe es que se pudo evidenciar que “se trató de violencias utilizadas por parte de la fuerza pública y grupos paramilitares para lograr el control territorial y de la población, así como obtener legitimidad social con la ‘eliminación’ de los colectivos o con la ‘subordinación’ y el control de los cuerpos de sus integrantes. Todo esto como fines estratégicos para lograr ventaja militar en la guerra”.

Esas agresiones fueron cometidas en contextos de ataques sistemáticos contra la población civil, basados en prejuicios sexuales contra las víctimas y en su identidad colectiva. Estos hechos, asegura el informe, contaron con la participación determinante de los presuntos responsables, quienes tuvieron conocimiento de los ataques, y significaron privaciones graves a los derechos fundamentales.

San Rafael

“Acá ni los policías ni el Ejército ni los paramilitares nos querían”, asegura una de las víctimas del colectivo LGBT del municipio de San Rafael, quien también relata: “Nos decían: ‘No queremos pelos largos; queremos que se motilen, que se quiten aretes, que se despinten uñas’ (...) Nos decían: ‘Se pueden ir pa’ las casas. El día que los veamos, ahí mismo los matamos’. La Policía y el Ejército nos metían al calabozo y nos agredían por ser gais o travestirnos… y ya luego los paramilitares mataron a nuestro líder del colectivo y nos desplazamos varios por miedo”.

Según el informe, la población LGBT en San Rafael sufrió detenciones arbitrarias, agresiones físicas, amenazas, desplazamientos forzados, homicidios y sus respectivas tentativas por prejuicios.

Entre 1980 y 1990, por ejemplo, “la fuerza pública (Ejército y Policía Nacional) detenía arbitrariamente a las personas LGBT y las agredía físicamente durante dichas detenciones”.

Y años después, entre 1997 y 2001, los grupos paramilitares, con connivencia de la fuerza pública, ejercieron múltiples violencias (amenazas, desplazamiento forzados, homicidios) contra personas LGBT por considerar que estas “habían ‘transgredido’ un orden social y moral excluyente basado en prejuicios” y por “su pertenencia a un colectivo que promovía la diversidad sexual y de género”, la cual “para los actores armados significaba imaginarios negativos y estereotipos”.

Comuna 8 de Medellín

Una de las víctimas de la Mesa LGBT de la Comuna 8 relata que, en una ocasión, “(los agresores) entraron a uno de los lugares que nos prestaron para los eventos y nos agredieron. A un compañero lo golpearon mucho”.

Y añade: “Una de nuestras formas de protección era mantenernos juntos, casi unos 30, porque cuando estábamos solos ocurrieron ataques con piedras o bolsas con orines. Nos amenazaron y desplazaron a 3 de nuestros líderes de la Mesa LGBT. Hoy ya muchos no han vuelto a la comuna ni al proceso por miedo a que vuelva a ocurrir”.

En efecto, el informe da cuenta de cómo las personas LGBT de la Comuna 8 de Medellín sufrieron amenazas, desplazamientos forzados, violencias sexuales, homicidios, feminicidios y sus tentativas por prejuicios relacionados con sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

Según Caribe Afirmativo, entre 1997 y 2008, “grupos paramilitares, con connivencia de la fuerza pública, cometieron estas formas de violencia por prejuicio gozando de impunidad”. Sin embargo, aclara, “entre 2007 y 2014, a partir de la creación de la Mesa LGBT, estas formas de violencia empezaron a estar dirigidas contra sus integrantes”.

Esto último, dice, se debió, por un lado, a la orientaciones sexual, identidades y expresiones de género reales o percibidas de quienes integraban el colectivo. Y por otro, al “alto impacto social y político que estaba adquiriendo la Mesa LGBT, que le permitía apropiarse del espacio público y disputarse el poder político desde la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos”.

Una herramienta para la verdad

Desde Caribe Afirmativo manifiestan que, con este informe, se “busca resaltar las dinámicas diferenciadas en el marco del conflicto armado cometidas contra colectivos que simbolizaban la participación ciudadana, la defensa de los derechos humanos, la apropiación territorial y la disputa política desde la resistencia y los cuerpos de personas LGBT”.

Durante la presentación virtual de este martes, la magistrada Reinere Jaramillo resaltó que “este informe se convierte en una herramienta muy importante de verdad”. Y agregó que la labor de las organizaciones está “activando la memoria en un país en el que aún persiste la violencia”.

A su turno, la procuradora judicial Heidi Abuchaibe señaló que “este informe ayudará a determinar las responsabilidades de quienes actuaron de manera deliberada contra la población LGBTI. También nos permite honrar la centralidad de las víctimas, que es tan importante en estos procesos en la justicia transicional”.

A la fecha, son tres los informes presentados por Caribe Afirmativo ante la JEP. Dos informes presentados al caso No. 004 (Situación territorial de la región de Urabá), sobre violencias contra personas LGBT en la subregión de Urabá, y un informe sobre violencias contra personas LGBT en la subregión de Montes de María.