Ejército estaría involucrando comunidades en acciones estratégicas de guerra

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Por Prensa Rural

Tomado de Internet

Según denuncian organizaciones campesinas y sociales de la región, el ejercito y funcionarios de la alcaldía de Puerto libertador, están organizando reuniones en el corregimiento de Juan José en el marco de las denominadas zonas futuro, una estrategia de acción militar que pone a la población en el blanco de grupos armados irregulares que operan a sus anchas en la zona.

La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, la coordinación social y política Marcha Patriótica Córdoba y la fundación social Cordoberxia, señalaron que el viernes 3 de julio, el comandante del Batallón de Combate Terrestre número 23 de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, coronel Marco López, en compañía del secretario de Gobierno municipal de Puerto Libertador, Rafael Martínez, en medio de la Operación Artemisa, realizaron una reunión en la institución educativa Santa Teresita en el corregimiento de Juan José, donde desarrollaron una actividad cívico militar donde involucran a las comunidades campesinas en la acción militar denominada Vereda Futuro, que hace parte de una estrategia que las organizaciones consideran de guerra, denominada zonas futuro, que en realidad y jurídicamente son las zonas estratégicas de intervención integral.

Los procesos organizativos se pronunciaron frente a este tipo de actividades, que de ninguna manera son actos de reconciliación, ni de orden civilista, sino por el contrario son iniciativas de acción militar, que por lo tanto deben excluir a la población civil de su enfoque y de su accionar. Las organizaciones consideran que la puesta en marcha en el Sur de Córdoba de las zonas estratégicas de intervención integral pone en grave riesgo a los líderes campesinos y a los habitantes de las comunidades que participaron en estas actividades, ya que pueden presentarse represalias por parte de los grupos armados ilegales que operan en la región, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, Los Caparros o Caparrapos, el Bloque Virgilio Peralta o el nuevo Frente 18 de disidencias, que han señalado que estas son acciones de colaboración con las Fuerzas Militares.

Las organizaciones recuerdan que existe una resolución de la corte constitucional, la C-40 de 2020, donde se establece que se debe respetar la autonomía territorial y guardar coherencia al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y en este sentido la acción militar con cobertura cívica en la zona, no corresponde a esta concepción de lo que debe ser la articulación con las comunidades, y por el contrario involucran al campesinado en una situación donde los grupos armados los pueden señalar de espías o informantes del Ejército con consecuencia de retaliaciones trágicas para las comunidades.

También las organizaciones en su pronunciamiento denunciaron que el brigadier general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, públicamente ha expresado que las capturas y bajas en combate logradas en el Sur de Córdoba se han dado gracias a la red de participación cívica, lo cual se traduce en red de cooperantes o red de colaboradores con el Ejército. Este es un mensaje complejo, que agrava la situación de riesgo para la comunidad, ya que estas actividades desarrolladas en esta región, donde se está presentando una situación delicada, grave y de agudización del conflicto armado, pueden poner en alto riesgo a la población civil, lo cual se constituye en una infracción al derecho internacional humanitario involucrando a las comunidades en dinámicas de estrategia militar, violando el principio de distinción.

Las organizaciones sociales recordaron que han elevado exigencias ante la Defensoría del Pueblo, que se ha expresado con las alertas tempranas donde establece el grave riesgo que presenta el corregimiento de Juan José en Puerto Libertador y la amenaza latente contra las organizaciones campesinas y sociales Asodecas, Ascsucor, Cordoberxia, Funsap, Coccam y Anzorc, frente a lo cual no se ha implementado aún ninguna medida de protección colectiva por parte del gobierno departamental y municipal, simplemente la presencia elevada de unidades del Ejército, lo cual no se traduce en acciones específicas de protección a los líderes sociales ni a las comunidades.

Se conoció también que Arnobis Zapata, coordinador de Ascsucor, y presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y Andrés Chica, director de Cordoberxia, son beneficiarios de medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo no se ha generado ninguna situación de protección específica hacia estos dirigentes, referentes de las comunidades en la región.

Los procesos organizativos exigieron que las Fuerzas Militares no pongan en riesgo la vida de los habitantes del corregimiento de Juan José, ni de otras comunidades del Sur de Córdoba, por lo tanto piden a las Fuerzas Militares abstenerse de reunirse con líderes campesinos y organizaciones sociales en medio de acciones de tipo militar camufladas en acciones sociales. Las organizaciones solicitan también al brigadier general Juan Carlos Ramírez abstenerse a utilizar públicamente la figura de red de participación cívica, donde se está vinculando la sociedad civil y población civil no beligerante en acciones estratégicas y militares, involucrándolos en el conflicto armado. También solicitan al personero municipal y defensor comunitario de la Defensoría del Pueblo de Puerto Libertador, a la Defensoría del Pueblo y Procuraduría regional Córdoba, a que insten a la Alcaldía municipal y a las Fuerzas Militares a que no aumenten el riesgo sobre las comunidades y que sean garantes de la vida, sin involucrarlas como blanco de guerra. Las organizaciones sociales responsabilizaron al Batallón de Combate Terrestre 23, a la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles de la Séptima División del Ejército, y a la Alcaldía municipal, de lo que pueda ocurrir con la vida, integridad y libertad de los líderes campesinos así como los habitantes del corregimiento de Juan José y sus veredas aledañas.

La situación de las comunidades en medio del fuego cruzado entre los grupos que pretenden el control territorial y las Fuerzas Militares es sumamente complicada, han sido asesinados campesinos por los grupos irregulares y se han cometido presuntos falsos positivos, como el asesinato por parte del Ejército del campesino Luis Eduardo Garay en diciembre de 2018 y aun en la impunidad. Los pobladores de esta golpeada región, víctima de la violencia y la desidia oficial, solo esperan que el Estado cumpla con la implementación de los acuerdos de paz, y haga presencia con inversión social que transforme estas regiones, no hundiéndolas en la podredumbre de la guerra y el olvido.