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“Sabemos que las tropas de EE. UU. vienen a Colombia para provocar a Venezuela”: Rodrigo Londoño

Entrevista
Por El Espectador


El presidente del partido político FARC habló sobre el incremento de la erradicación forzada de cultivos de coca y sobre la petición de medidas cautelares ante la JEP y la CIDH para proteger a excombatientes.

Este lunes el partido FARC, en Colombia, le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que otorgue medidas cautelares colectivas para todos sus excombatientes, al argumentar que actualmente quienes apoyaron y firmaron el Acuerdo de Paz en 2016 enfrentan graves riesgos hacia su vida.

En medio de la pandemia y de serias amenazas a miembros del partido, su presidente, Rodrigo Londoño, conversó con la Agencia Anadolu sobre la importancia de que la comunidad internacional acompañe la puesta en marcha del Acuerdo de Paz. Londoño, quien en tiempos de guerra era conocido como Timochenko, también señaló que el Gobierno de Iván Duque pone en marcha estrategias guerreristas contra Cuba y Venezuela, que podrían aumentar la violencia en Colombia, justo cuando el país enfrenta la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19.

La ONU, en medio de esta pandemia global, ha hecho un llamado a los grupos armados del mundo para que hagan un cese al fuego, para permitir que las comunidades reciban asistencia sanitaria. Usted que pasó de las balas a las palabras, ¿qué les dice hoy a esos grupos sobre esta petición del cese al fuego?

Que se recoja ese llamamiento, pero es necesario que el Estado genere las condiciones. Por ejemplo, todo lo que se ha relacionado con el proceso con el ELN ha sido muy mal manejado, más bien se ha supeditado a intereses foráneos y se ha utilizado para intentar hacerle daño a Cuba, que tanto nos ayudó en la construcción de esta paz.

El Estado debe generar las condiciones para un cese, pero ahora el Gobierno está haciendo lo contrario. Autorizó la llegada del Ejército norteamericano a las zonas de conflicto con el cuento del narcotráfico. Una verdadera mentira. Una disculpa que no se la creen ni ellos. Sabemos que esas tropas de Estados Unidos vienen a Colombia en función de atacar a Venezuela y de generar una provocación con Venezuela, porque Estados Unidos quiere el petróleo.

¿Cómo ha impactado el coronavirus la implementación del Acuerdo de Paz?

El COVID-19 ha impactado no solo el Acuerdo, sino al mundo entero, especialmente a las sociedades como las nuestras, en donde se han destapado las inmensas desigualdades y los inmensos desajustes estructurales que existen.

¿Y en temas más específicos como el asesinato de excombatientes?

Ese es un tema que está al orden del día. Explicarle a la gente lo que está sucediendo con los asesinatos es sumamente difícil y complejo. Ya completamos 198 exguerrilleros y exguerrilleras asesinados y tenemos también este año 114 líderes sociales asesinados, personas que eran defensoras de la tierra y del medioambiente, etc. Eso genera un panorama sumamente difícil de entender y crea una situación sumamente compleja para la implementación de los acuerdos porque el asesinato genera miedo, genera desesperanza.

Conversando con el representante de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Alberto Brunori, yo le decía que, en buena medida, por parte de este Gobierno se viene incumpliendo lo acordado en La Habana en el tema de tierras, la reforma rural integral, el tema de la reforma política, las reglas del juego electoral. Nada de eso se viene implementando como se acordó en La Habana. Y en los demás puntos del acuerdo: la sustitución de cultivos de coca, por ejemplo, engañaron a la gente, no le han cumplido. Al contrario, implementaron la erradicación forzada.

¿Ante esto qué acciones le piden al Gobierno? ¿Qué creen que puede hacer?

Mostrar voluntad política. Aquí ha faltado voluntad política. Esta situación la previmos. Esto tuvo una larga discusión en la mesa de negociación en La Habana, donde el delegado nuestro era Pablo Catatumbo y el delegado por parte del Estado era el general Óscar Naranjo. Fueron largas sesiones entre los dos, que después llevaron propuestas para impedir que una situación de estas se fuera a dar. Lo preveíamos porque es mucha la gente que se resiste a la paz porque la guerra les da beneficios económicos, les da poder político. En la Habana se tomaron una serie de medidas, comenzando por la Comisión Nacional de Garantías, que la encabeza el señor presidente de la República y que no funciona. Este lunes le planteamos a la JEP la necesidad de que esa comisión funcione, pero que funcione dentro del espíritu y la letra de lo acordado en La Habana, para que marque una ruta en función de frenar los asesinatos.

Además, buscamos que la Comisión de Investigación de la Fiscalía, que también estaba determinada en los acuerdos de La Habana para que investigara todo lo que tuviera que ver con los asesinatos, también funcione y se le den los recursos necesarios para que trabaje y nos diga no solo quién mató a quién, sino quién está detrás de los asesinatos, quiénes son los autores intelectuales. Pero no hay voluntad política por una razón muy sencilla: algo que está incidiendo en el tema de los asesinatos es la estigmatización, y esa estigmatización está siendo fomentada e incluso implementada por funcionarios del mismo Gobierno colombiano.

El partido FARC ha enfatizado mucho en la necesidad de que la comunidad internacional ayude a poner en marcha el Acuerdo de Paz. ¿A qué instancias y mecanismos específicos está recurriendo el partido FARC para detener esos asesinatos?

Fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le planteamos las ideas de medidas cautelares; nos dieron una entrevista y les expusimos con detalle nuestras preocupaciones y la necesidad de implementar esas medidas cautelares que en Colombia han jugado un papel muy importante. Tuvimos receptividad. Sabemos que la Comisión tiene sus normas y tiene sus tiempos y estamos confiados en que se pronuncie afirmativamente.

Además, estos acuerdos están depositados en el Consejo de Seguridad de la ONU, ese fue uno de los aciertos más grandes que tuvimos en La Habana. Como un hecho histórico, el Consejo de Seguridad ha estado a favor de apoyar el Acuerdo por unanimidad en repetidas votaciones. Ha estado apoyado, monitoreando y trabajando en función de acompañarnos en este proceso. Yo en lo personal tengo mucha esperanza. También le estamos diciendo a la señora Bachelet que por favor nos escuche. Que así como se interesó tanto por Venezuela, se interese por Colombia, que aquí están asesinado a líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.

Los asesinatos y dilaciones en la puesta en marcha del Acuerdo de Paz pueden desmotivar a muchos excombatientes. ¿Está el partido unido internamente o hay facciones cercanas a las disidencias?

Ese argumento lo utilizan los que nos están asesinado y los que quieren que el proceso fracase para generar miedo, desconfianza, polarización y desesperanza. Los extremos, de derecha y de izquierda, coinciden en la idea de tratar de mostrar que el proceso de paz es fallido, pero no lo es. Lo que pasa es que toca pelearlo, toca trabajarlo y en eso necesitamos acompañarnos. Los que estamos metidos en el proceso entendemos eso y sabemos que es muy duro, pero venimos de una confrontación que también fue muy dura. No es cierta la tesis de que ahora está muriendo más gente que en la confrontación. En los últimos 10 años de la confrontación fueron muchos los hombres y mujeres que cayeron y que nosotros perdimos. Claro que eso no justifica los asesinatos que están ocurriendo ahora, tampoco.

Es decir, quienes retomaron las armas argumentando que es la mejor forma de protegerse están equivocados.

Lo cierto es que en medio de la confrontación asesinaban líderes sociales. En medio de la confrontación, estando nosotros en armas, mataron a 5.000 miembros del partido Unión Patriótica y nosotros prácticamente no pudimos hacer nada a pesar de que estábamos armados… eso lo dejaremos para que la historia lo diga mucho mejor, pero en lo personal digo que esa es una carga que llevamos: no fuimos capaces de responder desde el punto de vista militar y teníamos las armas en la mano. Entonces no, este es un problema estructural de la sociedad colombiana y necesitamos atacar las causas que generan la violencia.

Uno de los primeros temas que hay que resolver es el tema de la tierra y el tema de la sustitución de cultivos. Hay que exigirle al Gobierno la implementación del primer y cuarto punto de los acuerdos que es la sustitución de cultivos, factores generadores de violencia.

Hablemos de la justicia transicional. En las últimas semanas algunas víctimas se han quejado porque sienten que la FARC no toma responsabilidad ante la JEP específicamente en el caso de secuestros y de las acusaciones de violencia sexual. ¿Qué responde usted ante estas quejas?

Nosotros hemos respondido ante todos los requerimientos y siempre hemos brindado el apoyo a la JEP. Una de las cosas más hermosas que logró este acuerdo fue el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y siempre lo hemos apoyado. Incluso nos hemos abstenido de hacerle críticas para no darle elementos a quienes quieren acabar con ese sistema. De nuestra parte han tenido toda la colaboración. Pero también se manipulan informaciones. Hay siete casos ante la JEP y de ellos cinco tienen que ver con nosotros y hemos respondido.

En mi caso personal he estado respondiendo al 001, que es el de secuestros, y me llamaron para una audiencia sobre el 004. Entonces no es cierto que no hayamos respondido. Ah, que hay temas sumamente sensibles y complejos, claro que sí y la JEP los está manejando de acuerdo a los elementos de juicio porque estamos construyendo paz. Cuando estábamos en guerra se utilizaban estrategias para deslegitimar al otro y justificar su eliminación. A nosotros se nos acusó de muchas cosas que no son ciertas para eliminarnos.

¿Y ahora?

Ahora utilizar esas matrices de opinión no se justifica. Nosotros estamos a disposición de la JEP y no hay ningún tema vedado. Lo que sí sabemos es que hay temas sumamente complejos que tienen que analizarse dentro del contexto histórico. Nosotros hemos reconocido que secuestramos y además lo hemos reconocido como un error en medio de la confrontación, un sistema de financiación que no debimos haber usado, pero aquí en Colombia no solo nosotros secuestrábamos. Había otras bandas incluso grupos de policías, gente del Ejército y de los mecanismos de inteligencia que utilizó el secuestro para conseguir dinero. Entonces ahora nos quieren acusar de todo a nosotros y tampoco es cierto. Las cosas que se hayan dado dentro del conflicto estamos en toda la disposición de responder por ellas.

Pero las críticas han sido fuertes. La Corporación Mil Víctimas incluso llegó a pedir que se embarguen el 50% de los sueldos de los congresistas de la FARC y otros funcionarios públicos excombatientes porque no han presentado un plan concreto de reparación para las víctimas del caso de secuestros. ¿Qué piensa de eso?

Pero quien tiene que reparar a las víctimas es el Estado. Nosotros pusimos unos bienes a disposición del Estado y eso quedó en el acuerdo, para que los usaran en función de la reparación y la reincorporación. Hasta ahí nosotros respondemos por eso. Lo otro son manipulaciones e intentos de atacar el proceso y de hacer daño, que además no van a resolver ningún problema.


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