La comisión de seguimiento del acuerdo de paz presentó informe sobre el estado de la implementación

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Por Prensa Rural 

La comisión de seguimiento impulso y verificación a la implementación del acuerdo de paz componente FARC, CSIVI, del que hacen parte Rodrigo Granda, Jairo Estrada Álvarez y Ronald Rojas, presentaron junto al centro de pensamiento y diálogo político el informe titulado: “claves analíticas sobre el estado actual de la implementación”.

Después de haberse conocido el último informe presentado por el secretario general de las Naciones Unidas, sobre el trabajo de la misión de verificación en Colombia el pasado 26 de Marzo, se presentaron situaciones nuevas que afectan el escenario político y la misma implementación. La declaración de emergencia sanitaria por parte del gobierno en respuesta a la propagación del COVID- 19, la dinámica misma del desarrollo que se plantea frente a la verificación territorial en el marco de la segunda misión de Naciones Unidas se sitúan como ejes centrales que busca abordar este trabajo de investigación, que como lo anunció la CSIVI- FARC, busca aportar elementos de análisis para entender las tendencias más recientes del estado de la implementación del acuerdo.

El documento está estructurado en dos partes, un primer acápite donde se formulan distintas propuestas para identificar los rasgos más relevantes de la actualidad de la implementación del acuerdo firmado por el estado y la antigua organización insurgente, y la segunda, aborda un análisis del estado de la misma implementación. Este trabajo es ante todo una lectura crítica, frente a la política del discurso gubernamental que se opone al espíritu mismo el acuerdo, las tesis de paz con legalidad, la incorporación en el lenguaje del concepto de modificaciones al acuerdo, las expresiones reiteradas en esa dirección de funcionarios gubernamentales, y el encendido discurso los congresistas del partido de gobierno, son elementos que evidencian una intención de distanciamiento con el acuerdo mismo y revelan una tendencia cercana a la tesis planteada por el partido de gobierno de: “hacer trizas los acuerdos.

El trabajo investigación también logra ubicar, la ausencia de iniciativa gubernamental y continuidad en la política implementación, al no existir aportes al marco normativo por parte del gobierno, y desconocerse al mes de junio de este año, informe alguno, de la ejecución presupuestal del acuerdo además de los limitados informes de gestión de los avances de los programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET´S.

Por eso este documento, a partir de estos hallazgos, afirma que las dinámicas territoriales son distintas y contrarias a los propósitos de la implementación, ya que el tema territorial que está articulado íntimamente al espíritu del proyecto, se ha desdibujado y frente a los programas de desarrollo con enfoque territorial, han surgido nuevos elementos de miradas frente a la presencia real del Estado en los territorios, como las zonas especiales de intervención integral, conocidas como zonas futuro, que no están descansando sobre transformaciones profundas de las realidades socioeconómicas de las comunidades, sino del control del orden público como un elemento central, de lo que se considera desde la mirada del establecimiento: la llegada del Estado a las regiones.

La cuestión territorial se complejiza mucho más, plantea el documento, en el marco de la llegada de unidades especiales del ejército de Estados Unidos para apoyar lo que se denomina, “la guerra contra las drogas”, lo que sin duda va a agudizar y desatar graves conflictos en las regiones, que además, producto de venir desatendiendo sistemáticamente la implementación de escenarios tan importantes para el posicionamiento del acuerdo, y la reivindicación de las comunidades campesinas, como el Programa Nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito, PNIS, se está alentando un incendio que tendría hondas consecuencias en los territorios.

En este trabajo se logra establecer, que los Programas de desarrollo con énfasis territorial, se han venido desfinanciando, desgastando y desarticulando, ya que no han logrado consolidarse en las regiones donde solamente hay avances en un 65%. Se han identificado solo 16 regiones que han participado los procesos de gestión, pero no se encuentra articulación orgánica entre ellas, un eje fundamental concebido en el acuerdo. A pesar de ello el gobierno sigue impulsando en su discurso público que hay obras PDET, que hay avances exitosos en su impacto territorial, cuando realmente hay una tendencia a municipalizar los programas, y no a construir una red integral como estaba planteado en un principio en el marco de los acuerdos.

Un ejemplo de un eje central para encontrar las claves de la dificultad que atraviesa la implementación de los acuerdos, es la matanza de líderes y lideresas sociales y excombatientes. Se han acentuado los problemas de seguridad en los territorios, agudizado en el marco del contexto de la pandemia. Hay una crisis humanitaria, a partir de la continua violación de los derechos humanos de las comunidades que habitan los territorios, se puede afirmar que la matanza de líderes sociales, está íntimamente ligada con la no implementación del acuerdo de paz, especialmente el punto que establece el sistema integral de provisión de garantías y seguridad, que está previsto en el acuerdo, donde está consignado, el desmonte de las estructuras armadas criminales paramilitares, y evidentemente no habido avances sustanciales por parte del Estado.

En esa dirección, que expresa la incapacidad de garantizar la vida de los firmantes del acuerdo de Paz, por parte del Estado como compromisario, donde ya se contabilizan 201 personas asesinadas, amenazas, casos de desapariciones y desplazamiento forzado, individual y colectivo, en las regiones donde se encuentran ubicados los excombatientes y sus familias, el partido FARC ha tenido que acudir a solicitar medidas cautelares, por parte de la Comisión Interamericana de derechos humanos, para prevenir un nuevo genocidio político y dónde también se emitan medidas de amparo colectivo a la población de excombatientes.

El documento, describe todas las rutas que ha seguido el partido FARC para visibilizar esta situación, para buscarle salidas inmediatas y protección a la integridad y la vida de los líderes y lideresas sociales y firmantes de la paz, planteando la necesidad imperiosa de consolidar la mesa técnica de seguridad protección, que ha venido siendo debilitada en el marco de las funciones de la subdirección especializada de la unidad de protección. Es necesario, concluye el informe, poner en marcha el plan estratégico para lograr superar este tema; otro elemento que se menciona en el documento, es la manera como se ha venido afectando la reincorporación política a partir de matrices mediáticas construidas para evidenciar presuntos incumplimientos del acuerdo de paz por las FARC, y su organización política sucesora: el partido Fuerza alternativa Revolucionaria del común. En el informe se hace un seguimiento de medios, titulares de noticias, manejo de opinión desde plataformas mediáticas y opinadores, que desdibuja los avances reales del acuerdo, y desconoce los compromisos de los excombatientes en su cumplimiento, donde además, el mismo alto comisionado para la paz sugiere que la FARC, no contribuye de manera decidida al tema desminado humanitario, entrega de bienes y sys funciones y compromisos con la jurisdicción especial de paz, temas que no son consecuentes con la verdad y con el compromiso permantente y decidido del partido FARC.

Esta ofensiva mediática contra el acuerdo, se evidencia en los ataques permanentes contra la jurisdicción especial de paz, JEP, para desdibujar y deslegitimarla, en perspectiva de abrir una campaña que desarticula una institucionalidad de la paz tan importante y reconocida a nivel internacional, como la que se estructuró a partir de la firma de los acuerdos. Otra preocupación que se plantea en este documento, es que las instancias de seguimiento, impuso y verificación a la implementación, funcionan apenas a media marcha y de manera formal, sin tener una continuidad permanente o una articulación con las regiones. Se ha limitado el escenario de acompañamiento de los países garantes y el papel permanente de presencia de Naciones Unidas, el hecho de que no hayan reuniones continuas permanentes y regulares de seguimiento, denota la dificultad que representa el no funcionamiento de este espacio.

En la presentación los miembros de la CSIVI componente FARC, llamarón la atención referente a la preocupación con relación a la actitud inamistosa y desobligante del gobierno colombiano frente a Cuba como país garante, desconociendo su papel y además, contrastando con lógicas establecidas en el derecho internacional, dónde es inaceptable la actitud del gobierno colombiano de colocar contra la pared al país caribeño, que ha tenido un aporte fundamental en la construcción de la paz.

A pesar del complejo panorama, la CSIVI componente FARC, ratifica su compromiso con la paz a pesar de los ataques continuos contra el acuerdo y la violencia política, estos atentados perversos contra el acuerdo y los ignominiosos incumplimientos, no han hecho mella en el propósito de persistir en el tozudo propósito de lograr una paz estable y duradera.

El acuerdo de paz es un activo de la sociedad colombiana, construido para superar la tragedia de la guerra, pertenece a todas y todos y es menester defenderlo y acompañarlo, el estado debe honrar su compromiso con un acuerdo reconocido por la comunidad internacional y articulado a su institucionalidad, y velar por la vida y la integridad de miles de personas que se la jugaron por transitar por el camino de la paz, ojala el próximo informe rebele avances reales en este sentido.