El Orejón ya no está libre de minas explosivas: Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA

Noticia

Tomado de El Espectador- Colombia 2020

  

El más reciente informe de esta misión ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) alertó sobre la persistencia de minas antipersonales en esta vereda del municipio de Briceño, en Antioquia, declarada libre de minas en 2016, producto del acuerdo de paz con las Farc. Advirtió también sobre el reclutamiento forzado de menores de edad, el asesinato de líderes sociales y la reconfiguración del conflicto armado.

El Orejón, del municipio de Briceño (Antioquia), la vereda que fue declarada libre de minas antipersonales en 2016, como consecuencia del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, ya no está libre de estos artefactos explosivos que tantas víctimas indiscriminadas ha dejado en el país. 

El éxito de este plan piloto, anunciado en su momento con euforia por el Gobierno y las organizaciones, es hoy un fracaso. Este es uno de los hallazgos más novedosos y preocupantes del informe semestral que presentó este viernes el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) al consejo permanente a la misión internacional para la verificación, monitoreo y acompañamiento a procesos de paz en Colombia de esta organización.

Estas trampas explosivas persisten en vías terciarias donde suelen movilizarse tropas del Ejército Nacional en este municipio, poniendo en riesgo a personas de la comunidad, incluyendo menores que a diario transitan estas vías para asistir a sus actividades, dice la MAPP/OEA y detalla: “Se identifica con mayor afectación las vías de acceso al sector de la vereda El Orejón de este municipio, siendo un caso que reviste especial preocupación por haber sido parte del plan piloto de desminado humanitario acordado en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP; zona que, en el 2016, fue declarada libre de sospecha de minas”.

El documento de 35 páginas, conocido por este diario, alarma también sobre el incremento del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; el asesinato y amenazas de liderazgos, en especial de quienes han buscado la sustitución de la hoja coca en sus territorios; y la reconfiguración del conflicto armado y el impacto en los territorios de los grupos disidentes del proceso de paz, los grupos sucesores del paramilitarismo, las bandas criminales y la guerrilla del ELN.

Es precisamente “el accionar de estos grupos armados ilegales”, advierte esta organización multilateral, lo que está afectando el desarrollo del desminado humanitario en todo el país. “En particular, existe preocupación en las comunidades e instituciones de municipios como Mesetas y Uribe, en el departamento del Meta, por las amenazas que estos grupos armados hicieron a las organizaciones que adelantan dicho proceso. De igual forma, en San Vicente del Caguán y Milán en el departamento de Caquetá, y en Buenos Aires, Cauca, operadores de desminado humanitario suspendieron o modificaron sus operaciones por la amenaza de grupos disidentes de las FARC-EP”, dice el informe. Los hallazgos obtenidos corresponden al periodo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019, durante el cual la MAP/OEA realizó 1.251 misiones en terreno, en 594 centros poblados pertenecientes a 191 municipios de 20 departamentos del país.

Reclutamiento de menores se intensifica

Un capítulo a aparte merece el tema del reclutamiento de menores. Aunque no menciona cifras, el informe da cuenta de los escenarios donde actúan los armados:

“A partir del monitoreo, la Misión sigue identificando dinámicas de reclutamiento forzado y vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados ilegales. En relación con los territorios donde tiene presencia el ELN, se observa que los espacios escolares son utilizados para inducir u obligar a los menores a que formen parte de su organización, resaltando que la población que no tiene acceso a la educación es la más vulnerable; lo que se ha identificado en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Nariño, Arauca y la región del Catatumbo”, dice el documento.

Otros actores que también están reclutando menores son los grupos disidentes de las FARC-EP, quienes lo han hecho en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Guaviare, Meta, Putumayo, Cauca; y en la Costa Pacífica nariñense. Otros, con presencia en el departamento de Caquetá, continúan reclutando en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Solano, Milán y El Doncello, “situación que las comunidades y el Ministerio Público han visibilizado, generando el desplazamiento forzado de los personeros de Solano y Puerto Rico, tras las denuncias públicas que realizaron con ocasión al operativo realizado por la Fuerza Pública a finales del mes de agosto en San Vicente del Caguán”, resalta el informe. Y agrega que los grupos disidentes de las Farc también están reclutando en comunidades indígenas y afrodescendientes en municipios como Patía, Morales, Suárez, Timbiquí y Guapi en el Cauca; y Buenaventura y Jamundí, en el Valle del Cauca.

En la región del Bajo Cauca esta afectación la llevan a cabo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas Clan del Golfo por el Gobierno) las fuerzas militares, reseña el informe. Igualmente lo hace, se lee, en otros municipios del departamento de Antioquia como Apartadó, Chigorodó, Murindó y Vigía del Fuerte; en Riosucio y Alto Baudó, en el Chocó; y en el municipio de Leiva en Nariño. Los Caparrapos (o Caparros, como les dice el Gobierno), por su parte, han reclutado menores en el casco urbano de El Bagre, en zonas rurales y territorios colectivos de comunidades indígenas de Cáceres, al igual que en las áreas urbanas y rurales de Caucasia, Zaragoza y Tarazá, en Antioquia. El EPL mantiene la misma práctica en la región del Catatumbo.

Las funciones que les están asignando a estos menores al interior de los grupos armados, también fueron documentadas por la Misión. “El tipo de vinculación y el reclutamiento forzado varía según la edad, el género y la procedencia de las víctimas. En el caso de los varones, sus funciones al interior del grupo están ligadas con actividades de vigilancia, cobros de extorsión, transporte y actividades de tipo militar. Mientras que la mayoría de las niñas y adolescentes son vinculadas forzadamente para cumplir roles de reclutadoras de otros menores, siendo, además, víctimas de explotación y agresión sexual, características principales de los riesgos diferenciales de género”.

El asesinato de líderes sociales

El documento, contiene un capítulo aparte sobre el homicidio contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, “cuyos perfiles corresponden a líderes y lideresas comunales, autoridades indígenas, afrodescendientes, reclamantes de tierras, víctimas del conflicto armado y promotores de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que asumen un importante rol de reclamo, denuncia y visibilización en sus comunidades. Los ataques identificados se concentran en departamentos como Meta, Guaviare, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Caquetá”.

Sobre los líderes de sustitución y el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el informe trae duros cuestionamientos frente al abandono del programa en algunas regiones y el impacto que eso ha generado en las comunidades. “En municipios donde se previó que originalmente el PNIS ingresaría y finalmente no se implementó, o se firmaron acuerdos colectivos y la ruta no continuó, los liderazgos han perdido credibilidad de las comunidades quienes los consideran culpables de que el programa no avance, situación que agrava su estado de vulnerabilidad”, resalta el documento.

Estos casos se han presentado en lugares como Valdivia y Cáceres (Antioquia); en toda la subregión de Cordillera, Magüí Payán, Roberto Payán, El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé y Tumaco (Nariño); en San José del Palmar, Medio Baudó y Medio San Juan (Chocó); y en López de Micay, Guapi, Argelia, Balboa, Mercaderes, Corinto, Morales, Cajibío, Suarez Buenos Aires, Patía, Almaguer y Bolívar (Cauca).

De hecho, resalta el escenario de peligro al que están expuestos estos líderes que impulsaron la sustitución voluntaria y que luego quedaron con los brazos cruzados. “La promoción que ejercieron líderes y lideresas para que las comunidades se acogieran al programa, el acompañamiento que brindan a quienes realizan labores de sustitución y las negativas para realizar acciones de resiembra o para fungir como comercializadores de la hoja de coca o de la pasta base, se configuran como los principales factores de riesgo. La labor de líderes y lideresas también se ha visto afectada debido a que son reconocidos como propulsores del PNIS, siendo víctimas de amenazas por la falta de respuesta en casos de suspensión o de exclusión del programa”.

Por otro lado, el informe desataca los avances en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), algunos planes para proteger a los líderes sociales y el papel de la sociedad civil en la paz territorial y la no repetición: “La Misión de la OEA reconoce la labor del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia que se encuentra en funcionamiento con 68 miembros de Sociedad Civil y 35 miembros de institucionalidad nombrados. Durante el segundo semestre de 2019 se celebró una sesión plenaria, 7 sesiones del Comité Nacional de Paz y reuniones de la subcomisión operativa y comisiones permanentes de Educación, Pedagogía, Arte y Cultura; Paz Territorial; y Veeduría y Garantías de No Repetición”.

Finalmente, el informe realiza varias recomendaciones sobre el Acuerdo de Paz, en las que está la importancia al acceso a la justicia. “Valoramos los esfuerzos adelantados por el Estado colombiano tendientes a fortalecer el desempeño de la justicia a través de la creación de nuevos juzgados, permanentes o de descongestión, la instalación de equipos tecnológicos para realizar audiencias virtuales, y la reactivación de los modelos de Justicia Local y Rural”.

Sin embargo, la Misión pide profundizar en este punto porque los grupos armados ilegales continúan ejerciendo y administrando justicia de facto, sobre todo en áreas rurales: “en estos territorios existe una precaria presencia institucional e inconvenientes para acceder al sistema judicial, ya sea por las distancias entre zonas rurales y centros urbanos, las dificultades geográficas, o la imposibilidad de los operadores de justicia para llegar a todos los territorios por la situación de inseguridad que se vive en ellos. Esto da lugar a que los grupos armados ilegales impongan medidas, restricciones y disposiciones, con el fin de regular el comportamiento social y asegurar, entre otros, el mantenimiento de sus economías ilegales”.