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Tomado de Prensa Rural
Desde el pasado fin de semana, cientos de campesinos en el norte del departamento de Antioquia, se movilizan desde Anorí hacia el municipio de Campamento, para declararse en refugio humanitario.
Son familias campesinas inscritas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos, PNIS, y han decidido desarrollar esta movilización, para exigir el cumplimiento del programa, y rechazar las declaraciones del gobierno, donde asegura, que el programa esta desfinanciado, mientras los campesinos señalan que los recursos los han dirigido a las zonas futuro, y al programa denominado: “hechos a la medida”, inversiones que nunca han sido consultadas con las comunidades y que deslegitiman la construcción de acuerdos comunitarios en la región.
Esta movilización se enmarca en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos de paz, especialmente los puntos, uno sobre reforma rural integral, y 4 que aborda el tema de los cultivos ilícitos, como un tema que exige concertación social y políticas para sacar al campesinado de la pobreza extrema. La Asociación campesina del norte de Antioquia, ASCNA, la Asociación de campesinos en vía de extinción, ASCAVEX, las juntas de acción comunal de la región, y la comisión de derechos humanos de Marcha Patriótica de Antioquia, también han advertido, en un pronunciamiento conocido en el marco de la movilización, sobre la grave situación humanitaria desatada por la presencia de hombres armados de la fuerza pública, ejército y ESMAD, en la zona, que abiertamente atentan contra la seguridad, el bienestar, y el buen Vivir del campesinado.
Los campesinos levantan también en sus argumentos para movilizarse, la repulsa frente al asesinato del campesino Ariolfo Sánchez Ruiz, quién fue asesinado el pasado 20 de mayo en el municipio de Anorí, por miembros del ejército, como lo ha denunciado la comunidad campesina de la región. Las mujeres y hombres labriegos de la región del norte de Antioquia, tomaron esta decisión, a partir de los incumplimientos permanentes del gobierno a los acuerdos construidos con las comunidades, y a los atropellos de los que ha sido víctima la población campesina, hacen un llamado al acompañamiento y la solidaridad, para garantizar evitar cualquier agresión y vulneración, o violaciones de los Derechos Humanos contra las comunidades campesinas que están movilizando desde del municipio de Anorí, y hacen un llamado al ministerio público, para que sea garante de los derechos y garantías de las, y los manifestantes.
Esta movilización campesina, plantea que como imperativo, se construyan escenarios de diálogo, que permitan abrir una ruta donde al centro está la implementación de los acuerdos, y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos con las comunidades campesinas. Los campesinos reafirman su férrea voluntad por avanzar en la sustitución voluntaria cultivos de uso ilícito, pero también, son testigos del aplazamiento permanente y la falta de voluntad política del gobierno encabezado por Iván Duque, en tanto cumplir las definiciones de los acuerdos y los temas que impactan directamente a la población del campo. La situación socioeconómica, y la realidad de estas comunidades, que se encuentran a la deriva en regiones donde no hay vías de acceso, donde no hay servicio de salud, ni alternativas económicas, hacen que se vean abocadas a la siembra de cultivos de uso ilícito, y por tanto requieren alternativas claras para poder superar esta situación, no puede ser la salida al problema de las drogas ilícitas una guerra permanente, con presencia de tropas extranjeras que agudizaran el conflicto e incendiara la región, potenciando la confrontación eterna que afecta a los más vulnerables. Solo el dialogo y la implementación de los acuerdos son la ruta.
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