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Por El Espectador
La decisión de investigar este territorio sagrado de los emberas chamíes se tomó dentro del marco del trámite de las medidas cautelares solicitadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en el que la JEP pretende el cuidado, la protección y la preservación de 17 lugares donde habría posibles víctimas del delito de la desaparición forzada.
Aparte de Dabeiba, el proyecto Hidroituango y la Comuna 13 de Medellín, en Antioquia, y cementerios en San Onofre (Sucre), ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pondrá su lupa sobre el resguardo indígena de San Lorenzo, en Caldas, para estudiar si protege o no este lugar donde habría personas dadas por desaparecidas.
Así lo determinó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, que actualmente adelanta el trámite de las medidas cautelares solicitadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) sobre 17 lugares donde habría posibles víctimas del delito de desaparición forzada.
De acuerdo con la JEP, según la información recabada por la Sección, “la Fiscalía General de la Nación, por órdenes del Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Pereira, realizó prospecciones en dicho territorio en 2016, recuperando cuerpos esqueletizados de seis personas dadas por desaparecidas. Dicha instancia explicó que, previo a tales labores y en conjunto con las autoridades indígenas, estableció una lista de 50 personas desaparecidas pertenecientes al pueblo indígena Emberá Chamí que habita el Resguardo de San Lorenzo, ubicado en los municipios de Riosucio y Supía, Caldas”.
Otras instituciones como la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), la Defensoría del Pueblo y la Personería municipal de Riosucio reportaron años atrás que también han recibido denuncias o casos sobre víctimas de desaparición forzada, que en total sobrepasan 70 personas, cuyos cuerpos pudieran reposar en dicho territorio.
Teniendo en cuenta que en la región donde se ubica el resguardo indígena de San Lorenzo operaron diferentes grupos armados, entre ellos las Farc-EP, el EPL y el Bloque Cacique Pipintá de las AUC (con influencia en los municipios de Riosucio y Supía, y en municipios vecinos de los departamentos de Risaralda y Antioquia), la JEP consideró que en el resguardo indígena de San Lorenzo pueden existir más cuerpos de personas dadas por desaparecidas y que las posibles víctimas pueden pertenecer también a otras localidades vecinas al territorio indígena, dentro y fuera del departamento de Caldas.
Es por esto que, con el fin de dar respuestas a las víctimas, a través del Auto AT055 de 2020, la Sección solicitó información adicional a la Sala de Reconocimiento de la JEP y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) sobre personas dadas por desaparecidas en siete municipios de los departamentos de Caldas, Antioquia y Risaralda.
Además, ordenó el reconocimiento de los posibles lugares de inhumación en el resguardo de San Lorenzo. sin embargo, la diligencia fue aplazada por razón de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con motivo de la pandemia del COVID-19. La diligencia será reprogramada una vez existan condiciones para su realización.
En el resguardo San Lorenzo habitan más de 11.000 personas de los emberas chamíes en 22 comunidades, como Agrovillas, Lomitas, Buenos Aires, Aguas Claras, entre otras. Hace dos años, este diario reportó la preocupación de esta comunidad por el "desequilibrio por los muertos sin despedida, una situación descontrolada desde hace muchos años". En las más de 6.000 hectáreas que componen su territorio ancestral, según los indígenas, hay por lo menos 15 fosas comunes. ¿Quiénes están inhumados? ¿De qué manera murieron? Nadie lo sabe. Ni la URT, ni la Fiscalía ni la comunidad. Eso sí, en varias ocasiones han pedido ayuda de la justicia para investigar los hechos e identificar los cuerpos.
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