“La UNP no está protegiendo a quien debe proteger”: representante Racero

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Por El Espectador

La afirmación se dio durante el debate de control político a la ministra del Interior y al director encargado de la Unidad Nacional de Protección por el continuo homicidio de líderes sociales. El Gobierno aseguró que sus esfuerzos están volcados en proteger a esta población.

El representante David Racero aseguró que en la UNP no se estaría protegiendo a los líderes sociales por favorecer a cercanos al gobierno. Archivo El Espectador

La situación de los líderes sociales en el país no ha cambiado en lo que va de la cuarentena. Las cifras de asesinatos siguen en aumento y, según Indepaz, son 25 los homicidios a esta población durante el aislamiento. Es en este panorama que los representantes Neyla Ruiz, Abel David Jaramillo y David Racero citaron a un debate de control político a la ministra del Interior, Alicia Arango, y al director encargado de la Unidad Nacional de Protección, el viceministro Daniel Palacios, para que dieran cuenta de la acción para la preservación de la vida de los líderes sociales.

El debate se inició con la intervención de la representante de la Alianza Verde Neyla Ruiz. “A nuestros líderes sociales los hemos dejado solos frente a los grupos armados. También a sus familias”, dijo la congresista, quien cuestionó al Gobierno si el país estaba ante una nueva ola paramilitar. Por último, la congresista le preguntó directamente a la ministra Arango sobre la identidad de la Águilas Negras y sus miembros ante el aumento de amenazas firmadas por este supuesto grupo paramilitar.

Abel David Jaramillo, representante por la circunscripción indígena, se centró en la situación de los pueblos originarios frente a la acción de los grupos armados. Según Jaramillo, hay actualmente 1.500 indígenas desplazados y 19 homicidios por parte de los grupos armados, de los cuales 8 sería por omisión del Estado directamente. Asimismo, Jaramillo indicó que hay 46 líderes amenazados y 17 amenazas colectivas.  Para finalizar la intervención, Jaramillo llamó la atención sobre la interinidad de la UNP y pidió que se le asigne un doliente que dirija la institución y “defienda la vida”:

El grueso de las denuncias fue hecho por el representante de la lista de los Decentes David Racero, quien comenzó preguntando cuál será la forma en la que la unidad reestructurará su gasto durante la contingencia por la pandemia. A renglón seguido, apuntó que en la cuarentena se siguen asesinando líderes sociales, a pesar de las supuestas restricciones en la movilidad.

“La UNP no está protegiendo a quien debe proteger y está protegiendo a quien no debe proteger”, fue la tesis principal de la denuncia de Racero, al asegurar que gran parte del asesinato de líderes sociales parte de la no protección por parte de la UNP.

Racero reveló que en los últimos casos de homicidios a esta población, 16 de ellos habían solicitado protección. Sin embargo, de acuerdo con los datos entregados por el representante, solo cuatro tenían alguna medida de protección, mientras que el resto no contaban con esquema o no había ha sido asignado a pesar de que figuraban con un riesgo extraordinario. En este punto, el citante aseguró que gran parte de la responsabilidad de esta situación es que se estaban entregando esquemas a personas que no lo necesitaban.

“Hay una correlación directa entre la no entrega de esquemas a líderes sociales y la asignación a funcionarios y allegados que no deberían recibir esta protección”, declaró Racero, quien ilustró la situación con la entrega células de seguridad a congresistas. Mientras que actualmente hay 521 camionetas para representantes y senadores, 477 camionetas han sido destinadas a la protección de líderes sociales. “No niego que senadores como Petro y Uribe necesiten esquemas, pero pongo en duda que la gran mayoría necesitamos protección”, agregó.

En este apartado, también mencionó que no debería haber entrega de esquemas a miembros del Consejo Nacional Electoral o del Concejo de Bogotá, pues, a su consideración, no tienen el riesgo que los líderes sociales tienen al estar directamente expuestos a la acción de los violentos.

Sobre el cabildo capitalino, Racero llamó la atención que, desde que la UNP tiene un convenio con la corporación local, el número de esquemas aumentóexponencialmente. Mientras que en 2012, antes de la formalización del convenio, era de tres esquemas, actualmente la cifra llega hasta los 45. Además, aseguró que en la Defensoría no figura ninguna denuncia de amenazas contra concejales.

Por último, el representante apuntó a que hay casos en los que se asigna el esquema por cercanía ideológica con el gobierno y no por un verdadero riesgo. En este punto mencionó los casos de María Claudia “Caya” Daza, Poncho Zuleta y Abelardo de la Espriella. Sobre la primera, que hasta hace un tiempo fue cercana del uribismo pero cayó en desgracia por el escándalo de José Guillermo Ñeñe Hernández, Racero aseguró que recibió el esquema tan solo por denunciar que su vida corría riesgo porque se reunió con personas que luego fueron amenazadas.

En el caso del cantante vallenato, supuestamente recibió la protección luego de denunciar algunas llamadas intimidantes. “Mientras que una líder social que presentó denuncias por hechos similares le dijeron que no es suficiente”, denunció el representante, que llamó la atención sobre la supuesta falta de acción ante las denuncias de amenazas del periodista Daniel Mendoza, contradictor del expresidente Álvaro Uribe.

Según el citante, estos hechos demuestran que el director de la UNP para ese momento otorgó los esquemas a dedo, sin pasar por todo el protocolo necesario. Este tipo de asignaciones sin realizar el respectivo estudio de seguridad y análisis de riesgo vendría en aumento entre 2016 y 2019.

Ante los cuestionamientos hechos por los representantes, la primera en intervenir fue la ministra del Interior, quien respondió que desde su cartera s está “trabajando para reaccionar más rápido”. Además, aseguró que se ha aumentado la presencia de la UNP en zonas difíciles como lo son Quibdó, Tumaco, Mocoa y Cúcuta.  

Por otro lado, destacó que el 69 % de las personas con esquema de protección son líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por esta misma línea descargó la primera responsabilidad en los mandatarios locales: “Son ellos los que tienen la información de primera mano y los que tienen que denunciar”.  

Arango dio unas cifras diferentes en cuanto al asesinato de líderes sociales, puesto que, aseguró, el Ministerio del Interior se guía por las estadísticas de la Fiscalía y el Cuerpo Elite de la Policía. Según estas bases de datos, en el país solo se habría asesinado a 25 líderes sociales en 2020 y hay 33 casos más que están por determinarse.

Por último, mencionó que frente a estos temas existe una articulación con la Fuerza Pública que ha sido importante, “pero no es suficiente y no es lo que se necesita”. La ministra agregó que el país no puede olvidar que el asesinato de líderes sociales es un tema que tiene que ver con la mineria y el narcotráfico.

Las zonas donde están matando a líderes “son corredores que tiene el narcotráfico y que hoy en día están llenos de cultivos de coca. Los campesinos que siembran coca no están dejando erradicar de forma voluntaria y están creando problemas de orden público. Los líderes son personas que están de acuerdo con la sustitución de cultivos y por eso los han asesinado”, dijo Arango, que concluyó: “nosotros estamos al máximo tratando de proteger los derechos humanos. Por eso hemos pedido las aspersión con glifosato”:

A su turno le siguió Daniel Palacios, viceministro del Interior y actual director encargado de la UNP. “Esa tesis no está acorde con lo que está manejando la UNP. Se está aumentando la cantidad de presupuesto por la cantidad de protección que se está exigiendo”. De esta manera rechazó la tesis del representante Racero.

Palacios aseguró que actualmente el 69 % de los protegidos por la Unidad son líderes sociales (4.600 de un total de 7.222 protegidos). “No es cierto que la UNP funcione para políticos y los supuestos amigos del director y gobierno de turno. Todo colombiano que esté amparado por el decreto recibe su protección”, contestó ante las acusaciones el viceministro.

“El director solo actúa de acuerdo con lo que dice el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem)”, declaró Palacios, y aseguró que el tema de la Caya Daza fue un trámite de emergencia por tres meses, pero que el Cerrem le hizo el desmonte del esquema porque no encontró el peligro suficiente para asignarle la protección.

Sobre el caso del periodista Daniel Mendoza, el funcionario reveló que ya tiene esquema de emergencia, pero es el protegido el que ha dicho que no es suficiente, a pesar de lo determinado por el Cerrem. En cuanto a las acusaciones por el Concejo y la Congreso, el director encargado aseguró que no hay ningún lío pues las dos corporaciones son las que asumen el costo de los esquemas.

De igual manera, aseguró que el mayor problema que tiene la UNP es que no están denunciando, pues solo el 9% de los líderes asesinados en el país tenía una ruta de riesgo conocida por la entidad. Por esta razón, Palacios aseguró que se van a priorizar los casos de líderes y se van a sacar a 30 analistas de seguridad de Bogotá para que hagan los estudios en terreno.

“Es muy claro decir quiénes son objeto de protección por parte de la UNP, y ya lo mencionó el representante. Algunos, como son los congresistas, está establecido por ley que tienen derecho a esa protección. Sin embargo, a los congresistas igual también se les hace un estudio de riesgo, y de ahí se emite una resolución con su esquema de protección. Ahora bien, si bien es obligación de la UNP generar esa protección, el Congreso de la República hace pagos de los esquemas de protección que hoy tienen los honorables congresistas y esos convenios para que seamos claros, no le generan costo a la UNP”, argumentó Palacios.

Sobre el Concejo de Bogotá, explicó que había un convenio de unos 2.200 millones de pesos.  “En este momento, son 19 concejales de la ciudad que tienen un riesgo extraordinario que salió valorado por todo el proceso que ya he mencionado ahoritica. Faltan unos concejales todavía que aún están en ese estudio de riesgo que pasará por todo el proceso que hemos definido, pero también quiero hacer claridad. Yo creo que, si hay una molestia con el Concejo de Bogotá haga (…) es importante que se lo manifiesten al Concejo de Bogotá. El convenio se hace a solicitud del Concejo de Bogotá, los estudios de protección se hacen a solicitud de los concejales”.