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Por Prensa Rural
Decenas de familias campesinas de la vereda Santa Lucía, del municipio de Ituango, se desplazaron las noche del día de ayer martes 12 de mayo hacia el ETCR, Espacio territorial de capacitación y reincorporación, Román Ruiz, donde se encuentra población excombatiente de la antigua guerrilla de las FARC en proceso de reincorporación y sus familias.
Las comunidades se vieron obligadas a refugiarse en el espacio, donde el colectivo de reincorporados prestó solidaridad y cobijo a las familias, compuestas por varios niños y adultos mayores, que producto de los inminentes combates entre la fuerza pública y grupos armados, que ponen en grave riesgo a la población civil, se vieron obligadas a salir de sus hogares, dejando abandonadas sus pertenencias, animales, y hogares.
La Asociación de Campesinos de Toledo, Norte de Antioquia, había denunciado desde la semana anterior, explosiones, al parecer producto del disparo de obuses desde la base militar ubicada en el municipio de Ituango, que habían detonado a menos de 50 metros de la Escuela “Pio X”, lugar donde se habían alojado varias familias campesinas en medio del desplazamiento presentado hace dos meses, y ubicada a menos de 100 metros del casco urbano de Ituango.
Estas acciones, que ponen en riesgo a la población civil, se circunscriben en operaciones militares generalizadas en la región, en el cañón del inglés, quebrada del medio y la zona del filo del silencio, vereda las arañas, donde se presentaron combates y fuego cruzado en medio de centros poblados, poniendo en riesgo la población campesina en 8 veredas, lo que a todas luces son una serie de hechos que se constituyen en abiertas infracciones al Derecho internacional humanitario, DIH.
La organización campesina, ha venido denunciando que además, se adelantan en la región acciones de erradicación forzada, que desconocen los acuerdos firmados con las comunidades poniendo en alto riesgo de contagio por coronavirus a la población, y generando una crisis económica, social y de alimentación para los campesinos, que dependen económicamente de estos cultivos, sin presentar por parte del gobierno ningún tipo de alternativa para ellos, al desconocer los compromisos que se habían definido con los cultivadores.
La situación en la región es de extrema gravedad, las comunidades denuncian la absoluta displicencia de la institucionalidad, que no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento, ni presencia para acompañar y garantizar el “restablecimiento de derechos” de las familias desplazadas.
Se sigue invisibilizando la emergencia humanitaria que se vive en las regiones rurales de la Colombia profunda, donde en medio de declaraciones absurdas de la ministra del interior, siguen violentándose los derechos de las comunidades campesinas sin ninguna respuesta por parte del gobierno, las organizaciones sociales y el campesinado están haciendo un llamado de auxilio que el país debe escuchar, la guerra es la pandemia que amenaza la integridad de miles de personas, no podemos ser ajenos a este drama.
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