Erradicaciones forzadas en el Catatumbo: una bomba de tiempo

Noticia

Tomada de Prensa Rural

Por Marcelo Molano

Colombia es el país con la mayor cantidad de cultivos de coca en el mundo. Los últimos informes de la DEA y la Oficina de drogas de la Organización de Naciones Unidas (UNODC) hablan de mas de 200.000 hectáreas sembradas con coca para el 1 de enero de 2020 y la impresionante cantidad de 951 toneladas exportadas en el ultimo año. El gobierno americano reconoce que el 90% de la cocaína que llega a ese país procede de Colombia. El partido de gobierno, el Centro Democrático, lleva años culpando al Gobierno de Santos y al proceso de paz con las FARC-EP de este incremento, sin embargo, desde que llegaron a la casa de Nariño la situación se mantuvo invariable. Los Estados Unidos, en su rol de policía del mundo han criticado tímidamente al Estado Colombiano por su gestión, paradójicamente, han desatado una campaña gigantesca, con despliegue de tropas incluida, para culpar al Gobierno venezolano de la cocaína que producen y envían desde Colombia. Basan sus acusaciones en “colaboraciones” con la DEA de narcos detenidos y extraditados, entre esos, el tristemente celebre Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, así como, exfuncionarios corruptos del Gobierno venezolano.

La extensa frontera que comparten Colombia y Venezuela está permeada por mafias a lado y lado que compiten por los negocios ilegales, contrabando de alimentos, armas y combustibles, producción y tráfico de cocaína, extorsiones y un largo etcétera. La zona más aguda se sitúa en las montañas del Catatumbo, que es, la estribación norte de la cordillera oriental y que más adelante se adentra en Venezuela por la Serranía del Perijá. Esta zona ha sido una de las más violentas durante las ultimas décadas, en sus 4800 km cuadrados, conviven todos los actores legales e ilegales de la guerra en Colombia, mas la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Es una zona montañosa, de difícil acceso y control, aislada y sin infraestructura vial ni social, con baja cobertura de educación, salud y servicios públicos. Su gente, en su mayoría campesinos nobles y trabajadores, no han visto una solución diferente para sostenerse que dedicarse al cultivo de hoja de coca, que es en últimas, el único producto que tiene mercado asegurado y facilidades para trasportarlo, pues para sacar una tonelada de cualquier producto agrario, deben pagar los fletes para llevarlo a los cascos urbanos, sin la seguridad de que alguien se los compre, mientras que, la pasta base de coca, solo requiere de echarla en una mochila y llevarla hasta los puntos de compra, en donde, la compran a buen precio. Esta es la razón por la que el Catatumbo posee una cuarta parte de los cultivos de coca del país.

Esta frontera tiene una mezcla con todos los ingredientes para estallar con cualquier chispa, y la chispa la está arrojando el Gobierno: La Erradicación Forzada. No es la primera vez, durante el año 2013, el Gobierno Santos, lanzó una campaña de erradicación a gran escala, en cuestión de meses llegaron grupos de erradicadores que se distribuyeron por la región, con apoyo y protección de la fuerza pública y comenzaron su tarea. Por su parte, los campesinos, pequeños productores de hoja de coca, vieron como ante sus ojos se perdía el sustento de ellos y sus familias. Rápidamente se organizaron para enfrentar la erradicación. La consigna era impedir que el gobierno los dejara sin comida. Esto produjo refriegas y enfrentamientos entre campesinos y fuerza publica. En Filo Gringo, una vereda de El Tarra, el enfrentamiento dejó varios campesinos heridos y un muerto por disparos de fusil. La situación se salió de control. Los campesinos no vieron otra salida, y en cuestión de semanas sacaron el recordado: Paro Agrario del Catatumbo.

Miles bajaron hacia Tibú, donde se apostaron en la zona de producción petrolera, bloqueándola y otros tantos salieron a Ocaña y se tomaron la carreta del Carbón. Al gobierno, inicialmente le pareció una situación insignificante y mandó al ESMAD para reprimir. Pero los campesinos venían a jugarse el todo por el todo. En la primera semana, en Ocaña, hubo 4 campesinos muertos y decenas de heridos. La situación hubiese pasado de agache, de no ser por los medios alternativos que estuvimos ahí. En cuestión de horas, las imágenes de la represión estaban en todos los noticieros nacionales e internacionales. El Ministro de Defensa y el Director Nacional de la policía, tuvieron que salir a los medios a aclarar la situación: “Nosotros si disparamos, pero fue porque ellos nos dispararon antes”, “ese paro está infiltrado por las guerrillas que hacen presencia en la región”. Ninguna de estas respuestas excusaba la barbarie con que fueron atacados los campesinos. De ahí para adelante, fueron mas de 50 días de movilización, que terminaron en unos acuerdos firmados por el vicepresidente. El Estado se comprometió con los campesinos a invertir en la región, a cambio, ellos deberían ir dejando los cultivos de coca para producir alimentos. Pasaron los años y el gobierno miro para otro lado. Se olvido de los acuerdos y volvió a dejar a los campesinos a la deriva. Ellos por su parte retomaron los cultivos de coca, su única garantía para sobrevivir en la región.

El Acuerdo de Paz y en concreto el punto 4 sobre cultivos de uso ilícito, trajo una nueva esperanza para los campesinos. Mas de cinco mil familias de la región firmaron el plan de sustitución que había sido pactado en La Habana, con la idea de dejar atrás los cultivos de coca a cambio de inversión del Estado, pero la llegada del Centro Democrático al gobierno reversó los pocos avances que se tenían. Así las cosas, los cultivos de coca volvieron a dispararse en la región. Los Estados Unidos han presionado a las autoridades colombianas urgiéndolos a erradicar forzosamente so pena de desertificarlos. El Gobierno colombiano sabe que es mas “barata” la erradicación forzada que la erradicación concertada, así no tenga ninguna efectividad, ya que los cultivos, en vez de desaparecer, solo se desplazan. Tal vez, para la Policía sea un buen negocio, pues acabados los cultivos, se acaban también, los gigantescos recursos nacionales y extranjeros para enfrentar el “fenómeno”, mientras que desplazarlos, les asegura nuevas partidas para este mismo fin. Una historia de nunca acabar y el campesino llevando del bulto.

Con el confinamiento causado por la pandemia mundial, el Gobierno ha aprovechado la situación para incrementar las erradicaciones violentas. En varias veredas, han empezado a erradicar forzosamente. Los campesinos por su parte, se han organizado para hacerle frente a la situación. Lo de siempre, declaraciones de los Comandantes de Ejercito y Policía vinculando a los campesinos a los grupos armados que operan en la zona y justificar así el tratamiento militar. Los enfrentamientos entre erradicadores, fuerza publica y campesinos, hasta ahora, han dejado un muerto [1] y varios heridos, así como una docena de detenidos. Los cultivadores de hoja de coca se han declarado en resistencia, e instalaron un campamento humanitario en el corazón del Catatumbo para proteger sus vidas. Este campamento ha sido asediado y violentados por militares y paramilitares. Sus lideres están siendo estigmatizados. Esta semana, dentro del refugio humanitario, amanecieron pintados varios grafitis con las siglas de las AUC que presagian el peor de todos los desenlaces. Ojala no estemos ad-portas de una nueva masacre contra los campesinos.

[1] https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article25222