Con la llamada Paz con legalidad no se implementa el Acuerdo Final

Comunicado

Tomado de FARC

Por Consejo Político Nacional

Frente a las declaraciones conjuntas ofrecidas por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, el Alto Consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y el Jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, señor Carlos Ruiz Massieu, el día 8 de enero, y dado el contexto en el que éstas se producen, esto es, de presentación del informe de la Misión ante el Consejo de Seguridad de la ONU la semana próxima en Nueva York, en nuestra condición de organización sucesora de las FARC-EP surgida del Acuerdo de paz, y como tal, parte contratante del Acuerdo Final para la Terminación y la Construcción de una la Paz Estable y Duradera, nos permitimos declarar lo siguiente:

1.-           La segunda Misión de la ONU tiene el mandato de la verificación de la Reincorporación integral de las FARC-EP a la vida civil, y con ello -atendiendo el principio de integralidad-  de la verificación de la implementación del Acuerdo de paz en su conjunto. Resulta inaceptable desde todo punto de vista, realizar cualquier concesión a la idea sostenida por el Gobierno nacional sobre una presunta verificación de la implementación de la llamada Paz con legalidad.

2.-           La “Paz con legalidad” representa una simplificación grosera del Acuerdo de paz, que tiene como propósito principal instrumentalizar y acomodar el Acuerdo a los fines políticos del gobierno actual, por cierto distantes del noble propósito de la construcción de una paz estable y duradera. El simple ejercicio de contraste entre las obligaciones derivadas del Acuerdo de paz y el texto de la “Paz con legalidad”, así lo demuestra. La ausencia del compromiso gubernamental queda constatada con el hecho de que en su discurso se evita cualquier mención a lo convenido por las partes en La Habana.

3.-           En todo caso, asumiendo que la cuestión de la implementación no es un asunto de nominación, y que el Gobierno -dada la fuerza normativa del Acuerdo, la presión social y ciudadana, así como propia la verificación y el acompañamiento internacional- se ha visto obligado a dar continuidad al proceso, cualquier balance juicioso sobre el estado general de la implementación permite aseverar que se atraviesa por periodo crítico y de precariedad, y que no son comprobables “claros avances” durante el gobierno de Duque. Así se ha demostrado en numerosos documentos preparados y presentados por la FARC en la CSIVI, y en las intervenciones de su bancada parlamentaria en el Congreso de la República. No de otra manera se comprende además, que una de las demandas de las movilización social y ciudadana que ha continuado tras el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, consiste en el requerimiento al Gobierno por una implementación integral del Acuerdo de paz y por asumir con toda consecuencia la senda de la construcción de la paz.

4.-           Nuestro balance indica que en sus rasgos esenciales, la implementación se caracteriza por una política de simulación, que colinda entre tanto con el cinismo, y por una tendencia a la consumación de la perfidia, que se acompaña de una también marcada desfinanciación. Una muy astuta acción comunicativa gubernamental, fundada en la presentación de cifras descontextualizadas y deshilvanadas en el formato de lista de mercado, que indicarían una situación casi idílica de la implementación y la reincorporación, no logra siquiera el maquillaje básico de una situación que requiere ser superada con urgencia. Se le hace un bien al proceso cuando se reconoce su estado de dificultad; se le produce mayor daño, cuando se pretende ocultar la realidad.

5.-           El seguimiento y la verificación a la implementación exige en la actualidad el conocimiento riguroso e informado. Los cantos de sirena emitidos por enfoques aparentemente tecnocráticos y gerenciales no pueden confundir. Desde luego que no desconocemos cifras y registros, o logros parciales, que por cierto deben comprenderse en términos de la obligación gubernamental de implementar y no como concesiones graciosas de su parte. Pero todos ellos deben interpretarse bajo el principio de integralidad, que no fue una elaboración caprichosa de las partes en La Habana.

6.-           No podemos mostrar satisfacción alguna con el aplazamiento de facto al que ha sido sometida la Reforma Rural Integral, limitada a una visión sesgada de los PDET; o con las reformas de participación política para la apertura democrática; o con la distorsión de la política contra las drogas ilícitas, que ahora pretende ser llevada a un nuevo capítulo de la fracasada “guerra contra las drogas”. Nos produce máxima preocupación la ausencia de garantías de seguridad, reflejada en la continuidad sistemática del asesinato de líderes y lideresas sociales, y de exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC-EP, en cifra que a la fecha alcanza 180 luego de la firma del Acuerdo. Consideramos que continúan sin resolverse aspectos básicos del proceso de reincorporación, el cual pretende ser llevado por un camino que desvirtúa lo diseñado en La Habana, específicamente en lo concerniente a su naturaleza colectiva y en comunidad.  Para mencionar algunos de los tantos rasgos del estado actual del proceso.  

7.-           Buena parte de los problemas que se han venido agudizando en la sociedad colombiana, especialmente en los territorios, tienen su explicación en la ausencia de implementación o en la alteración de sus propósitos. El país reclama con urgencia que se retome el camino de la implementación integral. Sabemos que ese propósito se encuentra en disputa y que tendrá opción real si se logra una mayor aprehensión social y se continúa en la construcción de la necesaria correlación social y política de fuerzas.

8.-           De la Misión de Naciones Unidas demandamos la mayor ponderación y el extremo rigor en sus valoraciones sobre el estado de la implementación; cualquier inclinación que varíe su condición de neutralidad en la verificación, le resta credibilidad. Invitamos respetuosamente a la Misión a enriquecer aún más sus análisis con los estudios producidos por las instituciones y organizaciones que hacen seguimiento a la implementación del Acuerdo de paz. Reconocemos el papel central desempeñado por la ONU, el Consejo de Seguridad, la Misión de Verificación, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el difícil proceso de construcción de una paz estable y duradera en nuestro país. Lo mismo afirmamos respecto de la comunidad internacional en su conjunto, y de los países garantes, Cuba y Noruega.

Consejo Político Nacional

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-FARC.

Bogotá D.C.  9 de enero de 2020