Análisis
Por Semanario Voz
Una comunicación desde Defendamos la Paz al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, deja ver la contradicción en el discurso de Iván Duque, como Presidente en el exterior, y sus acciones de gobierno en el interior, para ahogar la paz.
La carta firmada por parlamentarios, exministros, organizaciones sociales y políticas, firmantes del acuerdo de paz, es un serio reclamo para que Almagro no avale el diagnóstico que el partido de Gobierno tiene para mostrar en el exterior mientras aquí asesinan las y los líderes sociales en medio de una impunidad que permite al paramilitarismo y agentes de Estado actuar en contra de la implementación del acuerdo de paz, asesinando a casi 500 líderes y exguerilleros.
Uno de los reclamos de Defendamos la paz es sobre los recursos y la financiación de la paz. Dice la misiva: “No es cierto que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, haya hecho “todo por profundizar la paz con justicia”. Los recursos que se han destinado a esos propósitos en el Plan Nacional de Desarrollo son insuficientes y, además, el presidente Duque objetó la ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz y, en consecuencia, la devolvió al Congreso, decisión que significó un desafío a la sentencia de revisión de constitucionalidad emitida por el máximo tribunal. Ambas cámaras negaron las objeciones presidenciales ante lo cual el Primer Mandatario se vio obligado a sancionar la Ley”.
Y continúa la comunicación develando las contradicciones propias del régimen de derecha que gobierna el país. “No compartimos la afirmación de que los diálogos de paz habilitaron el crecimiento de los cultivos de uso ilícito y ello haría insostenible la implementación del Acuerdo en lo que a la lucha contra el narcotráfico se refiere. El Acuerdo de Paz dedica el punto cuatro a la “Solución del Problema de las Drogas Ilícitas […] La expectativa generada entre cientos de miles de familias que participaron en Acuerdos Colectivos y se inscribieron en el Programa ha sido frustrada por este Gobierno que sólo continuará apoyando las familias que ya habían iniciado el proceso, pero no al resto. Resulta inexplicable que el Gobierno haya frenado el estímulo a la sustitución voluntaria, optando por la vía represiva que incluye la apuesta para retomar las aspersiones aéreas con glifosato, cuya toxicidad está más que demostrada”.
Otro de los asuntos graves que describe la carta es lo referido a la muerte de los excombatientes que apenas dejaron las armas. Y al respecto señalan: “La protección a los excombatientes de las FARC-EP, hoy convertida en partido político, ha resultado altamente insuficiente, e ineficaces han sido las medidas tomadas pues hasta la fecha han sido asesinados 155 exmiembros de las FARC-EP, en situación de indefensión, lo que sumado a los cientos de líderes sociales asesinados dibuja un panorama muy incierto para solidificar la confianza en el proceso y avanzar en la senda de una paz sólida y duradera en todo el territorio nacional. Por lo tanto, las medidas que usted reseña como avances no lo son en realidad”.
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