Cómo la política de Álvaro Uribe posibilitó la multiplicación de los colados de las FARC

Análisis

Tomado de Las 2 Orillas

Por Gabriel Ángel

24 de abril del 2019

Su gobierno ordenó dispersar a los guerrilleros por todas las cárceles y los comandantes perdieron control sobre 3000 presos. Allí pudo comenzar el tráfico de nombres

Me contaba una exguerrillera que en los días en que permaneció en La Habana, durante las conversaciones de paz, desempeñando la misión asignada y relacionada con la Mesa, se contactó con ella por el Facebook un antiguo mando de su Frente, que se encontraba en prisión desde hacía varios años. Quería pedirle un favor. En las cárceles ya corría la noticia de que se elaborarían listas de los prisioneros de las FARC y necesitaba que ella le ayudara a ser incluido.

Ella lo había conocido bien, sabía de quién se trataba y las circunstancias en las que había caído a la cárcel. Se interesó por él, le recibió sus datos, nombre, seudónimo, número de cédula, Frente al que pertenecía, en fin, lo que consideró pertinente. Y le prometió que plantearía su caso ante el responsable de esos temas en la organización, que también se encontraba en La Habana. Efectivamente, lo buscó y logró interesarlo en el asunto.

Sentía que había hecho su obra buena. Unos días más tarde, el mismo mando volvió a escribirle, esta vez para interceder, en el mismo sentido, por otros guerrilleros presos. Cuando ella le recibió sus datos, se alarmó. Los había conocido, se trataba de desertores del movimiento, que habían renunciado a la lucha causando daño al Frente, robando bienes y armas. Uno de ellos, había asesinado a un  buen combatiente antes de volarse.

Por eso se negó terminantemente a tramitar algo en ese sentido. Ignoraba la razón por la cual el mando amigo intercedía por esas personas, que se suponía incluso ni siquiera debía tratar. Entonces se preocupó. Se dijo que no volvería a meterse en esos asuntos, después de todo tenía que existir un mecanismo, en los frentes y en las cárceles, con los abogados y colectivos de prisioneros. No estaba dispuesta a permitir que ninguno la utilizara con fines dañinos.

Me relataba la anécdota, a raíz del escándalo que quieren hacer con el tema de los colados en las listas de las FARC, que azuzan con evidente mala intención los congresistas del Centro Democrático, y que desde luego con ánimo protagónico encabeza el comisionado Ceballos. Puede que algunos maleantes hayan logrado hacerse incluir en tales listas, ya explicaba el comunicado de la FARC que el Acuerdo mismo previó mecanismos para detectarlos y excluirlos.

La cuestión de los guerrilleros que caían a las cárceles, comprende un capítulo inmenso del conflicto vivido en nuestro país, del que prácticamente nadie se ha ocupado. Ojalá la Comisión de la Verdad se interesara por escudriñar la mar de injusticias e infamias soportadas por ellos durante más de medio siglo. Pero definitivamente, quien vino a complicar las cosas de modo impensable, fue el propio Estado con sus decisiones. Lo de hoy es consecuencia de ellas.

Tradicionalmente en Colombia, quien caía en poder de las autoridades, sin hablar de desapariciones, torturas y tratos inhumanos, que no son el tema de esta nota, terminaba recluido en una cárcel situada relativamente cerca al área dónde se había producido su detención. Si un guerrillero era capturado cumpliendo una misión en Ciénaga, Magdalena, lo más seguro es que terminara siendo remitido a una prisión en Santa Marta o en Barranquilla.

De esa manera los frentes guerrilleros podían hacerse cargo de sus integrantes presos. Digamos el Frente 19, que operaba en la Sierra Nevada de Santa Marta, podía prestar la solidaridad humana y jurídica al combatiente encarcelado en su área de influencia. A su vez estaba en condiciones de conocer la conducta de ese guerrillero en prisión, de ejercer controles sobre su actividad, y lo más obvio, llevar la cuenta exacta de sus integrantes presos y de la cárcel en que se hallaban.

Las autoridades carcelarias, por indicaciones de mayor jerarquía, fueron adoptando una práctica tendiente a sumir al guerrillero preso en el aislamiento y la destrucción moral. El método era sencillo. Se trataba de remitirlo a una cárcel lo más lejana posible del lugar donde se suponía operaba su Frente. Un capturado en el departamento de Bolívar, podía ser enviado a cumplir su detención en el Caquetá, o viceversa, donde le fuera prácticamente imposible recibir apoyo.

La Octava Conferencia Nacional de Guerrilleros de las FARC, celebrada en 1993, adoptó entre sus importantes decisiones la creación de los llamados Bloques de Frentes, o sencillamente Bloques. En líneas generales fueron siete, Caribe, Magdalena Medio, José María Córdoba, Oriental, Sur, Occidental y Central, aunque estos dos últimos se llamaran Comandos Conjuntos. Ante el problema de atender los combatientes prisioneros se tomó una decisión.

Cada Bloque de las FARC se encargaría de la atención de todo orden, a los guerrilleros que se hallaban detenidos en cualquiera de las cárceles incluidas dentro de su área de operaciones, con independencia del Frente o el Bloque al que pudieran pertenecer. La tarea no era fácil, había que elaborar la lista de los guerrilleros presos en cárceles de su área, muchos de los cuales pertenecían a otros frentes y bloques, sin tener en muchas ocasiones la más mínima información.

Elaborar el censo ya no era tan fácil como en los tiempos viejos. La guerrilla siempre quiso que sus hombres o mujeres no se perdieran en la descomposición social tan propicia en las prisiones. Orientaba que se organizaran en colectivos, que nombraran una dirección, que conformaran células políticas, que elaboraran planes de estudio y trabajo, actividades culturales. Y que lucharan por mejoras en su vida carcelaria, alimentación, salud, trato digno.

Eso no era tan fácil de orientar desde una zona selvática lejana, cuando no se tenía el conocimiento exacto de quiénes eran los detenidos y su condición real. Pero tras un inmenso esfuerzo se conseguía. Los colectivos y las células se echaban a andar. Y la lucha de los reclusos por mejoras se llegó a convertir en una constante en las cárceles de Colombia. A los presos políticos se sumaban los sociales, durante los años noventa fueron muchas las reivindicaciones obtenidas.

Hasta cuando llegó Álvaro Uribe al poder. Su decisión fue disolver por completo cualquier forma de organización carcelaria de los prisioneros políticos. Incluso acabar con esa distinción. No habría unos patios para prisioneros políticos y otros para comunes o sociales. Deberían estar revueltos todos. Y a la menor manifestación de inconformidad o protesta, lo procedente era el traslado inmediato de prisión. A una zona bien lejana. A una cárcel de alta seguridad.

Nunca como desde entonces se acentuó la dispersión de los prisioneros políticos, el disgregamiento de guerrilleros, milicianos y campesinos acusados de colaborar con las FARC. Un detenido en el Meta podía parar en una cárcel del Chocó. Eso se volvió una política de Estado. Aislar, castigar, desmoralizar, pervertir al combatiente. Luego vendría la llamada reintegración, el corromperlos con dinero, con chantajes para su libertad, en ofrecimientos para servir a la inteligencia militar.

El desconocimiento personal que creció entre los guerrilleros presos fue enorme. No se podía saber con exactitud si quien llegaba remitido de una región bien lejana era en verdad un guerrillero, un desertor, un servicio de inteligencia o un paramilitar que se hacía pasar por guerrillero para obtener alguna solidaridad. Finalizado el gobierno de Uribe, los guerrilleros que obtenían su libertad y regresaban a filas en el monte, eran recibidos con desconfianza.

Algunos habían comenzado a trabajar para el Ejército, llevaban planes criminales como hacer bombardear unidades. Los líderes más destacados de los combatientes en prisión no podían ser contactados con facilidad por la guerrilla, porque se los enviaba a cárceles de alta seguridad, no siempre era posible obtener información fiable sobre alguien que se decía guerrillero preso. Sólo la límpida claridad ideológica y política servía para reconocerse. Pero pasaban casos.

A eso habría que añadir los efectos de la cruenta guerra que se libraba en los campos. Combates diarios, comandantes fulminados por los bombardeos con toda la información que tenían sobre sus unidades y desde luego sobre los guerrilleros presos. Encargados de los prisioneros que de la noche a la mañana perdían toda la información sobre ellos. A retos de semejante naturaleza debió enfrentar las FARC a la hora de elaborar las listas de sus integrantes en prisión.

Probablemente fue sencillo elaborar las listas de los integrantes de cada unidad, Frente, Columna o Compañía, cuando se hallaban en filas en sus áreas de operaciones. Pero no sucedía lo mismo cuando se trataba de armar los rompecabezas de sus integrantes presos. O de los miles de civiles víctimas de las capturas masivas que emprendió el gobierno de Uribe en las zonas rurales, enviados a cárceles a cientos de kilómetros, donde otro Bloque debía incluirlos sin conocerlos.

Sin contar con que una vez desmontada la estructura bélica de las FARC para pasar a las Zonas veredales transitorias de normalización, o los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación o Nuevos Puntos de Reincorporación, se produjeron traslados voluntarios de una región a otra, pues muchos querían regresar a las áreas dónde estaban sus familias o intereses. Más de tres mil prisioneros se reclamaron de las FARC y se sabía que muchos efectivamente lo eran.

¿Pero quién podía certificar con absoluta certeza que algunos casos dudosos que se reclamaban como de las FARC efectivamente lo eran? La elaboración de esas listas se tornó una tarea titánica. Sin contar con que vivimos en el país del fraude y la corrupción, de los avivatos y tramposos. ¿Cuántos narcos, mafiosos o bandidos vieron la oportunidad de hacerse incluir en las listas, recurriendo a los más sucios procedimientos de corrupción y engaño?

Son las realidades creadas por cuenta de las políticas vengativas y miserables de un gobierno inspirado por el odio, el espíritu persecutorio y la intención de destruir por completo al adversario que considera un mortal enemigo. El Acuerdo de Paz se elaboró teniendo en cuenta tales situaciones. Y por eso se ponen de presente hoy las fórmulas para incluir y excluir de las listas. No se trata de ningún comisionado avisor, se trata de la trasparencia de lo acordado.

Así como se rasgan las vestiduras, atribuyendo a la mala fe algunos casos específicos y aislados, debiera reconocerse que en medio del escenario apenas ligeramente descrito, también hay los combatientes verdaderos que por esas movidas malintencionadas, no lograron ser incluidos en las listas. Nada tiene de extraño que se compruebe que alguien excluido debe agregarse, pero decisiones absurdas se oponen absolutamente a admitirlo.

Todos estamos claros de quién gobierna a Colombia el día de hoy. Sabemos de su ánimo de vindicta, de su clara intención de hacer trizas lo acordado en La Habana. De su manía de recurrir al menor pretexto para armar un escándalo, como sucede hoy a puertas de la decisión en el Senado sobre las objeciones a la JEP. Es en ese contexto que deben ser examinadas las cosas. Hay una Colombia asediada luchando por la reconciliación, otra que solo busca guerra.