Garrote por lápices

Análisis

Tomado de Semanario Voz

Por Carolina Tejada

La política del terror se cierne sobre la movilización estudiantil con el objetivo de desmovilizar: Duque no quiere que se evidencie su ingobernabilidad

“El deber de las autoridades es encontrar a los responsables y llevarlos a la justicia para que opere, porque lo que hay es una violación flagrante de la Constitución y de la Ley”, afirmaba en días pasados el presidente de la república Iván Duque cuando se refería a las movilizaciones de la comunidad universitaria, y en las cuales, sujetos infiltrados, tal y como lo señalaron los mismos manifestantes y como se divisó en algunos videos, provocaban la acción del Esmad, quienes sin contemplación atacaban a menores, estudiantes, maestras y trabajadores a fin de desmovilizar las jornadas.

Desfinanciación y garrote

Estas movilizaciones que han puesto en aprietos estos primeros meses de gobierno del actual presidente, se dan gracias a la crisis presupuestal y la desfinanciación escalonada que presentan las diferentes universidades públicas del país. La movilización, ha sido una respuesta a la falta de concordancia desde el actual gobierno para con el incremento presupuestal de las instituciones. Y, a diferencia de plantear salidas a la crisis universitaria, Duque ha priorizado las acciones desmedidas por parte del Esmad para frenar la movilización, incluso incriminando a jóvenes de agredir a los servidores públicos. Diferente es la reacción de la gente en el país, en cada movilización los estudiantes han ganado una opinión pública favorable que la misma acción desmedida del Esmad y la desfavoralidad del Duque en este periodo, han incentivado, rodeando a los jóvenes con carteles en las ventanas y apoyo en las calles.

Por su parte, el Ministro de Defensa anunció ante la opinión pública que presentará al Congreso un proyecto que tiene la intención de que se “agrave la pena por cualquier forma de violencia contra servidor público”. Una acción política que pretende ejercer control sobre las movilizaciones y que se ha convertido en la excusa perfecta para generar terror entre el estudiantado, pues nadie quiere ir a la cárcel o pagar una multa, por ejercer un derecho constitucional a la movilización, defenderse de una agresión o encontrarse en el lugar equivocado.

La brutalidad como medida política

VOZ, dialogó con Camilo Ernesto Vargas Romero, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, y quién hace parte de la Secretaria Nacional de Derechos Humanos de la ACEU. Según comenta el estudiante, desde que inició todo el proceso de movilización y paro en las universidades públicas del país, el reporte de jóvenes violentados de manera indiscriminada por parte de la Fuerza Pública en cada movilización ha sido tal, que se activaron inmediatamente todos los comités de verificación y acompañamiento en derechos humanos en cada región.

Camilo, comenta que, “después de algo más de 50 días de paro en la mayoría de universidades públicas de país y fuertes jornadas de movilización, que han sido acompañadas por otros sectores sociales, vemos como la táctica de este Gobierno ha cambiado. Vemos como las fuerzas policiales han incrementado su accionar violento y el uso desproporcionado de la fuerza es constante en las últimas jornadas de movilización. Además de persecución y señalamiento a defensores de derechos humanos, que ponen en riesgo la integridad física y personal de estos”. Afirma, que este tipo de reacciones, son producto de la desesperación de un Gobierno que en tan poco tiempo no le conviene demostrar un país ingobernable.

En el marco de estas jornadas, las cifras de personas heridas y detenidas es sorprendente. En el caso de Bogotá, en donde se han concentrado las movilizaciones nacionales, las cifras hablan por si solas. (ver cuadro de cifras).

El pasado 15 de noviembre, un informe detallado con lo que sucedió en la capital, denominado los “Los Lápices” registran 117 estudiantes detenidos, algunos solo duraron un par de horas, otros tardaron más días en salir libres, pero todos fueron detenidos de forma abrupta, en buses, saliendo de las universidades, en espacios públicos, incluso jóvenes transeúntes que nada tenían que ver con la gran movilización.

Entre otros elementos, el informe reporta; Uso potencialmente letal de armas no letales, amenazas y presión o seguimientos ilegales, Incapacidad de la fuerza pública para diferenciar entre marchantes y población común, Vulneración a defensores de DD.HH. y comunicadores, entre otros. Otras fuentes registran cientos de personas heridas, jóvenes a punto de perder órganos, rostros y partes del cuerpo machacados por el abuso policial.

Por su parte, la Comisione de Verificación e Intervención, CVI, encargada de la veeduría de derechos humanos en el marco de la protesta social y quienes hicieron presencia a lo largo de todas las marchas, pudieron constatar prácticas irregulares por parte de miembros de la Fuerza Pública, que refuerzan las versiones de los estudiantes. Hay brutalidad policial con intencionalidad política. Ejemplo de ello son las torturas, tratos crueles e inhumanos como lo señalan: encerrar alrededor de 20 estudiantes en un autobús de la Policía durante más de una hora, con gases lacrimógenos concentrados.

Líderes estudiantiles ante la ONU

Camilo, comenta que, “frente a esta situación, hemos tenido acercamiento a las bancadas alternativas y de oposición, organizaciones defensoras de DD.HH. Que nos han brindado su apoyo jurídico y formativo para hacer las denuncias pertinentes a nivel nacional e internacional. Gracias a esto se han podido tener reuniones con organismos intérnales, entre ellos la ONU que después de las masivas denuncias, le ha hecho varios llamados al Gobierno Nacional para que se respete el Derecho Internacional Humanitario, incluso llevando veedores de la ONU en las marchas”. Igualmente comenta que se han reunido con el Ministerio del Interior, directivos de la Policía y Ejército, ONU, en aras de solicitar, “la puesta en práctica del “protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de derechos” protocolo construido y aprobado en la resolución 1190 de 2018 del ministerio del interior”.

Todas las irregularidades han sido señaladas por la comunidad académica, entre esas se resaltan que, la Policía colombiana y en especial el Esmad no respetaron las Comisiones de Verificación de Derechos Humanos que acompañaban a los manifestantes. Vulneran los estándares internacionales en la materia, entre otros elementos.

Las movilizaciones estudiantiles continuaran en el mes de diciembre, y se espera que dicho protocolo anunciado para respetar la integridad física de los jóvenes se respete y se atiendan las recomendaciones de ONU frente a las garantías de derechos y DIH en las manifestaciones.