La educación se moviliza

Análisis

Tomado de Semanario Voz

Por Alfonso Conde

Para “pasar el año” la Universidad Nacional de Colombia requiere $60 mil millones solo para garantizar su funcionamiento, dice la rectora Dolly Montoya, mientras los rectores del SUE indican que el Gobierno nacional tiene una deuda con las 32 universidades públicas del país que asciende a $15 billones (http://www.universidad.edu.co/rectores-del-sue-siguen-buscando-los-recursos-perdidos-con-la-reforma-tributaria/). El Consejo Académico de la U. Pedagógica Nacional, en comunicado 009 del 23 de agosto menciona los recursos dejados de recibir por las universidades, solo de los recursos CREE: $373.291 millones en 2016 (se fueron al programa Ser Pilo Paga), $434.874 millones en 2017 y $769.115 millones en 2018. De formas diversas las autoridades de las universidades públicas resaltan el problema de la financiación de la educación superior.

A lo anterior se suma la sorpresa de los profesores quienes, al liquidar su nueva declaración de renta, constataron el incremento desmesurado en los impuestos a pagar con las nuevas condiciones definidas por la reforma tributaria de 2016, a pesar de que se comprometió el gobierno anterior con la no afectación a las personas naturales. Las cuentas de algunos docentes indican la obligación de destinar más de dos meses de salario a la nueva tributación lo cual se traduce en una reducción real del ingreso, de por sí indigno, de los académicos. Lo anterior, sin tomar en cuenta la reforma regresiva propuesta por el ministro Carrasquilla y el presidente Duque.

De otro lado, el magisterio agremiado en Fecode plantea la exigencia del retiro del proyecto de ley 057 que plantea cambios al Sistema General de Participaciones, como la redistribución de recursos que resta aportes a la educación, congela la planta docente, reduce el presupuesto del PAE y acaba con la gratuidad de la educación pública. Se requiere una reforma constitucional que rescate lo perdido desde 2001 cuando los gobiernos de Pastrana y Uribe (hoy aliados en el poder) llevaron a la ruina a la educación y la salud públicas.

ASPU y Fecode han convocado jornadas nacionales de movilización para los días 11 y 13 de septiembre en defensa de la educación pública. Se trata de un asunto que atañe a todos los colombianos. Las jornadas incluyen también la exigencia al respeto a la vida de los dirigentes sociales que, en número que sugiere una campaña orquestada de exterminio, vienen siendo asesinados en todo el país. La exigencia del respeto a los derechos a la vida, a la salud y la educación de los colombianos, todos ellos en peligro, tienen que convocar a la movilización general de los ciudadanos decentes.