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Tomado de Prensa Rural
Por Colombia Informa
Desde principios de agosto se ha venido agudizando la situación de enfrentamientos entre grupos armados en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá, victimizando a más de 14 comunidades indígenas (751 familias) que actualmente están confinadas en el Chocó.
El recrudecimiento de la violencia armada no da tregua en el Pacífico [1], vulnera gravemente los derechos humanos de comunidades rurales indígenas y campesinas que se encuentran indefensos y en situaciones precarias de supervivencia.
Estas vulneraciones a 751 familias fueron reportadas mediante un informe de una oficina local de la ONU –Organización de las Nación Unidas-, en donde además, se anexa la descripción de las condiciones de vida que tienen 3.700 habitantes de los tres municipios que están en riesgo inminente.
“Por la intensidad de los hechos, las comunidades afectadas presentan una fuerte necesidad de atención médica y psicosocial”, denunció el organismo internacional.
Debido a que la movilización y la comunicación están controladas agresivamente por los grupos armados, hay un agudo desabastecimiento de alimentos, ya no pueden ni recoger sus cultivos, dejando a las comunidades en situación de hambruna. Las víctimas no denuncian por temor a que sus vidas sean atentadas, sumado a esto salir de allí es un riesgo ya que se han reportado artefactos explosivos improvisados en los campos y retenciones forzadas en los caminos.
Los habitantes esperan poder resguardar sus vidas lo más pronto posible, desembocando de nuevo otro panorama desplazamiento masivo forzado. Estas situaciones ya han estado alertadas desde principios de enero de este año cuando la Defensoría del Pueblo declaró alerta temprana [2] en los municipios de Medio Atrato y Bojayá, en Chocó, y Vigía del Fuerte, en Antioquia, debido a que persistían las violaciones a los derechos humanos [3] e infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra estas poblaciones.
Antecedentes recientes
El 19 de agosto, en la costa norte Pacífica del Chocó, exactamente en el municipio de Juradó, alrededor de 20 indígenas del resguardo Santa Marta de Curiche, del corregimiento Guarín, fueron retenidos y maltratados físicamente durante varias horas por las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC- , así lo denunció la Defensoría del Pueblo el pasado 21 de agosto.
Los hechos se dan consecutivamente con los ocurridos el 4 de julio en donde alrededor de 40 personas fueron incomunicadas, retenidas y amenazadas en el corregimiento de Patajoná, en el mismo municipio. En el municipio de Juradó existe un constante e inminente riesgo de desplazamiento masivo forzado.
[1] http://www.colombiainforma.info/especial-en-el-pacifico-persiste-el-conflicto-armado/
[2] http://www.defensoria.gov.co/attachment/1788/AT%20N%C2%B0%20011-18%20ANT-Vigi%CC%81a%20del%20Fuerte%20y%20CHO-Bojaya%CC%81%20-%20Medio%20Atrato.pdf
[3] http://www.colombiainforma.info/incremento-la-violacion-de-derechos-humanos-a-la-poblacion-indigena-tras-firma-final-de-la-paz/
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