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Por El espectador
El alto tribunal lo investiga por el delito de desplazamiento forzado, en relación con la masacre de Macayepo. Varias personas de ese municipio, ante la magnitud de la tragedia ocurrida en el año 2000, tuvieron que abandonar sus hogares y buscar refugio en otro lugar.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema envió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el expediente del exsenador Álvaro Alfonso García Romero, investigado por el delito de desplazamiento forzado por la masacre de Macayepo, ocurrida en el año 2000 en el municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar). Lo hizo en atención a la solicitud hecha por el mismo Gordo García, como también es conocido, de someterse a ese sistema de justicia transicional por medio de un escrito que presentó el pasado 13 de agosto.
El alto tribunal revisó la petición y determinó, con base en las normas de procedimiento de la JEP, que García Romero está vinculado a la investigación desde que fue escuchado en indagatoria el 28 de mayo de 2012, que la solicitud de sometimiento fue presentada en el tiempo estipulado y que la petición fue radicada por medio de un escrito ante la Sala Especial de Primera Instancia, “órgano competente de la jurisdicción ordinaria ante la cual se surte su juzgamiento”. Es decir, para la Corte Suprema se cumplen los requisitos para que su expediente sea enviado a la JEP.
“En consecuencia, se dispondrá (…) la remisión inmediata de las diligencias con destino a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que adopte la decisión correspondiente”, dice el escrito en el que, además, aseguró que García Romero continuará con la medida de aseguramiento. El exsenador actualmente paga una pena de 40 años de prisión por sus vínculos con el paramilitarismo. El alto tribunal lo señaló como responsable del surgimiento de grupos paramilitares en Sucre, de haber estado detrás de la masacre de Macayepo, de haber desviado dineros públicos para financiar a los “paras” y hasta de haber orquestado el asesinato de un jurado de votación en el municipio de San Onofre (Sucre).
De la condena en su contra se desprendió, según fuentes del alto tribunal, un nuevo expediente por el delito de desplazamiento forzado por la masacre de Macayepo, cometida por grupos paramilitares. Según el expediente, ante la magnitud de la tragedia y la intimidación que entrañaba los múltiples homicidios, sumado a la incineración de algunas viviendas y las amenazas proferidas por los violentos, “el grupo de pobladores de la región tuvo que abandonar sus hogares y buscar refugio en otras localidades”.
La Corte Suprema lo llamó a juicio en 2016 por su supuesta responsabilidad en el desplazamiento de más de 400 habitantes. La masacre se produjo entre el 9 y 16 de octubre de 2000. Durante 8 días, integrantes del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron y desplazaron sin piedad a los habitantes de las veredas El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo, El Floral, entre otras zonas.
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