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Tomado de El Espectador
Cuando personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos piden protección, la respuesta estatal debe ser activa, para evitar riesgos.
Para la Corte Constitucional es inadmisible la demora por parte de las autoridades para responder a las solicitudes de protección que hagan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos o la promoción de la paz en los territorios, teniendo en cuenta el contexto de asesinatos y amenazas que se han presentado en el país. Por eso, el alto tribunal hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que en este tipo de casos "actúe de manera proactiva, sin dilaciones injustificadas que pongan en riesgo la vida, la integridad física, la libertad, y la seguridad personal de las y los solicitantes".
Al pronunciamiento lo hizo la estudiar una tutela que presentó un hombre, de quien se protege la identidad, que se desempeña como director del Programa de Paz Territorial, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de un municipio en donde se instaló una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), para la ubicación de los integrantes de las Farc que se acogieron al proceso de paz con el Gobierno. El funcionario que debía ir a dar unas charlas y hacer de puente con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y las Farc, entre otros, temía por su vida ya que también es víctima de desplazamiento forzado.
Aunque después de cuatro meses la UNP encontró que la situación de riesgo de esta persona era "ordinaria" y en consecuencia no necesitaba medidas de protección, la Corte señaló que la tardanza es injustificada, pues desde que firmó el consentimiento, empezó a correr el plazo de 30 días hábiles para hacer la evaluación de riesgo y recomendación de medidas por parte del Grupo de Valoración Preliminar de la UNP.
Además, citó un informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que destacaba que en el 2017 se presentaron 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos, a líderes sociales y comunitarios. De estos, el 64 % ocurrieron en las Zonas más Afectadas por el Conflicto , Zomac. En todo caso, la Corte señaló que la "respuesta del Estado colombiano para prevenir los ataques en contra de defensores de derechos humanos debe ir más allá de la protección brindada por la UNP y debe constituirse de manera integral la prevención de dichos actos delictivos".
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