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Por El Tiempo
Los últimos asesinatos de líderes defensores de derechos humanos están marcados por una paradoja, mientras en años anteriores la mayoría de quienes fueron asesinados se oponían a políticas de gobierno, en los casos recientes varias víctimas apoyaban programas gubernamentales.
Así lo señala el más reciente informe de derechos humanos presentado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH), en el que esa comisión internacional se declara “extremadamente preocupada” por el aumento de asesinatos y otros tipos de ataques contra líderes sociales en el país.
De hecho, estos ataques son presentados en el informe como el primero de los grandes desafíos para la implementación del Acuerdo de Paz “en materia de garantías de no repetición”. Cabe recordar que la OACNUDH hace especial seguimiento a la puesta en marcha de los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc por petición de las partes.
La cifra más preocupante de los registros presentados por la OACNUDH son los 441 ataques ocurridos el año pasado contra líderes defensores de derechos humanos.
De estos, 121 fueron asesinatos, es decir, el 27,43 por ciento de los casos. Los demás fueron 41 intentos de asesinato, 213 amenazas, 61 violaciones de derechos a la intimidad y la propiedad (como tomarles fotografías sin permiso), además de 4 desapariciones forzadas y una violación sexual a una mujer activista.
Sobre los asesinatos, detalla el informe que el 62 por ciento ocurrieron en zonas rurales, el 24 por ciento en ciudades cercanas a zonas de conflicto y 14 por ciento en ciudades principales. Además, el 64 por ciento ocurrieron en zonas que fueron de presencia histórica de las Farc.
Las causas que persisten
En la mayoría de los asesinatos, la ONU detectó tres características comunes: ocurrieron en zonas donde hay economías ilícitas como el tráfico de drogas o la minería ilegal; en segundo lugar, en municipios con tasas de homicidios por encima de la violencia endémica (más de 10 por cada 100.000 habitantes, según la Organización Mundial de la Salud); y finalmente, en zonas con un índice de pobreza multidimensional más alto que el promedio nacional.
Es decir que la economía ilegal, la violencia endémica y la pobreza son el ‘perfecto’ caldo de cultivo en el que se incuban las amenazas contra defensores de derechos humanos, y a estos se suman que el ‘antídoto’, una mayor presencia estatal integral, todavía es débil.
Según la ONU, muchos de los asesinatos de líderes se pudieron evitar, “especialmente aquellos en antiguas zonas de influencia de las Farc-EP”. Habría sido suficiente con “una respuesta oportuna y coordinada del Estado a la implementación del Acuerdo, priorizando los derechos de la población”.
Esto, en consonancia con las causas que señala la entidad, que abarcan desde el vacío de poder en varios territorios tras la desmovilización de las Farc, pasando por la “falta de una presencia estatal integral” y por las demoras en la implementación del Acuerdo de Paz.
“Aparentemente, varias víctimas fueron asesinadas por apoyar las políticas derivadas del acuerdo, como la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral”, explica el informe.
La labor de las instituciones, con avances parciales
La OACNUDH dice que el 57 por ciento de asesinatos habría sido cometido por sicarios, “lo que dificulta la identificación del autor intelectual”. Por eso, aunque reconoce la avanzada de la Fiscalía General para priorizar la investigación de estos crímenes, señala la falencia que persiste para llegar a los determinadores de los mismos.
Los presuntos autores materiales serían, en su mayoría, miembros de antiguos grupos paramilitares (54). El Eln habría cometido 4, exmiembros de las Farc otros 3 y el EPL (‘Pelusos’) 1 más, mientras que 3 casos serían atribuibles a miembros de la fuerza pública y otros 19 habrían sido cometidos por personas no afiliadas a grupos criminales o grupos armados ilegales.
Aunque en el informe se reconoce la labor de la Unidad Nacional de Protección, se resalta que cuatro de las personas asesinadas tenían esquema de protección de esa unidad, con escoltas incluidos. “Las víctimas con escoltas fueron asesinadas cuando los escoltas no estaban presentes, lo que indica que el uso de escoltas sí evita los atentados”, sostiene el informe.
La oficina del Alto Comisionado reconoce la creación del Cuerpo de Élite de la Policía Nacional para combatir las organizaciones criminales, así como de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales y la estrategia del ente investigador de intervenir en 500 municipios priorizados.
Pero también llama a reforzar el enfoque de género y el análisis de las amenazas en ámbitos rurales a través del fortalecimiento de medidas de protección como las guardias indígenas y afrocolombianas.
Finalmente, hace un llamado a que la Fiscalía General investigue los vínculos entre la corrupción y el crimen organizado, “ya que algunos defensores que han denunciado esta correlación han sufrido ataques”.
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