Análisis
Tomado de Pacocol
Por Jaime Caycedo T.
Secretario General Partido Comunista Colombiano PCC
El último fin de semana fueron asesinados Jesús Orlando Grueso Obregón y Jonathan Cundumi Anchino, conocidos líderes de Unión Patriótica y Marcha Patriótica en Guapi, Cauca. Se reseña el crimen de un joven activista en el Catatumbo y en Puerto Claver, municipio de El Bagre, Antioquia, asesinan a Víctor Alfonso Sánchez Manjarrez, militante del partido legal Farc.
Los datos sobre agresiones y muertes de líderes sociales y activistas se han incrementado sostenidamente en los últimos meses. Entre enero de 2017 y enero de 2018 fueron asesinadas en Colombia 194 personas dedicadas a labores sociales, comunitarias y de defensa de derechos humanos según fuentes gubernamentales y ONGs, nacionales e internacionales.
Estos hechos afectan de manera trascendente la situación política nacional y configuran una auténtica emergencia humanitaria, la que el gobierno se niega a reconocer. En Medellín fue agredida Aída Avella y en Córdoba la candidata Liney Paternina en medio de recorridos de campaña electoral. Se han denunciado amenazas a Rodrigo Ramírez, candidato de UP en Sucre. Hay en curso una re-victimización inaceptable.
Los actos agresivos contra dirigentes del partido legal FARC forman parte de un horizonte que cuestiona de fondo la inexistencia de garantías, no solo por los incumplimientos de los Acuerdos de Paz sino por la trasgresión evidente de las normas constitucionales. Nada es casual ni ausente de planificación. La ultraderecha militarista ensaya nuevos métodos. Se trata ahora de ataques, asonadas y actos de vandalismo sistemáticos, planificados y dirigidos a boicotear la actuación libre de los candidatos de la izquierda en la contienda electoral.
La cantaleta ultraderechista de una “sanción moral” que se disfraza como “ejercicio democrático” con “inocentes” abucheos y rompehuevos, intenta ocultar el genocidio que se está perpetrando. Es muy grave que sea permitida y tolerada por las autoridades, los medios de comunicación y justificada en declaraciones de altos funcionarios del Estado. La estigmatización y el matoneo anticomunistas con personal contratado y organizadores conocidos, han causado lesiones personales, intentos de linchamiento, daños a inmuebles y a vehículos de terceros, delitos estipulados en leyes que no admiten excusas por parte del gobierno y deben ser investigados por la Fiscalía.
¡Hay que parar el genocidio y su “justificación” simbólica, ya!
Además, se intenta desde el poder dominante enrarecer el ambiente político para impedir que la unidad de las Listas Decentes y la convergencia pluralista en torno de una candidatura presidencial alternativa como la de Gustavo Petro puedan abrirle espacio a una nueva expresión de mayorías en la dirección del Estado. Se busca confrontar a Venezuela y el Gobierno Nacional se presta a las instrucciones de Washington para militarizar la frontera, dificultar la migración de ciudadanos venezolanos y articularse a los proyectos que desde la Colombia, Brasil, Panamá y los enclaves holandeses de la OTAN adelanta el Comando Sur de los Estados Unidos, mientras avanzan las perversas gestiones diplomáticas del llamado Grupo de Lima contra Caracas.
Creemos en una reconciliación democrática que respete las diferencias, los acuerdos de paz y la igualdad política, con plenos derechos y garantías para todos, sin excepciones. Es hora de actuar y por eso pedimos a todas las organizaciones pronunciarse por el respeto a la vida, el pacto para sacar las armas de la política, solicitar la actuación inmediata de la CIDH con medidas cautelares, individuales y colectivas y el acompañamiento parlamentario del Foro de Sao Paulo y la COPPPAL al proceso electoral.
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