Comunicado
Tomado de Gaskua
Por Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechaza la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor de los defensores de derechos humanos, tanto en pronunciamientos públicos como en acciones que obstaculizan su trabajo.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está muy preocupada por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de los defensores de derechos humanos. Para combatir esta peligrosa práctica es necesario que los funcionarios públicos acaten la directiva 002 de la Procuraduría General de la Nación del 14 de junio de 2017.
La Oficina de ONU Derechos Humanos reitera que ser defensor de derechos humanos es una labor legítima, necesaria y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y la construcción de una paz sostenible.
La Oficina observa con profunda preocupación la persistencia de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el territorio nacional. Y rechaza la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos públicos como en acciones que obstaculizan su trabajo.
Recientemente, miembros del Congreso de la República descalificaron a los defensores que fueron escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz, impidiéndoles posesionarse de sus cargos por el hecho de haber representado víctimas en el pasado, lo que muestra el irrespeto a su labor y profundo desconocimiento de lo que significan las reglas del estado de derecho.
Otros altos funcionarios públicos han declarado recientemente a los medios que los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas. Esto es muy peligroso ya que parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables.
De acuerdo con nuestro trabajo en terreno, la Oficina ha verificado durante este año y hasta hoy 20 de diciembre, en el caso de defensores de derechos humanos y líderes un total de 105 homicidios, incluidos: 73 asesinatos contra líderes, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Además la Oficina tiene otros 11 casos más en proceso de verificación.
Los casos de homicidios de líderes y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las FARC y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada; y por ejercer labores de defensa de los derechos humanos tales como: denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas y el accionar de la criminalidad; reivindicar derechos propios o colectivos; apoyar políticas derivadas del Acuerdo de Paz y por conflictividad. Como se puede observar, su labor en la defensa de los derechos de todas las personas fue determinante con las agresiones que sufrieron.
En un 59% los asesinatos de líderes fueron perpetrados por sicarios.
El asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia es muy grave, dado que afecta a la población más vulnerable del país. Estos asesinatos se cometen en lugares donde la presencia del Estado es limitada y las personas no tienen acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos. Las consecuencias del asesinato de un defensor de derechos humanos son más complejas de lo que parecen interpretar algunos funcionarios del gobierno. Además la magnitud de las repercusiones en el tejido social y comunitario deben ser consideradas por las autoridades estatales en su conjunto.
La Oficina ha reiterado que la prevención de los ataques y agresiones en contra de los defensores de derechos humanos implica la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; al igual que el país avance de manera decidida en la inclusión política, económica y social de los defensores y las comunidades y pobladores de estos territorios, promoviendo un enfoque integral de intervención, con respeto de todos los derechos.
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