Análisis
Por María Méndez
Colombia Soberana
Las horas pasan lentas entre el espanto y la esperanza. Pareciéramos revivir los años del final de la década de los 80 y los 90. Casi dos masacres por semana perpetradas por el Estado y sus grupos militares y paramilitares. Todo tenía su origen en el hecho histórico que significaba los diálogos entre la guerrilla y el gobierno de Belisario Betancur. La esperanza de paz había surgido en Casa Verde, luego, la traición y el bombardeo con que el gobierno de César Gaviria pretendía asesinar al Camarada Manuel Marulanda Vélez y a toda la dirección de las FARC.
Siguieron años oscuros masacres tras masacre bajo la mirada y batuta del Estado y los medios masivos de comunicación que deformaban la información y avalaban la política de terror estatal que no dejaba de asesinar, violar, quemar calcinar la esperanza, sin embargo ésta resurgía en el Caguán.
Estos diálogos se erigían como una ventana abierta a conseguir un acuerdo que permitiera que las balas dejaran de sonar, matar, aterrorizar... Luego mentiras, miedo, amenazas... llego el fin que segaba la paz y cerraban las puertas de la construcción de un país mejor. De nuevo guerra, bombardeos, fosas comunes y miedo.
El 2016 se cierra con la firma del Acuerdo de La Habana, el Acuerdo de la Esperanza, pero de nuevo la bala asesina del Estado siembra pánico donde debía haber vida y alegría. La masacre de Tumaco, el asesinato de más de 130 líderes sociales, el homicidio de al rededor de 31 miembros de las FARC, 11 familiares de excombatientes masacrados... solo es el inicio, las cifras suben, el pueblo cae, la sangre corre.
El análisis del presente a la luz del pasado, no solo de los hechos mencionados, sino de toda la historia de despojo y muerte silenciada por las clases dominantes, nos permite entender que el problema de Colombia y el 'Enemigo' del Estado no eran las FARC. Ahora, en medio del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo CFHBD (punto tres, Fin del Conflicto, Acuerdo de La Habana) nos damos cuenta que el problema de nuestro país ha sido la pobreza, la exclusión, la estigmatización y la política de aniquilar a la clase dominada y al otro, el que piensa diferente el que anhela un país justo, humano y para todos.
Hoy más que nunca cabe analizar las causas que provocaron esta guerra fratricida de más de medio siglo. El despojo y el desplazamiento realizado por ejércitos privados y paramilitares en connivencia y bajo la dirección del Estado, política criminal que desató la barbarie y el río de sangre que atraviesa a Colombia y que benefició a los terratenientes, los gamonales políticos regionales, las clases dirigentes y, por supuesto, a las multinacionales y transnacionales que explotan nuestros suelos o tiene grandes extensiones de cultivos agroindustriales. Este es el motivo, el detonante ha sido la nula democracia, el asesinato de líderes campesinos, políticos e incluso ambientalistas. La mirada discriminatoria, estigmatizante e ilegalizada del "otro diferente", del "enemigo interno".
Más de 53 años de guerra impidieron que viéramos que el "enemigo interno" no eran solo las guerrillas que mantenían una más que justa resistencia armada contra el Estado y el imperio asesino. Ahora sin el ruido ensordecedor de los fusiles, a un año de la firma del Acuerdo y luego de tantas muertes que se desembocaron, incluyendo la Masacre del Tumaco realizada por la Policía Antinarcóticos contra valientes y desarmados campesinos cocaleros, vemos que el "enemigo interno" al que tanto teme el Estado, el imperio y las clases dominantes y oligárquicas, somos los colombianos del común, todos y cada uno de nosotros.
La guerra, como se ha dicho, se realizó en contra del pueblo colombiano. El Estado atacó, no solo a las guerrillas, sino a toda la población colombiana, con una articulación asombrosa entre todas las ramas del poder y las diferentes formas de lucha, incluyendo la guerra mediática y los grupos paramilitares. Todo su poderío se concentró, no solo en desarticular los grupos insurgentes, sino la organización campesina, comunal, política y social y en seguir arrebatándonos nuestras tierras y recursos.
A un año de la firma del acuerdo de la Esperanza, vemos con asombro que su coordinación precisa y envidiable, continúa en su "guerra contra el enemigo interno" pero, lamentablemente no logran coordinarse (o no quieren lograrlo) en la construcción de la paz. En la necesaria lucha contra el paramilitarismo y en acelerar y poner en marcha la implementación del Acuerdo de la Esperanza, cada rama del poder anda "por su lado", aparentemente poniéndole zancadilla la una a la otra, contradiciéndose mutuamente.
Aparentemente son ruedas sueltas, incapaces de dialogar entre sí para así poder implementar el Acuerdo de La Habana, pero realmente es un plan muy coordinado para impedir que se cumpla lo pactado tal y como está escrito.
La sentencia C-17 del 2017 declara exequible el Acto Legislativo número 1 del 2017 que incorpora a la Constitución el sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR punto 5, Víctimas, Acuerdo de la Esperanza) que permite llevar adelante la implementación del Acuerdo de la Esperanza en temas tan importantes como el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en el marco del conflicto armado o revisar las políticas estatales en materia de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, son bastante regulares, por no decir malas y nulas.
Pero con el Estado no todo es color de rosa. La Corte considero, no sé sabe sobre qué base, que algunos de los artículos eran contrarios a la Carta Magna y sin más procedió a reemplazarlos sobre quién sabe que criterios. Este procedimiento riñe con lo firmado en La Habana y pone en riesgo la construcción de la paz, puesto que toca temas tan delicados como la seguridad jurídica de los excombatientes.
Hay que decirlo con todas sus letras, la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) fue vulgarmente manoseada. En primer lugar porque se acaba con su autonomía. En nuestro país es bastante conocido que la impunidad ronda el 90%. La "justicia" colombiana ha demostrado de sobra que es bastante "efectiva" para juzgar a los colombianos de a pie y para acabar el contendiente político, así se tenga que recurrir a falsos testigos y "pruebas" prefabricadas, pero para sancionar a las personas en el poder y a aquellos que pertenecen a sus fuerzas armadas, tanto militares como paramilitares, es insuficiente ¿cuántas víctimas de los señores Mancuso, HH, el Alemán y de integrantes del Ejército, Policía y ESMAD siguen esperando que sus casos sean resueltos?
Parece increíble que la Corte diga que los terceros civiles y agentes del Estado implicados en el conflicto no estan obligados a comparecer ante la JEP para ser juzgadas sus conductas delictivas en las que están delitos de lesa humanidad. Las víctimas por acción y omisión de agentes del Estado no tendrán reparación ni sabrán la verdad, están siendo doblemente victimizados. Los civiles que crearon y financiaron paramilitares seguirán disfrutando de la impunidad.
El Congreso también hace su parte en este plan macabro con su "régimen de inhabilidades e incompatibilidades" para los magistrados de la JEP que sin ningún rubor se va lanza en ristre contra los Defensores de Derechos Humanos. al Estado ya no les basta con asesinarlos, ahora pretende ilegalizar su ejercicio.
Preocupa también los movimientos de "fuerzas desconocidas" que parecen dispersas pero su accionar es completamente coordinado dirigido a atacar a las FARC y a organizaciones de izquierda por varios motivos, entre ellos, acusarlos de delitos sexuales y de lesa humanidad. Casi desde el inicio de los diálogos en La Habana, notamos una repetitiva y morbosa fijación de muchos sectores que parecerían diversos que acusan a las FARC de crímenes sexuales dentro de las filas.
Estos sectores van desde ONG's de dudosa procedencia, hasta las mismas instituciones del Estado que se apresuran a cambiar metodologías de investigación a conveniencia y otros que reclutan mujeres, incluso de las FARC, a las que les prometen estabilidad económica a cambio de que testifiquen haber sido abusadas, obligadas a practicarse abortos, etc.
El Estado, bien definido por Lenin como la maquinaria para acabar con el enemigo de clase (en nuestro caso los pobres, campesinos, líderes sociales, ambientalistas y todo aquel que se atreva a denunciar las injusticias) es ilegítimo y corrupto y hace mucho tiempo busca reencaucharse pues sabe que ya hace décadas está en crisis, necesitaba a toda costa desarmar a las FARC, sin embargo, ve el peligro que representa el dejar que entren a la arena política, puesto que ahora su crisis se incrementa y ya no tiene excusas para enviar a sus ejércitos asesinos a arrasar los campos y cinturones de miseria de las ciudades, por eso no cumplirá voluntariamente la palabra empeñada ante Colombia y el mundo, ahora se hace necesaria la movilización de toda la sociedad para que se implemente el Acuerdo de la Esperanza tal como se firmó.
Por último, no deja de preocuparnos los ataques "internos" que pretenden dividir. "Analistas de oficio" cuya ignorancia política los lleva a hacer "críticas" extrañas y abiertas basados en supuestas informaciones internas, en las cuales insultan a los miembros de la dirección del nuevo partido y encima responden con un manoteo insano y nada revolucionario contra los que nos atrevemos a decirles la verdad.
Personas que solo han estado en la «construcción de la paz» desde los escritorios y mientras sus intereses personales sean satisfechos, algunos de ellos siendo liberales aduladores de figuras como Horacio Serpa, tienen el atrevimiento de usar el marxismo leninismo para aparentar ser más revolucionarios que los que han dado hasta sus vidas en las selvas y ciudades y encima calificar a sus críticos de «aduladores de oficio».
No señores, ni el Estado, ni la derecha y mucho menos los oportunistas y paracaidistas lograrán romper y acabar con un partido fuerte de 53 años de lucha política y revolucionaria. Las FARC mantiene su cohesión política, su lucha incansable por la paz y por un país justo para todos, y junto con el pueblo y en constante movilización, lograremos que se cumpla lo pactado tal y como se firmó y construiremos la Nueva Colombia.
Estos diálogos se erigían como una ventana abierta a conseguir un acuerdo que permitiera que las balas dejaran de sonar, matar, aterrorizar... Luego mentiras, miedo, amenazas... llego el fin que segaba la paz y cerraban las puertas de la construcción de un país mejor. De nuevo guerra, bombardeos, fosas comunes y miedo.
El 2016 se cierra con la firma del Acuerdo de La Habana, el Acuerdo de la Esperanza, pero de nuevo la bala asesina del Estado siembra pánico donde debía haber vida y alegría. La masacre de Tumaco, el asesinato de más de 130 líderes sociales, el homicidio de al rededor de 31 miembros de las FARC, 11 familiares de excombatientes masacrados... solo es el inicio, las cifras suben, el pueblo cae, la sangre corre.
El análisis del presente a la luz del pasado, no solo de los hechos mencionados, sino de toda la historia de despojo y muerte silenciada por las clases dominantes, nos permite entender que el problema de Colombia y el 'Enemigo' del Estado no eran las FARC. Ahora, en medio del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo CFHBD (punto tres, Fin del Conflicto, Acuerdo de La Habana) nos damos cuenta que el problema de nuestro país ha sido la pobreza, la exclusión, la estigmatización y la política de aniquilar a la clase dominada y al otro, el que piensa diferente el que anhela un país justo, humano y para todos.
Hoy más que nunca cabe analizar las causas que provocaron esta guerra fratricida de más de medio siglo. El despojo y el desplazamiento realizado por ejércitos privados y paramilitares en connivencia y bajo la dirección del Estado, política criminal que desató la barbarie y el río de sangre que atraviesa a Colombia y que benefició a los terratenientes, los gamonales políticos regionales, las clases dirigentes y, por supuesto, a las multinacionales y transnacionales que explotan nuestros suelos o tiene grandes extensiones de cultivos agroindustriales. Este es el motivo, el detonante ha sido la nula democracia, el asesinato de líderes campesinos, políticos e incluso ambientalistas. La mirada discriminatoria, estigmatizante e ilegalizada del "otro diferente", del "enemigo interno".
Más de 53 años de guerra impidieron que viéramos que el "enemigo interno" no eran solo las guerrillas que mantenían una más que justa resistencia armada contra el Estado y el imperio asesino. Ahora sin el ruido ensordecedor de los fusiles, a un año de la firma del Acuerdo y luego de tantas muertes que se desembocaron, incluyendo la Masacre del Tumaco realizada por la Policía Antinarcóticos contra valientes y desarmados campesinos cocaleros, vemos que el "enemigo interno" al que tanto teme el Estado, el imperio y las clases dominantes y oligárquicas, somos los colombianos del común, todos y cada uno de nosotros.
La guerra, como se ha dicho, se realizó en contra del pueblo colombiano. El Estado atacó, no solo a las guerrillas, sino a toda la población colombiana, con una articulación asombrosa entre todas las ramas del poder y las diferentes formas de lucha, incluyendo la guerra mediática y los grupos paramilitares. Todo su poderío se concentró, no solo en desarticular los grupos insurgentes, sino la organización campesina, comunal, política y social y en seguir arrebatándonos nuestras tierras y recursos.
A un año de la firma del acuerdo de la Esperanza, vemos con asombro que su coordinación precisa y envidiable, continúa en su "guerra contra el enemigo interno" pero, lamentablemente no logran coordinarse (o no quieren lograrlo) en la construcción de la paz. En la necesaria lucha contra el paramilitarismo y en acelerar y poner en marcha la implementación del Acuerdo de la Esperanza, cada rama del poder anda "por su lado", aparentemente poniéndole zancadilla la una a la otra, contradiciéndose mutuamente.
Aparentemente son ruedas sueltas, incapaces de dialogar entre sí para así poder implementar el Acuerdo de La Habana, pero realmente es un plan muy coordinado para impedir que se cumpla lo pactado tal y como está escrito.
La sentencia C-17 del 2017 declara exequible el Acto Legislativo número 1 del 2017 que incorpora a la Constitución el sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR punto 5, Víctimas, Acuerdo de la Esperanza) que permite llevar adelante la implementación del Acuerdo de la Esperanza en temas tan importantes como el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón y en el marco del conflicto armado o revisar las políticas estatales en materia de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, son bastante regulares, por no decir malas y nulas.
Pero con el Estado no todo es color de rosa. La Corte considero, no sé sabe sobre qué base, que algunos de los artículos eran contrarios a la Carta Magna y sin más procedió a reemplazarlos sobre quién sabe que criterios. Este procedimiento riñe con lo firmado en La Habana y pone en riesgo la construcción de la paz, puesto que toca temas tan delicados como la seguridad jurídica de los excombatientes.
Hay que decirlo con todas sus letras, la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) fue vulgarmente manoseada. En primer lugar porque se acaba con su autonomía. En nuestro país es bastante conocido que la impunidad ronda el 90%. La "justicia" colombiana ha demostrado de sobra que es bastante "efectiva" para juzgar a los colombianos de a pie y para acabar el contendiente político, así se tenga que recurrir a falsos testigos y "pruebas" prefabricadas, pero para sancionar a las personas en el poder y a aquellos que pertenecen a sus fuerzas armadas, tanto militares como paramilitares, es insuficiente ¿cuántas víctimas de los señores Mancuso, HH, el Alemán y de integrantes del Ejército, Policía y ESMAD siguen esperando que sus casos sean resueltos?
Parece increíble que la Corte diga que los terceros civiles y agentes del Estado implicados en el conflicto no estan obligados a comparecer ante la JEP para ser juzgadas sus conductas delictivas en las que están delitos de lesa humanidad. Las víctimas por acción y omisión de agentes del Estado no tendrán reparación ni sabrán la verdad, están siendo doblemente victimizados. Los civiles que crearon y financiaron paramilitares seguirán disfrutando de la impunidad.
El Congreso también hace su parte en este plan macabro con su "régimen de inhabilidades e incompatibilidades" para los magistrados de la JEP que sin ningún rubor se va lanza en ristre contra los Defensores de Derechos Humanos. al Estado ya no les basta con asesinarlos, ahora pretende ilegalizar su ejercicio.
Preocupa también los movimientos de "fuerzas desconocidas" que parecen dispersas pero su accionar es completamente coordinado dirigido a atacar a las FARC y a organizaciones de izquierda por varios motivos, entre ellos, acusarlos de delitos sexuales y de lesa humanidad. Casi desde el inicio de los diálogos en La Habana, notamos una repetitiva y morbosa fijación de muchos sectores que parecerían diversos que acusan a las FARC de crímenes sexuales dentro de las filas.
Estos sectores van desde ONG's de dudosa procedencia, hasta las mismas instituciones del Estado que se apresuran a cambiar metodologías de investigación a conveniencia y otros que reclutan mujeres, incluso de las FARC, a las que les prometen estabilidad económica a cambio de que testifiquen haber sido abusadas, obligadas a practicarse abortos, etc.
El Estado, bien definido por Lenin como la maquinaria para acabar con el enemigo de clase (en nuestro caso los pobres, campesinos, líderes sociales, ambientalistas y todo aquel que se atreva a denunciar las injusticias) es ilegítimo y corrupto y hace mucho tiempo busca reencaucharse pues sabe que ya hace décadas está en crisis, necesitaba a toda costa desarmar a las FARC, sin embargo, ve el peligro que representa el dejar que entren a la arena política, puesto que ahora su crisis se incrementa y ya no tiene excusas para enviar a sus ejércitos asesinos a arrasar los campos y cinturones de miseria de las ciudades, por eso no cumplirá voluntariamente la palabra empeñada ante Colombia y el mundo, ahora se hace necesaria la movilización de toda la sociedad para que se implemente el Acuerdo de la Esperanza tal como se firmó.
Por último, no deja de preocuparnos los ataques "internos" que pretenden dividir. "Analistas de oficio" cuya ignorancia política los lleva a hacer "críticas" extrañas y abiertas basados en supuestas informaciones internas, en las cuales insultan a los miembros de la dirección del nuevo partido y encima responden con un manoteo insano y nada revolucionario contra los que nos atrevemos a decirles la verdad.
Personas que solo han estado en la «construcción de la paz» desde los escritorios y mientras sus intereses personales sean satisfechos, algunos de ellos siendo liberales aduladores de figuras como Horacio Serpa, tienen el atrevimiento de usar el marxismo leninismo para aparentar ser más revolucionarios que los que han dado hasta sus vidas en las selvas y ciudades y encima calificar a sus críticos de «aduladores de oficio».
No señores, ni el Estado, ni la derecha y mucho menos los oportunistas y paracaidistas lograrán romper y acabar con un partido fuerte de 53 años de lucha política y revolucionaria. Las FARC mantiene su cohesión política, su lucha incansable por la paz y por un país justo para todos, y junto con el pueblo y en constante movilización, lograremos que se cumpla lo pactado tal y como se firmó y construiremos la Nueva Colombia.
No comparto tu opinión, realmente pienso que los grupos paramilitares realizaron barbaries y se justifican (aun) en el hecho de que las guerrillas de las FARC también lo hacían; pienso que por mas que se piense que estas luchas fueron justas, ninguna lo es. No es justo aniquilar a una comunidad con el fin de llamar la atención del gobierno, pienso que estos lazos de odio debieron manejarse desde la pedagogía, para evitar llegar a estar como estamos. Opino que si no hubiesen existido unas, no existirían las otras, es un cáncer, que hay que extirpar desde la raíz, y esta raíz es el odio. Es hora del cambio y no creo que los movimientos políticos tan arcaicos tengan la solución.
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