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Por El Tiempo
Desde esta semana se aplicará el anunciado plan de choque de Senado y Cámara.
Este martes comienzan las últimas cuatro semanas para debatir y votar los proyectos de ley y de reforma constitucional que implementan el acuerdo de paz y que todavía están pendientes en el Congreso.
El plazo se da porque, según ha dicho el Gobierno, el procedimiento legislativo especial (también conocido como vía rápida o ‘fast track’) para el trámite de estas normas termina su vigencia el próximo 30 de noviembre.
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La semana pasada los presidentes del Senado, Efraín Cepeda, y de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, anunciaron que le meterían el acelerador a las dos corporaciones y que para ello citarían a las plenarias de lunes a jueves.
Incluso los dos se comprometieron a citar los viernes, en caso de ser necesario.
Un ejemplo de ello es que este martes la plenaria de la Cámara está citada para las 10:00 de la mañana y la del Senado para las 11:00 de la mañana con el fin de avanzar, lo más que se pueda, y lograr la aprobación de estos proyectos.
En el pleno de la Cámara de Representantes está pendiente votar la vigencia de la reforma política. La vigencia de un proyecto es el último artículo, el cual estipula desde cuando comienza a regir la iniciativa.
Concluido este paso, la reforma política pasaría a la Comisión Primera del Senado para su tercero de cuatro debates.
Luego de esto, la plenaria de la Cámara tiene previsto abordar el estudio del proyecto de reforma constitucional que crea 16 curules especiales para las víctimas y las organizaciones sociales de los lugares más afectados por el conflicto, el cual llega a su último debate.
Por los lados del Senado, está previsto avanzar en la votación de al menos 26 impedimentos (peticiones de los congresistas para separarse del trámite de una iniciativa) para el proyecto de ley que reglamenta la justicia para excombatientes, militares y civiles señalados de delitos atroces en medio del conflicto.
Esta norma es la más importante de este semestre legislativo ya que se trata de reglamentar el esquema de justicia transicional con el que se procesará a quienes tuvieron alguna participación en la guerra.
El otro reto lo tiene el Gobierno Nacional, el cual debe lograr que las mayorías de los partidos políticos acudan a sesionar y los ocho proyectos de la implementación que aún están en trámite avancen en el Legislativo.
El ausentismo de varios congresistas, propio de la época de precampaña electoral, ha sido una de las barreras más grandes para la aprobación de estas normas.
En ese sentido, el caso de los partidos Conservador y Cambio Radical parece ser uno de los mayores obstáculos. Ambas colectividades, que son claves para conformar el quórum en la plenaria del Senado, han manifestado varias inquietudes sobre estas iniciativas.
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