Otra vez el Alto Comisionado de Paz

Análisis

Tomado de FARC-EP

Por Timoleón Jiménez

¿Será consciente de la manera como con sus declaraciones contribuye a alimentar el odio irracional de los sectores dispuestos a ahogar el país en otro mar de sangre?

A fines del mes de marzo, el Comando de Dirección de las FARC-EP en el PTN “Amaury Rodríguez” de Pondores, municipio de Fonseca, Guajira, envió una carta a los 15 alcaldes de ese departamento, con el propósito de proponerles la realización de algunas acciones conjuntas enmarcadas en la idea de trabajar en la Implementación de los Acuerdos de La Habana.

La nota, elaborada con el mejor espíritu de unificar esfuerzos para lo que se deriva del desarrollo del Acuerdo de Paz, terminó con la respetuosa invitación a reunirse en el PTN el día 6 de abril, o en la fecha que los destinatarios acuerden, en la medida en que el departamento de la Guajira, dentro de los criterios contenidos en los PDET, hace parte de los territorios priorizados.

En gracia de discusión podríamos aceptar que se trató de un documento conciso, al que quizás hizo falta una explicación más amplia y cordial en torno a los asuntos planteados. Entendemos que las responsabilidades de los funcionarios locales implican agendas muy estrictas, y que variarlas por invitaciones repentinas puede originar dificultades en su patriótica función.

Otra cosa la dimensión que optaron por atribuirle al hecho algunos funcionarios y sectores de la prensa local y nacional, que prefirieron interpretar la misiva como un exabrupto y una presión indebida, argumentando que las FARC no han dejado las armas. Ejemplo de ello son las expresiones del señor Gobernador de la Guajira, Wilder Guerra Curvelo.

Para él se trata de un hecho de inadmisible, ilegítimo y tremendamente arbitrario, pues en su parecer se está llamando a los alcaldes a rendir cuentas, como en los peores días del conflicto armado. Hubo expresiones parecidas por parte de algunos sectores políticos que se caracterizan por el odio enfermizo a la realización de los Acuerdos de La Habana.

Entre todas las manifestaciones producidas, por su significación y porque se ha tornado en una repetida actitud, quisiera señalar la del doctor Sergio Jaramillo:

“…esto se puede considerar como una violación al cese al fuego porque las Farc no han terminado de desarmarse y es una presión sobre la sociedad, es una alteración del orden en la región y el acuerdo dice claramente que eso está prohibido”.

“Cualquier persona puede sentir eso como una presión y el acuerdo dice que cualquier presión a la sociedad o a las autoridades es una violación al cese al fuego”.

“…si las FARC quieren hacer política, si quieren interlocutar de esa manera con las instituciones, deben acelerar el proceso de dejación de armas porque no se han terminado de desarmar”.

El Alto Comisionado de Paz conoce perfectamente los Acuerdos porque desde el inicio de las conversaciones y hasta su firma final permaneció en la Mesa, expresando sus puntos de vista y los del gobierno nacional. Su firma aparece en cada uno de los ejemplares formales. Además ha asumido, no siempre con la sindéresis debida, la labor de exégeta riguroso de los mismos.

Sabe perfectamente que las zonas veredales y puntos transitorios de normalización no fueron concebidos, y así quedó contemplado en los Acuerdos y Protocolos sobre el Cese al Fuego bilateral, como guetos en los que los guerrilleros de las FARC en tránsito a la vida civil, permanecieran por completo aislados de la sociedad y sin ningún contacto con el mundo exterior.

Por ello se acordó en ellos la construcción de áreas de recepción, en las que cualquier persona o funcionario podía ir a conversar con las FARC en el espíritu de los Acuerdos o incluso con carácter personal, como sucede con los familiares y amigos de los combatientes. Por eso estos sitios fueron incluidos dentro de las áreas comunes cuya terminación se privilegió en el cónclave de Cartagena.

Sabe también, porque fue uno de sus propulsores, que en el punto sobre Reforma Rural Integral se acordaron los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial o PDET que cobijarán la totalidad de las zonas rurales del país, priorizando las zonas más necesitadas y urgidas, para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen en el marco del Acuerdo.

Dice el acuerdo que para cumplir con sus objetivos “es necesario elaborar en cada zona priorizada, de manera participativa, un plan de acción para la transformación regional, que incluya todos los niveles de ordenamiento territorial, concertado con las autoridades locales y las comunidades”. Resulta por tanto incomprensible el inaudito berrinche del doctor Jaramillo.

Tengo la certeza de que nuestros compañeros del Punto Transitorio de Normalización Amaury Rodríguez, de Pondores, obraron dentro del espíritu de lo acordado, y que como es natural, lo hicieron animados por la urgente necesidad de dar a conocer los Acuerdos a funcionarios locales, en la medida en que como queda visto la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no lo hace.

Hace dos o tres días se dio a conocer el Quinto Informe Mensual del Mecanismo de Monitoreo y Verificación en el que se reporta al país el cumplimiento de los Acuerdo por las partes y las posibles violaciones del cese al fuego durante el período comprendido entre el 7 de marzo y el 7 de abril. El organismo autorizado por los Acuerdos no piensa igual que el Alto Comisionado.

Sería conveniente que este funcionario se apersonara de los reiterados incumplimientos por parte del Estado, oficialmente señalados por el único mecanismo legitimado para ello, en vez de salir a armar frecuentes alharacas en abierta violación a lo acordado con el alto gobierno en torno a la manera y los mecanismos de abordar las diferencias que se presentan en la implementación.

De lo expresado por él no sólo en esta, sino en ocasiones parecidas, queda la impresión de que su único afán reside en la dejación completa de armas por parte de las FARC, con indiferencia por el respeto a los demás compromisos pactados. Si esa es su preocupación, debía satisfacerse con el Informe oficial del MM&V, que es muy claro respecto al estricto cumplimiento nuestro.

Circula por las redes un video en el que un descarado personaje añora los tiempos de Carlos Castaño y anuncia abiertamente el inicio de una guerra urbana cuyo propósito es exterminar a los colombianos comprometidos con los Acuerdos de Paz, incluyendo sin la menor reticencia al Presidente de la República, en una manifestación más del delirio fascista de la ultraderecha.

Cabe preguntarse si el Alto Comisionado para la Paz es consciente de la manera como con sus irresponsables declaraciones contribuye a azuzar y alimentar el odio irracional de los sectores dispuestos a ahogar el país en otro interminable mar de sangre, justo cuando la Colombia victimizada, decente, democrática y digna se empeña en sepultar para siempre semejante demencia intolerante.

La Habana, 12 de abril de 2017.