¡No más muertes! Mesetas exige protección

Noticia

Por La Verdad Abierta

Los pobladores de ese municipio de Meta están preocupados por la violencia, que en menos de un mes ha cobrado la vida de tres líderes sociales. Hay confusión sobre quiénes pueden ser los responsables de los homicidios.

Eliver Buitrago Rodríguez era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buenos Aires, en Mesetas, Meta. La ong Somos Defensores ha documentado el asesinato de 20 líderes y defensores de derechos humanos durante 2017. Fotos tomadas de Noticierodelllano.com y de @RemaAcpp. 

“Nos preocupa que el gobierno sea incapaz de garantizarnos el derecho a la vida. Están asesinando a los líderes sociales, que son la voz de las comunidades afectadas por el conflicto armado. En los territorios estamos poniendo muchos muertos”, dice una líder comunitaria de Meta, a quien este medio reserva su identidad dada la creciente violencia contra líderes sociales, según advierte el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo. 

La líder se refiere a Eliver Buitrago Rodríguez, asesinado de tres disparos el pasado domingo 2 de abril en la vereda Buenos Aires, en el municipio de Mesetas, Meta. Esta nueva víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de esa vereda, que colinda con el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, en el suroccidente del departamento. Varios campesinos de la zona le dijeron a VerdadAbierta.com que aunque desconocían su filiación política, era un líder innato de los derechos campesinos. “Con la paz de La Habana había mucha expectativa y esperanza, pero eso se ha nublado con lo que está ocurriendo”, dice otro habitante de Mesetas.

La preocupación llevó a los pobladores a declararse en paro, cerrando el comercio del casco urbano donde concentraron carteles para exigirle al gobierno nacional garantías de protección y seguridad. Con el asesinato de Buitrago, el municipio ya suma tres líderes sociales asesinados. En marzo pasado ocurrieron los crímenes contra los hermanos José Antonio y Luz Ángela Anzola Tejedor, miembros del Partido Comunista y del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes de Meta (Sintragrim), en la vereda El Gobernador. 

Sobre el reciente asesinato de Buitrago ni las autoridades ni la comunidad tienen claridad frente a los posibles responsables; distinto al caso de los hermanos Anzola Tejedor en el que presumen fueron disidentes de las Farc, pues así lo gritaron quienes perpetraron los crímenes. “Decir en este momento quién mató a Eliver es “pescar en río revuelto” porque no sabemos si fueron grupos disidentes de la guerrilla o bandas criminales”, indicó otro campesino.

La Unidad Nacional de Restitución de Tierras aclaró que Eliver Buitrago no aparece en el registro de reclamantes de tierras y a la fecha esta entidad no ha comenzado su intervención en este municipio. De otro lado, Mesetas tiene en el Registro Único de Víctimas 13 mil 256 personas desplazadas a causa del conflicto armado entre 1985 y el 1 de marzo de 2017.

En lo que sí coinciden tanto la comunidad como organizaciones defensoras de derechos humanos es que la Fiscalía debe investigar, y encontrar a los responsables. “La investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos son obligaciones de carácter internacional que adquiere el Estado y de las cuales las comunidades no tienen resultados contundentes que permitan afirmar que se están llevando a cabo, al contrario, pareciera que las actividades de denuncia que se han desarrollado de manera constante y periódica no han tenido resultado como mecanismo de prevención y protección de las y los dirigentes”, exigió la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia (Dhoc).

Las pistas

Hace tres meses la Defensoría Regional del Meta había advertido sobre el riesgo que corrían los líderes sociales en el sur del departamento. El Ministerio Público indicó que esos estaban siendo amenazados por las nacientes disidencias de las Farc y de bandas criminales. Tras el asesinato de Buitrago, la vía fue bloqueada como protesta. Foto: @RemaAcpp.

El 14 de diciembre de 2016 la Defensoría Regional del Pueblo reiteró el inminente riesgo que corren los líderes sociales de Meta. En el informe enviado a la Gobernación, indicó que los defensores y presidentes de juntas de Acción Comunal están en peligro por dos situaciones: por la entonces presencia del Bloque Oriental Jorge Briceño de las Farc en proceso de desmovilización y la aparición de disidencias de esta guerrilla; y también por la presencia de bandas criminales como el Bloque Meta y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. 

Esta agencia del Ministerio Público documentó múltiples amenazas, hostigamientos, explosiones y disparos contra líderes de los municipios de Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, Lejanías, La Macarena y Uribe.

Llama la atención que pese a la situación que se vive en Mesetas, ese municipio no hace parte de los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo. Así queda en evidencia en los documentos del 14 de diciembre de 2016 y del pasado 31 de marzo; sin embargo, el último informe de riesgo refiere que la Fundación Dhoc está bajo amenaza, pero en Bogotá.

Un análisis del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), publicado el mismo 14 de diciembre, en el que solicita medidas urgentes de protección, señala que de los 86 asesinatos documentados contra defensores de derechos humanos el año pasado, 23 eran miembros de juntas de Acción Comunal u organizaciones campesinas. Según el análisis de datos realizado por Indepaz, los líderes de las JAC fueron las principales víctimas, a las que les siguieron integrantes del movimiento Marcha Patriótica e indígenas. .

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia (Oacdh) ha calificado la situación como una “violencia persistente”, considerando que los ataques contra los defensores de derechos humanos está relacionada con el vacío dejado por las Farc en las áreas rurales, la ausencia del Estado, la percepción de “obstáculo” que tienen algunos actores frente a estos líderes en el logro de sus intereses políticos y económicos, así como la estigmatización y la disputa de grupos armados al margen de la Ley.

Sobre las disidencias de las Farc, un investigador de la región, de quien se reserva su nombre, indicó que durante la última semana de marzo circularon panfletos en Uribe y La Macarena con el título A mandos medios, guerrilleros de base y milicianos que hoy se han enrumbado hacia el camino de la desmovilización. El documento indica que como “ejército de Manuel [Manuel Marulanda Vélez alias ‘Tirofijo’] cree que no existen las condiciones ni las garantías para la desmovilización, y que seguirán siendo “guerrilleros comunistas”, abriendo las puertas a quienes quieran continuar en esta guerrilla. 

La vereda Buenos Aires es muy cercana de Buenavista, también en Mesetas, en donde funciona una de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) más grandes del país, allí están concentrados 546 guerrilleros de las Farc para entregar las armas y reincorporarse a la vida civil.

VerdadAbierta.com conversó con el vocero de la ZVTN en Mesetas sobre la posibilidad de que los responsables del crimen del líder de Buenos Aires fueran disidentes, pero no quiso referirse a ello ni a hacer conjeturas. “Lo que está ocurriendo es preocupante porque independiente de quiénes están afectando a la paz y la reconciliación, generan mucha incertidumbre entre la gente. Es necesario construir espacios diálogo para lograr un gran pacto territorial de paz”, dijo el vocero.

Sobre los panfletos que circularon en La Macarena y Uribe, municipios vecinos de Mesetas, dijo que no la dan crédito a un documento en que se declara una fuerza en disidencia: “puede haber otros factores que se aprovechan para hacer provocaciones contra el proceso. A quienes están interesados en continuar con la lucha armada les decimos que ningún proceso de paz en el mundo ha sido fácil y que en Colombia sí se puede lograr”.

Para los campesinos, es urgente que las autoridades judiciales investiguen y tomen medidas. “No queremos que nos maten más. Qué el gobierno vea más allá de los principales centros poblados y capitales, porque es en las regiones donde está ocurriendo esta violencia, sin saber quiénes son los responsables”, reiteró otro campesino de la región.