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Tomado de Pacocol
Por Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica Córdoba
Montería.- Dos familias pertenecientes a la vereda Alto Cuartillo, del corregimiento de Saiza han sido desplazadas y llegaron a la vereda de Gallo el sábado 22 de abril, buscando la protección que puede brindarles la seguridad del PTN Gallo.
En el corregimiento de Saiza, la presencia del grupo criminal sucesor del paramilitarismo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), se ha venido incrementando desde octubre de 2016, y con mayor intensidad desde que las FARC-EP se concentraron en el PTN de Gallo. Desde el 20 de enero se ha hecho común ver a varias tropas uniformadas y con arma larga, en veredas como Alto Cuartillo.
Cuando este grupo neoparamilitar llega a las veredas, advierten que tienen conocimiento de quiénes colaboraban con la guerrilla y a quiénes les tienen desconfianza, los obligan a trabajar con ellos en la parte militar, y en el caso de los adultos mayores les proponen ser "puntos" o "postes", es decir, informantes. En el caso de Alto Cuartillo, pretendían incluso, reclutar a un menor de edad.
Albeiro Rojas, presidente de la JAC de Alto Cuartillo, el 6 de abril fue víctima de un robo. Tres hombres armados, uniformados, con el rostro cubierto y con arma larga, le sacaron de su vivienda 17 millones de pesos, fruto de la venta de ganado. Además de otros desplazamientos sufridos habría perdido 26 reses, marranos, gallinas y otras pertenencias materiales.
Y el 19 de abril Albeiro Rojas fue sindicado por las AGC de ser colaborador de la guerrilla, y tropas de las AGC, comandadas por alias "Julio" llegaron buscándolo a él y a su hijo en su vivienda. Los amarraron con las manos atrás, les pusieron una puñaleta en el cuello y los amenazaban de muerte, apuntándoles con una pistola e incluso disparando a sus costados.
Las AGC también mandaron a citar al comité cocalero para el sábado 22 de abril a las 9 de la mañana. Para ese momento, dos familias de Alto Cuartillo, ya tenían varios días de desplazados. Hombres de las AGC llegaron de civil y con un radio a buscar al presidente de la JAC de Alto Cuartillo a la vereda del Llano, donde había presencia del Batallón de Infantería No. 33 Junín de la Brigada XI del Ejército. Citaron a las dos familias de Alto Cuartillo en el segundo piso de una casa, en el primero estaba el Ejército, y en el segundo dos paramilitares armados con pistola. Allí los tuvieron durante dos horas, un paramilitar conocido como "Calabazo" y otro más sin identificar.
La persecución hacia estas dos familias ha sido tal, que a los incidentes relatados hay que sumar las numerosas ocasiones que los paramilitares los han amenazado con insistencia de que su única salida era trabajar con ellos. Alias "Simón", quien sería de mayor rango que "Julio" y "Cabalazo", también amenazó a estas dos familias en la vereda de La Estrella, también corregimiento de Saiza, donde dijo que a Ramón Rojas, sobrino del presidente de la JAC de Alto Cuartillo, si lo encontraban "lo picaban". Ramón se encuentra desaparecido tras haber salido de su finca el 21 de abril.
Es de resaltar que el 30 de marzo del presente año, la Defensoría del Pueblo publicó un informe nacional de riesgo, donde ha solicitado a las autoridades y la sociedad en general “a tomar acciones urgentes para blindar moralmente y proteger a las posibles víctimas, organizaciones y movimientos sociales”, sin embargo, ninguna institución ha hecho investigación ni se han tomado las medidas para prevenir, pues lo que sucede en este momento en Saiza es preocupante.
“El ingreso de nuevos actores armados a estas regiones plantea escenarios de disputa por el control de los mismos y de las economías ilegales que fueran del dominio de las FARC-EP. Estas circunstancias han venido impactando sobre personas y organizaciones que abanderan la defensa del territorio, los recursos naturales, los derechos de las víctimas, la restitución de tierras, quienes propenden por el fortalecimiento de las agendas comunitarias y la implementación de los acuerdos de paz en el nivel territorial”, dice el documento publicado por la Defensoría del Pueblo.
En el capítulo donde hablan de Córdoba, el informe advierte del inminente riesgo que corren las asociaciones de la región. “En este escenario se encuentran en especial condición de riesgo los líderes sociales y dirigentes indígenas, miembros de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú –Asodecas, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba –Ascsucor, los transportadores fluviales de las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge que se desplazan en el embalse Urrá 1 y aguas arriba del corregimiento Juan José, y la población indígena de los resguardos Embera Katío del Alto Sinú, Quebrada Cañaveral y Zenú del Alto San Jorge”.
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