El incumplimiento programado

Análisis

Tomado de Pacocol

Por Fredy Muñoz A

Si las FARC hubieran incumplido alguno de los compromisos previos a la dejación de armas previstos en el Acuerdo de Paz, el mundo hubiera desatado, una vez más, su furia mediática contra la guerrilla, un presidente iracundo, rodeado de generales ya hubiera roto el Proceso,  y otro Plan Patriota estuviera en ciernes para dejar una estela de miles de muertos en los campos colombianos.

Los medios y el establecimiento han tratado, inútilmente, de involucrar a las FARC en algún acto de incumplimiento: que si los niños de las FARC, que si los bienes de las FARC, que si la fortuna de las FARC…

Pero todo eso se ha diluido en hechos claros e inocultables, a pesar del apagón mediático que algunos consorcios de la información han programado para lo que las FARC hagan bien: todos los hombres en armas están en las zonas de concentración, ya se ha entregado algún material de guerra, y no han habido actos de insubordinación a lo pactado.

La actitud ejemplar de la guerrilla se une a algo que millones de colombianos desconocían: que hay un país rural que quiere a las FARC, pues de él vienen, en él crecieron, y es su reivindicación la que defendieron en más de medio siglo de guerra tergiversada y amañada por los intereses de la clase poderosa colombiana.

Las imágenes de cientos de guerrilleros dejando atrás caseríos y municipios donde eran despedidos entre lágrimas echaron abajo el mito de la guerrilla demoníaca que comía niños y asolaba pueblos. Hay una realidad que se tomó las redes sociales: las FARC tienen un amplio espectro político, y son una opción de gobierno para muchos colombianos.

Alrededor de las zonas de concentración, en 26 puntos de la Colombia remota, miles de campesinos, dirigentes políticos, estudiantes, sindicatos y gente del común, se agolpan para involucrarse en la agenda de la guerrilla, que en medio del ruido de los mezcladores de cemento, monta carpas para socializar los acuerdos, y enseñarle a la gente de qué forma los beneficia lo contenido en ese documento, producto de este episodio histórico y doloroso de dejar las armas.

Esas zonas, que ya debieron estar construidas, con un aula por cada 200 guerrilleros, con televisores y equipos de reproducción de documentos audiovisuales, con altavoces de sonido, con mesas y tableros, con sillas y papelería, son la principal preocupación de los políticos que hoy retrasan la implementación del Acuerdo.

En La Guajira, donde el partido político Cambio Radical ha dado la muestra más clara de cómo opera su máquina de crímenes y de corrupción, los políticos realmente preocupados por esta región lacerada, acompañan hoy a la guerrilla en ejercicios de pedagogía de paz, y se diserta conjuntamente sobre qué hacer para sacar a esta rica zona del país, de la postración socio económica y el saqueo trasnacional.

Hace poco el Concejo Municipal de Villanueva, uno de los principales municipios Guajiros, invitó a la guerrilla a su recinto para iniciar un conversatorio sobre cómo podrían involucrarse los gobiernos regionales en la implementación de los acuerdos. De un día para otro, una orden dada por algún gamonal preocupado prohibió la reunión.

Y esa es la verdadera razón del retraso de las obras físicas en las zonas de concentración: los dirigentes políticos colombianos, en una deuda histórica con sus electores, le tienen miedo al camino claro que se abre entre pueblo y guerrilla discutiendo, desde la legalidad, una revolución pacífica y contundente.

El Gobierno ha explicado, por una parte, que las obras no están concluidas, y en algunas partes ni siquiera empezadas, porque la burocracia administrativa hace lento el trámite de contratación de quienes materializarán las obras; y por otra, que algunas de las zonas de concentración están en lugares ultra remotos, en los que no hay vías de penetración para llevar equipos y materiales.

Para una clase política acostumbrada a esgrimir argumentos elegantes sobre su propia mediocridad, estas razones resultan creíbles a simple vista, pero lo cierto es que son sólo eso: argumentos. 

En algunas de esas mismas zonas funcionan consorcios mineros, multinacionales explotadoras de recursos naturales y concesiones agroindustriales que han levantado, en tiempo récord, imponentes instalaciones con todas las comodidades y los elementos técnicos dispuestos para el saqueo nacional.

A las FARC hay que retrasarles el uso de cualquier herramienta que politice su concentración, que multiplique la verdad política de la Colombia oculta, y que termine convirtiéndolas en la opción más clara de los colombianos menos favorecidos, para construir entre todos la Nueva Colombia.

¿Y cuál es la Nueva Colombia? Pues esa misma que poco a poco vamos viendo en las redes sociales, en medios propios creados al amparo de este Acuerdo de Paz, en las sesiones informales de diálogo directo con el pueblo, y en algunos medios de comunicación poderosos que ya no tienen cómo disfrazar la verdad.

La Nueva Colombia es el temor más grande de una clase dirigente corrupta y fracasada, que hoy se organiza para un 2018 electoral, en el que el principal elemento de campaña es la oposición feroz a los Acuerdos.