“El Que Tenga Oídos Para Oír, Oiga” (Mateo 13: 9)

Análisis

Tomado de FARC-EP

Por Gabriel Ángel 

Acerca del fallo de la Corte IDH que condena al Estado colombiano por su responsabilidad en diversos hechos delictivos durante la operación Orión ordenada por Álvaro Uribe en octubre de 2002, hay muchas cosas para pensar. A continuación me referiré a algunas de ellas. 

Empezaré por la operación misma. Siempre se dijo por parte de los funcionarios oficiales encargados de determinarla, diseñarla y ejecutarla, que se trataba de ejercer la acción del Estado contra grupos guerrilleros y bandas criminales apostados en la Comuna 13 de Medellín. Los hechos se encargaron de mostrar otra cosa. Su objetivo eran en efecto los grupos guerrilleros, pero dentro de ellos se incluyó a la población civil que habitaba en la zona, lo que llaman los teóricos de la contrainsurgencia secarle el agua al pez.  

Y además empleando como instrumento predilecto el terror. Helicópteros artillados ametrallando desde el aire las viviendas de los habitantes, ametralladoras M-60 disparando de modo indiscriminado, grupos de fuerzas especiales tomando por asalto viviendas, capturas en masa, hombres uniformados y con máscaras señalando a diestra y siniestra las víctimas, golpizas, amenazas, accionar conjunto con bandas paramilitares.

Terminada la operación y desplazadas más de 1200 personas por la fuerza, esos barrios fueron entregados al control del paramilitarismo, que ocupó las casas vacías o trajo gente suya a vivir allí. Los asesinatos continuaron, sólo que sacaban las víctimas de sus viviendas para abandonar sus cadáveres en otros sitios de la ciudad. A todo eso es lo que Álvaro Uribe llama el retorno de la paz a Medellín una vez iniciado su gobierno y decretada la conmoción interior.

Y es a todo eso a lo que se refiere la sentencia de la Corte IDH, si bien su condena se centra en cinco casos específicos de lideresas sociales víctimas del terror uribista, para cuya reparación de derechos fue impetrada la demanda. Los crímenes cometidos durante los gobiernos de Álvaro Uribe fueron siempre del mismo estilo, en todos los rincones del país a donde llegaron las operaciones que ordenó. Cada vez está más claro en distintas providencias judiciales.

Resulta entendible entonces el odio enfermizo de Uribe contra los jueces y en general contra todo aquél que no se preste para respaldar u ocultar sus acciones. 

Para nadie es un secreto que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y creada la ONU, los Estados Unidos reservaron  para sí el manejo de todos los asuntos en América, en donde las Naciones Unidas no tendrían nada que hacer. De allí la creación de la OEA en abril de 1948 en Bogotá, y la aprobación en pleno Bogotazo de la Declaración Americana de los derechos y deberes de la persona, que sería la matriz del posterior aparato judicial de la OEA, la Corte IDH. El carácter político y anticomunista de la OEA y sus organismos quedaba fuera de toda duda, agencias de Washington para dominar las demás naciones del continente.

Por eso nada más rebuscado que el argumento uribista según el cual se trata de un fallo politizado de un sector de extrema izquierda en el que funge un antiguo guerrillero. Semejante barbaridad recuerda las declaraciones de la ultraderecha norteamericana tras el fallo judicial en el que la máxima Corte de los Estados Unidos ordenó la entrega a Cuba del niño Elián, retenido ilegalmente por algunos parientes suyos en Miami. La Corte había sido tomada por comunistas, así como el gobierno de Bill Clinton que cumplió con el fallo. Tanta locura movería a risa si no fuera porque esa derecha ultramontana, basada en sus mentiras, accedió a la Presidencia con George Bush en el período inmediato. Es a lo que hay que ponerle cuidado aquí.

Uribe no vacila para negar hoy lo que aseguró ayer con todo énfasis, siempre que se trate de defender sus sucios intereses. Una vez los agentes de la CIA capturaron a Simón Trinidad en Quito y se lo entregaron a Colombia, Uribe insistió en extraditarlo a Estados Unidos, pese a que ese país no lo había solicitado en extradición. Maniobró para que le fueran formulados cargos por narcotráfico y demás hasta obtener la correspondiente solicitud. En ello empleó todo un año.

Sin embargo hoy alega con absoluto descaro que no existe tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia, y que por tanto su pupilo de bandidaje, Andrés Felipe Arias, no puede ser extraditado a nuestro país. Todo lo contrario de lo sostenido cuando Simón, pese a que Arias está condenado por la Corte Suprema de Justicia por corrupto y nadie le está acomodando cargos.

Cuando se trató de pactar con los paramilitares de Ralito, no vaciló para ofrecerles el tratamiento de delincuentes políticos y así lo propuso al Congreso. Buscaba para ellos la impunidad total. La lucha de un sinnúmero de organizaciones democráticas y populares logró que la Corte Constitucional echara abajo semejante pretensión, pese a lo cual el tratamiento ultra benigno se hizo patente en el resultado final del proceso. Otra razón más para el odio de Uribe a las cortes.

Del mismo modo, cuando propuso a las FARC una negociación, los ofrecimientos de Uribe desbordaron cualquiera de los beneficios pactados en los Acuerdos de La Habana por Santos, pero el ex Presidente no dudó en descalificar lo consensuado e insistir en que Santos estaba entregando el país a las FARC. Lo que sucedió simplemente fue que en el Acuerdo Definitivo quedó contemplada la Jurisdicción Especial para la Paz, que obliga a los responsables de tanto crimen ordenado por Uribe a confesar la verdad si quieren acogerse a sus previsiones. 

Eso preocupa sobremanera al ahora senador Uribe, quien teme que además de la corrupción campante que caracterizó sus gobiernos, y sobre la cual se pronuncian con cada vez mayor frecuencia los jueces condenando a sus protegidos, salgan a la luz pública las verdades que con tanta violencia y amenazas ha conseguido mantener ocultas ante la justicia. De allí que levante la bandera de la persecución política contra su partido, con la misma desfachatez con la que Pablo Escobar en su momento pretendió ser reconocido como delincuente político.

Lo asusta que tanto la Corte IDH como distintos tribunales del país, al fallar sobre la ejecución de crímenes de lesa humanidad y de guerra por parte de su gobierno, coincidan en indicar que debe haber investigaciones completas acerca de la responsabilidad evidente que tanto él como sus funcionarios predilectos tienen en ellos. En especial su relación de intimidad con las organizaciones paramilitares que aterraron al mundo con sus hechos de sangre.

Para Uribe y su séquito, un poder judicial que no sirva de rodillas a los intereses que él representó durante su gobierno, que en su momento fueron tan bien protegidos por fiscales generales, procuradores y defensores del pueblo, resulta absolutamente inconveniente. Por eso su afán por derribar por completo las estructuras jurisdiccionales del país, poderes que debido a su negligencia y no escasa corrupción, apenas han permitido avizorar unos pocos de los innumerables actos ilícitos con los que tanto él como los suyos se enriquecieron durante su gobierno.

Pero sus verdaderas intenciones van mucho más allá. No le sirve tampoco el Congreso de la República, en el que pese a todas sus acciones fraudulentas, le resultó imposible mantener las mayorías que le permitieron pelechar a sus anchas durante los ocho años que gobernó el país. Y desde luego tampoco la rama ejecutiva, que resulta cada vez más refractaria a su nefasta influencia. Lo que tiene en mente ahora es derribar toda la institucionalidad del país para reemplazarla por otra que se acomode a sus intereses personales. 

Y es a eso a lo que le está apostando. Por eso su afán por sacar a Santos de la Presidencia, por revocarle el mandato con base en una campaña mediática, que funda en otra de sus más absurdas invenciones, la existencia de un presunto pacto con las FARC para perpetuarse en el poder a partir del año 2018. Sólo en su mente enfermiza puede caber que una organización que ha combatido con las armas durante más de medio siglo a la oligarquía colombiana, puede pactar con uno de sus predilectos hijos, su ex ministro estrella y neoliberal confeso además, algún tipo de fórmula para repartirse el país y meterlo a él y a los suyos a la cárcel, inocentes palomas perseguidas.

Que lo anterior no es ningún cuento queda en completa evidencia con el audio que apareció publicado este jueves 12 en Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=7j7NNtMOe-g), en el que uno de los pastores evangélicos que ha puesto su congregación a servir como mansas ovejas a los propósitos del nuevo mesías, explica con la mayor frescura qué es lo que están planeando y cómo lo van a ejecutar. Él mismo lo llama un golpe de Estado, como para que no quede duda. Para apelar a su lenguaje, digamos como Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga (Mateo 13: 9).

La Habana, 13 de enero de 2017.