Basta ya, no más mentiras, el pueblo exige cambios ya

Análisis

Tomado de BOCAC

Por Teófilo Gonzáles - Frente 21 de las FARC-EP.

Es preocupante la situación que se presenta, cuando después de la firma del acuerdo final entre las FARC-EP y el gobierno nacional, se siguen incurriendo en actos de violencia ya que desde los meses de octubre, noviembre, diciembre del año pasado y comenzando enero del 2017, se sigue presentando una fuerte represión por parte de paramilitares que siempre han estado en la zona, por otro lado fuerza pública y el INPEC en las cárceles, quienes han venido cometiendo actos graves en contra de la población civil, violación de los derechos humanos y violando las reglas que rigen CFHBD en zonas como Tumaco Nariño, Cauca y Tolima. Hay que recordar, teniendo en cuenta lo pactado con las FARC-EP y el Gobierno Nacional cuando se habla en el acuerdo de las reglas que rigen el CFHBD y DA y los protocolos del acuerdo de CFHBD y DA el que dice textualmente: “respecto al fin del conflicto, las reglas que rigen el CFHBD y DA reconocen la afectación de los derechos humanos y de las libertades civiles constituyen violaciones del CFHBD y DA, cuando son cometidas por las partes del acuerdo”

n los departamentos del Tolima, Valle, Cauca y Nariño, especialmente en el municipio de Tumaco Nariño donde están haciendo presencia tres grupos de paramilitares a la luz pública, las comunidades están muy preocupadas por las amenazas, desplazamientos y asesinatos que son frecuentes en esta región.

Las comunidades dan los informes concretos de la ubicación y movimiento de los paramilitares, con el fin de que el ejército nacional haga presencia y combata a estos grupos que le están causando daño a los acuerdos de la paz. Por ahora no se ha escuchado ni un enfrentamiento del ejercito con estos grupos que azotan a la población campesina.

Lo que no se entiende porque una patrulla del ejército al mando del mayor Gonzalo Torres sí tiene tiempo para investigar y chantajear de una forma abusiva y represiva a los campesinos del municipio el Charco Nariño sobre el rio Tamaje y no tiene tiempo para combatir a los grupos de paramilitares. Si hay tiempo para que atropellen y violen sus derechos a los presos políticos, si hay tiempo para quemarles las casitas a los campesinos, si hay tiempo para planear y dar información para que asesinen a los líderes populares. Esto no es la paz que estamos buscando.

El ministro de defensa Luis Carlos Villegas, públicamente dice que en Colombia no hay paramilitares, entonces estos grupos de 20, 30 y 40 que andan con uniformes camuflados, armas largas y cortas, y desplazan, amenazan y asesinan a la población civil, quiénes son?

Pueden ponerle el nombre que quieran a estos grupos de asesinos, pero constitucionalmente el Estado con sus fuerzas militares debe responder por la seguridad de todos los colombianos y colombianas. Pero la realidad es otra, la población civil que reclama sus derechos y pide inversión social para su región, son las víctimas y están desprotegidas.

¿Será que más de medio siglo de guerra no es suficiente para que la oligarquía reaccionaria entienda que no queremos más muertos? ¿Que la sociedad quiere un nuevo país? ¿Que estamos cansados de que los mismos gobiernen se presten para que otros países se roben nuestras riquezas y permitan que invadan nuestro territorio?