Los campesinos en el postacuerdo

Análisis

Tomado de Semanario Virtual Caja de Herramientas

Por Alfonso Cuéllar Solano 

Los campesinos como la tercera parte de la población colombiana enfrentan el gran reto del postacuerdo para alcanzar sus derechos políticos y una ciudadanía efectiva y no de papel como hasta ahora. Esa aspiración hace parte de la gran reforma política que requiere Colombia que reconozca al campesino como sujeto de derechos. El campo sigue siendo el eslabón débil del estado colombiano. Sin que esto quiera decir que la tesis que muchos violento logos sostienen que Colombia tiene sitios vedados para el poder, porque lo que no se acaba de demostrar es que todo tipo de autoridades institucionales desde concejales, alcaldes, inspectores, personeros, gobernadores, notarios, fuerzas armadas y de policía, así como Ministros, senadores y representantes de alguna manera se aliaran o apoyaron toda clase de actividades delictivas y conformaron un poder territorial que copó diversas instancias institucionales. Esa alianza ha alcanzado su punto culminante en los acuerdos de paz y merece una refrendación contundente en tanto que se desmonta el principal factor de intimidación y terror sobre los habitantes rurales en una guerra que nunca fue suya y que podría ser de duración infinita mientras estuviera montada sobre los recursos económicos del narcotráfico y del juego perverso de liderazgos políticos territoriales. Es así como, el paramilitarismo entre otros actores se hizo al 30 % o más del parlamento colombiano.

Los cambios para el campesinado no pueden circunscribirse simplemente a programas de desarrollo que como es obvio son bienvenidos, si este sigue siendo sometido al imperio del gamonal o del politiquero local. La aspiración es más amplia y es convertirse en sujeto de derechos que lo conduzcan a ser parte de cualquier coalición de poder que consulte sus intereses, esta sería la verdadera idea de la nueva ruralidad y la manera de construir el desarrollo político, social y económico de los territorios y pueda gozar de una circunscripción especial que garantice una representación de acuerdo con su proporción poblacional que le permita un entrenamiento parlamentario y administrativo de la cosa pública para poder competir luego abiertamente en la contienda política.

La primera tarea de este nuevo poder es dotar de tierra a la población rural que no la tiene o la tiene muy escasa de manera que como mínimo se garanticen a las familias pobres un ingreso siquiera de dos salarios mínimos mensuales vigentes. Los campesinos deben ser ejecutores y no espectadores de esta política. Lo segundo es el tema del saneamiento de los derechos de propiedad sobre la tierra que ya ocupan, pero que están carentes de títulos. Tercero, contribuir positivamente al incremento de la producción de alimentos dotado de un sistema moderno y red del mercadeo agropecuario en el que el campesinado pueda ser actor directo productor-consumidor y no sujeto de especulación perpetua.

Cuarto, se requiere ejecutar programas de desarrollo rural para incrementar la productividad agropecuaria y contribuir a reducir la pobreza rural que en su forma multidimensional alcanzan un 46%, esto es, que en las zonas rurales de cada dos personas del país una es pobre.

El reciente censo nacional agrario demostró que la economía coquera tampoco es una solución para los campesinos, pues una población del Catatumbo, El Tarra es el municipio con los mayores índices de pobreza que alcanza el 92,6%. De sus más de dos millones y medio de productores agrícolas, los productores campesinos carecen de una infraestructura productiva de instalaciones adecuadas, vías terciarias, electricidad, maquinaria adecuada, sistemas de riego y asistencia técnica, todos estos bienes que están concentrados en los agricultores ricos, que sí disponen de ejecutores directos de las políticas desde el gobierno. El conjunto de los medianos y pequeños productores agrícolas son los principales productores del país, pues de 8 millones de hectáreas en uso agrícola, cinco millones, o sea, un 60% están cultivadas por campesinos tradicionales y 3,4 millones de hectáreas tienen un uso agroindustrial. Es significativo entonces que, en un 40% del área cosechada que está en predios menores de 50 hectáreas, se genere un poco más del 43% de la producción agrícola nacional.

Por otra parte Colombia requiere que el catastro sea actualizado para lo cual podrían dar prioridad a contratar a hijos de campesinos con un nivel medio de educación para efectuar la tarea bajo la dirección de los expertos de IGAC. Y acometer la tarea de actualizar los avalúos catastrales pues las sumas irrisorias que pagan los grandes fundos y la ineficiencia del recaudo son el perjuicio principal para los campesinos en cuanto los entes municipales carecen de recursos para el desarrollo rural.

Si los campesinos no se apersonan y se les brinda la seguridad a sus reclamos y derechos para promover la formalización y la restitución de las tierras de la población desplazada, esta será letra muerta de los programas gubernamentales como hasta hoy lo ha sido. Las instituciones por si solas no son suficientes para garantizar el éxito de los programas donde están en juego intereses que tienen que ver con la verdadera democracia. Tienen que estar respaldadas por trabajo mancomunado de autoridades locales alineadas en la solución de los problemas y no en la captura del presupuesto con los sectores de campesinos por siempre marginados de las decisiones y no se diga de su ejecución. Las instituciones locales –arena política donde se mueve el campesinado– están copadas por intereses politiqueros y clientelistas que son una talanquera al desarrollo la cual puede ser sobrepasada con la acción colectiva como fuerza creadora y transformadora de las instituciones. Hasta hoy se entiende que el campesinado de Colombia no ha delegado en nadie en particular la representación de sus intereses y no practica la arrogancia para alcanzar sus fines.

Edición 510 – Semana del 2 al 8 de Septiembre de 2016