Nadie ve lo que no quiere ver

Análisis

Tomado de FARC- EP

Por Gabriel Ángel

Nadie ve lo que no quiere verQuizás lo que para algunos sectores de izquierda ha resultado más difícil de comprender del actual proceso de conversaciones de paz en La Habana y de los acuerdos suscritos, se relaciona con lo pactado sobre justicia y dejación de armas. El grito en el cielo está, por un lado, en cómo es posible que un movimiento guerrillero como las FARC haya aceptado que sus actos sean juzgados por un tribunal, y por otro, en que haya convenido así no más en dejar las armas.

Lo primero que cabe pensar cuando se escucha tales empecinamientos es en el escenario ideal del que nacen, el cual se opone abiertamente al escenario real en que se desarrollan los diálogos y se pactan los acuerdos. En la mente de muchos de nuestros críticos habita el pensamiento de que unas conversaciones sólo pueden llevarse a cabo, cuando quiera que la insurgencia vaya a obtener en la mesa todo aquello por lo que luchó con las armas en la mano durante años.

Sí, se admite la idea de la solución política, de la resolución pacífica y civilizada del conflicto, pero se la contempla como una bandera, como una especie de consigna para enarbolar, a fin de sostener que la responsabilidad de la guerra recae sobre los hombros de una clase dominante violenta que se niega a hablar de paz. Como si se tratara de una táctica, la solución política debe ser una especie de argumento ingenioso para obtener réditos políticos.

Con esa idea, cada vez que las clases dominantes, y digamos concretamente cuando Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana o ahora Juan Manuel Santos, expresaron la posibilidad de entablar conversaciones, sectores iguales a los que nos referimos, inmediatamente, comenzaron a buscar razones para sostener que no se podía dialogar. Se trataba de una trampa, la oligarquía terrorista qué va a querer la paz, lo único que vale con ella es vencerla con las armas.

Eso lo hemos vivido las FARC a lo largo de más de treinta años de procesos fallidos de paz. En los años ochenta, otras organizaciones guerrilleras acusaron a Manuel Marulanda y Jacobo Arenas de haber traicionado sus ideales en los Acuerdos de La Uribe. En ellos se hablaba incluso de la desmovilización, algo inaudito. Una fracción de las FARC encabezada por Javier Delgado y caracterizada por su avanzado grado de descomposición tomó la vocería condenatoria.

Y sorprendentemente las guerrillas distintas a las FARC se unieron a Delgado en la denominada Coordinadora Nacional Guerrillera.  Con el discurso de que claro, las FARC eran una guerrilla mamerta, nacida del Partido Comunista y por consiguiente reformista y electorera. Uno no sabe si lo de ahora es la repetición de la historia como tragedia, pero el grupúsculo del Primer Frente, igualmente descompuesto, resulta convertido en el héroe de día para algunos sectores.

El comunicado del falso Frente Primero de las FARC, no sólo fue difundido por la gran prensa reaccionaria que ha estado siempre del lado de la guerra, sino que aparece colgado en varias páginas web como el grito revolucionario más avanzado. Estas últimas ignoran por completo el comunicado del Bloque Comandante Jorge Briceño de las FARC-EP, que precisa quiénes y qué representan esa farsa. Otras guerrillas, de nuevo, lo reparten con alborozo en sus áreas.

Se trata de sectores que aunque lo digan, nunca han creído verdaderamente en la posibilidad de alcanzar una solución política y por tanto se regocijan hallando algún modo de atravesarse en su materialización. Se trata de los mismos que ahora se arrojan contra los acuerdos firmados en La Habana, porque en ellos no aparece firmado el triunfo revolucionario, el cogobierno del país cuando menos, sino la triste rendición de unas guerrillas a cambio de un plato de lentejas.

Así es como ven las cosas, pese a que se llenen de furor si se lo señala. No, la solución política sí es una bandera de índole estratégica en un movimiento armado revolucionario como las FARC. Para nosotros eso nunca ha estado en duda y por eso lo hemos planteado desde nuestro mismo nacimiento. Un pacto que ponga fin al conflicto, a la violencia de las clases dominantes contra los sectores populares. Eso sólo ya es una conquista de proporciones históricas.

Un pacto solemne, ratificado a escala mundial, en el que el Estado colombiano se compromete a abrir las puertas a la participación democrática plena de los movimientos políticos y sociales que lo confrontan, y a llenar de garantías esa participación. Se trata de la conquista real del pueblo a su derecho a la acción política autónoma. Se necesitaron décadas incontables de guerra, con todas sus desgracias, para coronar este atributo. Quien no vea su importancia es un iluso.

¡Ah! Que resulta mucho más satisfactoria una revolución, esto es la toma del poder mediante una insurrección popular encabezada por una dirigencia guerrillera, quién va a negarlo. Pero lo que cabe preguntar en la fecha y hora presente, es si están dadas las condiciones materiales para que se produzca ese alzamiento triunfante. Aquí ninguno está renunciando a la revolución, sino poniendo los pies sobre el piso en el sentido de que sin pueblo organizado ésta resulta imposible.

Como resultó imposible, y se ha demostrado con 52 años continuos de guerra, conseguir esa organización y ese levantamiento popular por la vía de la lucha armada. Esta significa, pese a todo el heroísmo que se le pueda atribuir, una sangría abierta con plazo indeterminado, representa un enorme costo y un grave sufrimiento para el pueblo colombiano. Si se la puede terminar y al tiempo potenciar la lucha de las mayorías empobrecidas, pues bienvenido el acuerdo de paz.

Lo acordado en materia de justicia es simple. Habrá amnistía e indulto para todos los delitos políticos y los conexos con ellos, incluidos dentro de estos todos los encaminados a financiar el alzamiento. Para los denominados de lesa humanidad y los crímenes de guerra, cometidos por cualquiera de las partes en la guerra, se aplicará la justicia, mediante un tribunal especial, que sancionarán de acuerdo con el grado de verdad que los acusados aporten al proceso.

Si el tribunal considera que hubo el delito y que el acusado actuó con verdad total, la cual significa  al tiempo una importante reparación para las víctimas, que tendrán el derecho a intervenir en el proceso, se aplicaran sanciones de carácter alterno, distintas a la privación de la libertad. Si considera que hubo verdad, pero presionada en el proceso, la condena será de cinco a ocho años de prisión, y si considera que no hubo verdad, la pena será de hasta veinte años de cárcel.

Aquí es donde gran parte de los críticos del acuerdo se rasgan las vestiduras. Las FARC sostenemos que jamás hemos cometido crímenes de lesa humanidad, ni de guerra. Pero si alguna unidad nuestra, por alguna circunstancia, apareciera implicada en ellos, pues no tendremos alternativa distinta a reconocerlo, aportando todos los elementos de verdad necesarios. Y estos incluyen el contexto de la guerra, la dinámica cruel de su naturaleza, sus condiciones reales.

Somos revolucionarios y no tememos a la verdad plena. Eso al parecer asusta a una cantidad de nuestros críticos que nos acusan de haber aceptado reconocer todos nuestros crímenes y someternos a los jueces estatales y a su venganza. Lo cual tan solo demuestra su ignorancia plena sobre lo acordado en materia de jurisdicción especial para la paz, que deberían leer y estudiar detenidamente antes de andar formulando juicios temerarios y absurdos.

Otros o los mismos críticos nos imputan algo semejante a la rendición por haber pactado la dejación de las armas. Les preguntamos, ¿es posible acaso firmar el fin del conflicto y la transformación de la guerrilla en una fuerza política, si al mismo tiempo se sostiene que continuaremos con las armas en la mano? La solución política implica la renuncia al uso de las armas. Lo que se diga en contrario es una simple fantasía ajena al realismo político.

Es que la solución política al conflicto armado significa que éste termina. Que no habrá más muertos ni de uno ni otro lado por razones políticas. Por eso el acuerdo paralelo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo y organizaciones sucesoras. Algo que también va muy en serio. No es que dejemos las armas habiendo paramilitarismo y terror, es que el Estado se obliga ante la comunidad mundial a extirparlo e impedir su renacimiento.

Ni cada guerrillero de las FARC va a entregar su arma y marcharse para su casa a ver cómo se rebusca la vida, ni mucho menos cada combatiente va a tener que defenderse como pueda de la embestida terrorista estatal o paramilitar. Nuestro propósito es el de permanecer unidos, cohesionados como fuerza política y social, a la que el Estado tendrá que garantizar la vida y todos sus derechos tanto colectivos como individuales. Para luchar políticamente por el pueblo y con él.

Las armas y la confrontación han sido un medio, nunca un fin, como al parecer piensan algunos. Sirven en un contexto preciso. Pero pueden resultar inútiles en otras condiciones. La solución política consiste en hallar esas nuevas condiciones e institucionalizarlas. Hemos ganado bastante en esa dirección, y podemos lograr aun más hasta el Acuerdo Final. Partiendo de la base real de que dialogamos es con nuestros adversarios de clase y no con nosotros mismos en un aula. 

La Habana, 16 de julio de 2016.