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Por El Tiempo
'Jorge 40' persiguió a candidatos de clan que recibió apoyo de los Castaño.
El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá documentó la competencia y los enfrentamientos entre jefes paramilitares del Bloque Norte y el Bloque Central Bolívar para imponer a sus candidatos en el Cesar en las elecciones del 2002 y el 2006.
Aunque los paramilitares se desmovilizaron de manera colectiva, a la hora de quedarse con el poder en las regiones, según el Tribunal, “hubo desacuerdos en torno a la escogencia de candidatos, lo que devino en fuertes rivalidades”.
En el 2000, en el Cesar, los ‘paras’ impusieron candidatos únicos a cargos de elección popular y exterminaron a integrantes de movimientos políticos que no comulgaron con sus acciones. El 15 de agosto de ese año fue asesinado el excongresista y exalcalde de Aguachica, Luis Fernando Rincón, por orden de Jesús Atehortua, alias Julio Palizada, del Bloque Norte de las Auc.
Y en el 2003 impusieron a su gobernador: Hernando Maya Araujo, quien fue condenado por el escándalo de la ‘parapolítica’ después de haber ganado unas elecciones en las que él fue el único aspirante. (Además: Los graves crímenes de los paramilitares en el César)
Uno de los casos en los que se evidencian las diferencias entre la cúpula ‘para’, según la justicia, fue el de la familia Gnecco. Mientras que Rodrigo Tovar, ‘Jorge 40’, comandante del Bloque Norte, hostigaba a miembros de esa familia en Cesar; el jefe paramilitar Vicente Castaño Gil, comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, apoyó a Hugo Gnecco Arregocés para que ocupara la alcaldía de Santa Marta. Hugo Gnecco fue condenado en el 2005 por un desfalco de 5.000 millones de pesos. (Además: Con panfletos, 'paras' amenazan a periodistas e indígenas en Cauca)
“Luis Alberto Monsalvo Gnecco, representante a la Cámara por el Cesar en 2002, presentó serios obstáculos para hacer proselitismo electoral por fuera de Valledupar debido a las amenazas del Bloque Norte. Además, varios líderes locales fueron amenazados de muerte por paramilitares por apoyar la campaña al Senado de Cielo Gnecco Arregocés, hermana de Hugo Gnecco”, dice el fallo con ponencia del magistrado Eduardo Castellanos que condena a tres integrantes del frente ‘Héctor Julio Peinado Becerra’.
Para la elección de alcalde de Aguachica en el 2003, las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar (el grupo de ‘Juancho Prada’) se la jugaron, según la sentencia, por el candidato David Alberto Simanca, de Colombia Democrática. Mientras tanto, el Bloque Central Bolívar apoyó a Luz Irina Pérez Sánchez, del Movimiento de Integración Regional. (Lea: Los graves crímenes de los paramilitares en el César)
En esas elecciones se registró un inusual empate entre Simanca y Pérez con 5.533 votos. Luego de realizar el recuento en 52 mesas de ese municipio, el Consejo Nacional Electoral le entregó la Alcaldía a Simanca. Este, sin embargo, solo duró dos años en el cargo, pues el Consejo de Estado declaró nula la elección.
Según el Tribunal, un narcotraficante, David Barbosa, fue ficha clave de la injerencia de los ‘paras’ en la política de Aguachica.
Él hacía negocios con el Bloque Central Bolívar y, dice el fallo, era conocido del exsenador conservador Ciro Ramírez. En el 2006, Ramírez obtuvo 1.544 votos en Cesar, de los cuales la gran mayoría provenía del municipio de Aguachica, donde no tenía antecedentes de trabajo político. La Corte Suprema de Justicia lo condenó en el 2011 por concierto para delinquir.
Influencia desde los 90
En los años 90, dice la sentencia, los paramilitares solicitaron el apoyo de del excongresista conservador Rodolfo Rivera Stapper- asesinado en 1994- para la creación de la Convivir ‘renacer cesarence ltda.’, según contó en versión libre Roberto Prada Gamarra, alias don Roberto. Ese grupo fue integrado por 12 patrulleros y les pagaban $250.000 mensuales.
Según el fallo de Justicia y Paz, Rivera Stapper constituyó ‘Los Masetos’, organización armada ilegal con centro de operaciones en la hacienda ‘Riverandia’. Allí no sólo patrullaban de manera ilícita hombres portando fusiles, sino que se cometían delitos de lesa humanidad como la tortura y la desaparición forzada de personas tildadas de pertenecer a la guerrilla. También se planearon homicidios contra simpatizantes y líderes de la Unión Patriótica y el movimiento Causa Común por considerarlos cercanos a la guerrilla.
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