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Por Johanna Álvarez CM& (21 de julio del 2016)
La Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, manifestó su preocupación por el número de casos en los cuales miembros de la Fuerza Pública encubren, bajo la apariencia de muertos en combate, homicidios que obedecen a diversas circunstancias.
El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de 1300 millones de pesos a la familia de un hombre que murió durante la denominada “masacre de Cajamarca”, ocurrida entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003, en la zona conocida como “Semillas de Agua”, en zona rural del Tolima.
La víctima fue presentada como miembro del frente 21 de las Farc por parte de uniformados de la Compañía Búfalo de la Sexta Brigada del Ejército que se encontraba en la zona combatiendo a grupos delincuenciales.
Durante la investigación penal no se logró demostrar la vinculación de la víctima con el grupo subversivo; por el contrario, tres militares que pertenecían a dicha compañía fueron condenados no solo por su muerte y el desplazamiento forzado de su familia, sino también por la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de otras personas de la región.
“En este caso se echa de menos la adopción de medidas efectivas de vigilancia y control por parte de los superiores del Ejército Nacional, tendientes a lograr la cabal ejecución de la misión encomendada a sus subalternos, lo que denota indiferencia o tolerancia frente al comportamiento de los uniformados, hecho que resulta contradictorio si se considera que los mandos superiores de la institución deben realizar un constante monitoreo de sus posiciones y de sus movimientos, dado que sus misiones de campo son precisas y concretas”, indica la sentencia.
Por ello le da dos meses al Ministerio de Defensa para diseñar entre los Comandantes de las Brigadas y de los Batallones del país un plan integral de inteligencia, con el fin de lograr un control estructural efectivo respecto de la incorporación, permanencia y funciones de los miembros del Ejército Nacional para evitar la comisión de delitos.
La Sala señaló que estos casos evidencian una falla sistemática y estructural relacionada con la comisión de tales violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública del Estado colombiano.
Y el que gobernaba y por tanto jefe máximo de las ffmm, no era el innombrable?
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